El Estado no es un botín político: Nombramientos, poder y responsabilidad democrática

Los nombramientos realizados por José Antonio Kast no pueden analizarse solo como un ejercicio legítimo de conformación de equipos. En un país tensionado por la inseguridad, el estancamiento económico y una profunda desconfianza hacia las instituciones, estas decisiones se transforman en señales políticas de alto impacto sobre el tipo de Estado que se pretende conducir.

Es evidente que todo presidente tiene el derecho a designar autoridades de su confianza. Pero en cargos como delegaciones presidenciales y subsecretarías, esa confianza no puede imponerse por sobre la idoneidad, la experiencia en gestión pública y el compromiso con el interés general.

No se trata de puestos ideológicos ni simbólicos: son funciones estratégicas para garantizar presencia del Estado en los territorios, coordinación interinstitucional y ejecución efectiva de políticas públicas que afectan directamente la vida de las personas.

Desde una mirada socialdemócrata, el criterio es claro: el Estado no es un botín político ni un espacio de ensayo. Es la principal herramienta para garantizar seguridad, derechos sociales, cohesión territorial y estabilidad democrática.

Cuando los nombramientos priorizan cercanía política por sobre competencias técnicas, se debilita la capacidad estatal y se profundiza la distancia entre las autoridades y la ciudadanía.

Chile enfrenta problemas urgentes que no admiten improvisación: barrios tomados por el crimen organizado, servicios públicos sobrecargados, economías locales debilitadas y una sensación extendida de abandono en amplios sectores del país.

Frente a ese escenario, la pregunta no es quiénes ocupan los cargos, sino si están preparados para ejercerlos con responsabilidad, conocimiento y vocación de servicio público.

Desde la socialdemocracia, seremos una oposición responsable, sin caricaturas ni descalificaciones fáciles, pero también sin silencios cómplices. Evaluaremos los hechos, fiscalizaremos el desempeño y levantaremos alertas cuando las decisiones políticas se traduzcan en retrocesos para la democracia, los derechos o la calidad de vida de las personas.

No se trata de obstruir ni de conceder cheques en blanco, sino de cumplir un rol democrático esencial: exigir que el poder se ejerza con límites, con capacidad y con sentido de país.

La ciudadanía no espera lealtades personales ni relatos ideológicos vacíos. Espera soluciones concretas, autoridades competentes y un Estado que funcione.

Gobernar bien no es rodearse solo de los propios, sino construir equipos capaces de responder a los problemas reales de Chile con seriedad, profesionalismo y responsabilidad social.