Norma de "amarre" divide al oficialismo y amenaza con naufragar en el Congreso

La llamada “ley de amarre”, incluida por el Gobierno en el protocolo de acuerdo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para reforzar la estabilidad de funcionarios públicos a contrata, sigue tensionando al oficialismo y abrió un flanco político en la antesala del ingreso del proyecto de reajuste al sector público.

Aunque desde el Ejecutivo la norma fue presentada como una medida para evitar despidos discrecionales, en las propias filas del oficialismo han surgido cuestionamientos por la falta de diálogo previo y por el efecto que podría tener sobre la autonomía del próximo gobierno, en un contexto de cambio de administración.

En el PPD, el principal reparo apunta a un error político del Ejecutivo.

Cuestionamientos por llamada “Ley Amarre”

El jefe de la bancada de diputados, Raúl Soto, sostuvo que la propuesta debió ser conversada y explicada antes con los partidos oficialistas, advirtiendo que ni siquiera las bancadas fueron informadas oportunamente.

Soto recalcó que, considerando que el proyecto aún no ingresa al Congreso, existe espacio para revisar la norma y abrir una conversación que permita alcanzar un acuerdo más razonable.

Las críticas también se trasladaron al Partido Socialista. El senador y jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, cuestionó la forma en que se incorporó la disposición, acusando que no fue consultada con el comité de senadores del partido.

A su juicio, la ley de reajuste debe limitarse a su objetivo central y no transformarse en un conjunto de normas misceláneas que modifiquen el estatuto administrativo por una vía indirecta, advirtiendo además el riesgo de judicialización en el sector público.

Con la oposición anticipando su rechazo y siendo mayoría en el Senado, y con un oficialismo sin alineamiento interno, el escenario legislativo para la denominada “ley de amarre” aparece cuesta arriba, con altas probabilidades de que la norma no prospere o quede fuera de la tramitación del reajuste, sumando un nuevo flanco político para La Moneda en la recta final del mandato del Presidente Gabriel Boric.