¿No hay plata? Reajuste al sector público estaría desfinanciado en US$1.150 millones según estudio

Nuevos flancos en el reajuste del sector público.

Luego de lo que se ha calificado por la oposición como “normas de amarre”, que fueron incluidas en el proyecto, la derecha sigue condicionando su apoyo a que estos puntos sean eliminados.

Esto, a su vez, tensiona aún más que se caiga por completo el debate de fondo: el alza salarial que, de momento, se acordó en un 3,4% general para los funcionarios.

Pero no son solo los “amarres” lo que podrían hacer que la iniciativa sea rechazada.

Financiamiento para el reajuste del sector público

Tal como lo manifestaron parlamentarios de oposición en la discusión del Presupuesto, el costo financiero del proyecto no viene provisionado en el erario para el próximo año.

Esto fue lo reveló un informe del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), en donde académicos y expertos calcularon que el proyecto estaría desfinanciado en cerca de US$1.150 millones.

Uno de los parlamentarios que manifestó este punto en varias oportunidades, fue el diputado de RN, Frank Sauerbaum, quien volvió a rechazar el reajuste si no se aclaran todas estas incertezas.

Esto se explicaría porque, a diferencia de años anteriores, la Ley de Presupuestos 2026 no consideró la variación del IPC en los salarios y sólo incluyó financiamiento por cerca de US$950 millones en el Tesoro Público para solventar “el mayor gasto que signifique el acuerdo con la Mesa”.

En términos fiscales, el impacto es preocupante.

Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam, dijo que de confirmarse que no se dispone de esos recursos, se afectaría no solo el déficit estructural —que ya se ha incumplido 3 veces—, sino también al tener que buscar presupuesto adicional, incrementaría el nivel de deuda.

El informe elaborado por la USS considera para hacer este cálculo, además del reajuste, los bonos y asignaciones de 2024 y 2025 y, aun así, el cálculo “no da”.

Cualquier eventual diferencia se financiaría con “holguras” de personal asociadas a la demora en la instalación de la nueva administración.