Fraude al Fisco: Ñuñoa se querella por pagos de $100 millones sin justificación

“Es lo peor que se puede hacer en la administración pública, que es pagarle a alguien sin decir por qué se le está pagando, y creo que era una práctica habitual en la administración anterior, y no sabemos por qué”, esas fueron las palabras con las que el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel Ramírez (Independiente), se refirió a la reciente querella ingresada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna, por hechos ocurridos en la administración anterior.

La querella, ingresada ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, tiene su base tanto en un informe de la Contraloría como en una auditoría forense interna que la administración actual encargó a la Corporación, en la que se encontraron pagos por $102.052.446 a terceros sin aparente justificación. La situación abre la duda sobre si los gastos injustificados responden a desorden o a corrupción.

“En cualquier institución, si hay $100 millones de pesos que nadie puede probar por qué se pagaron a terceros, hay una presunción de que esos pagos o están mal hechos, o no correspondía hacerlos, o fueron hechos de mala fe. Eso es lo que esperamos que el Ministerio Público aclare”, comentó el alcalde a Radio Bío Bío.

“Suponemos que hay culpa por desorden, pero también hay muchos proveedores que estaban vinculados a la administración (anterior) ; por lo tanto, hace presumir que no era una casualidad que se les pagara sin respaldo”, agregó.

Recordar que el año pasaso una situación similar fue destapada en la Corporación Cultural de la comuna, con un modus operandi parecido y que también culminó con la presentación de una querella penal por las millonarias irregularidades.

El análisis de la Contraloría: primera alerta

Al llegar la administración de Sichel, se identificó un alto nivel de desorden en la Corporación Municipal de Desarrollo Social –a cargo de la administración y operación de los servicios públicos de educación y salud de Ñuñoa–, con falta de registros contables, gastos injustificados y deudas millonarias, entre otros problemas. A raíz de esto, el municipio comenzó a transferir más fondos a la Corporación para pagar deudas y mantener el funcionamiento de los establecimientos de salud y educación, y se desvinculó a los principales directores y secretarios ejecutivos de la entidad.

El año pasado, la Contraloría inició un proceso de fiscalización para determinar si compras realizadas fuera del portal de Mercado Público durante 2024 se encontraban debidamente fundadas, identificándose, entre otras cosas, adquisiciones por más de $10 millones de pesos a una empresa que realizó aportes a la campaña electoral de la ex alcaldesa Emilia Ríos en 2021, además de otros gastos no justificados ni acreditados vinculados al traslado de personal, asesorías jurídicas y adquisición de insumos médicos.

Asimismo, se identificó que el Departamento de Auditoría Interna no desarrollaba auditorías desde 2019.

La auditoría interna

A raíz de este análisis, el director de la Corporación encomendó la realización de un Informe Final de Auditoría Forense a la empresa Fortunado y Asociados Ltda., con el fin de reconstruir el funcionamiento financiero entre 2021 y 2024. Tras analizar los resultados, la administración decidió ingresar una querella por fraude al fisco contra quien resulte responsable.

De acuerdo con el informe, durante esos años se fue acumulando una diferencia entre los saldos bancarios y la contabilidad, con más de $100 millones de pesos sin respaldo documental verificable.

Asimismo, se identificaron diferencias en los registros de sueldos, con montos millonarios entre lo que se debía pagar y lo efectivamente pagado. El informe consigna que no se emitían comprobantes individuales por persona durante esos años, sin existir respaldo del monto pagado en 120 casos. Se detectaron también, en 58 personas transferencias repetidas que no figuraban como duplicidades en los libros contables.

También se levantaron alertas por la alta concentración del gasto en pocos proveedores: los 10 principales concentraban el 43,4% del total de las compras. El sistema de inventario de medicamentos tampoco presentaba una trazabilidad clara, con compras sin documentos que acreditaran su distribución. Finalmente, se identificaron ajustes masivos en las cantidades de inventario de la Corporación, sin documentación que explicara dichos cambios.

“En su conjunto, los hechos constatados por el informe describen un modo de operar reiterado y de alta relevancia penal durante el período 2021-2024”, se lee en el documento, que sostiene que los hallazgos constituyen base suficiente para afirmar la existencia de una defraudación en perjuicio del patrimonio administrado por la Corporación.

“El desorden puede ser por negligencia, pero también puede ser de mala fe. Cuando empiezas a encontrar demasiados gastos no justificados —hablamos de montos elevados en transporte público o pagos a proveedores sin respaldo—, se puede configurar una figura asociada al fraude al fisco, que básicamente consiste en una maquinación para efectuar pagos que no correspondían. Eso es lo que queremos que el tribunal acredite”.

Radio Bío Bío se contactó con el equipo de la ex alcaldesa y actual subsecretaria de Deportes, Emilia Ríos, sin embargo declinaron referirse a las acusaciones.