Cuando Carolina Leitao aterrizó en la Subsecretaría de Seguridad Pública en noviembre de 2024 parecía un nombre con suficiente peso como para apoyar el naciente Ministerio de Seguridad y sumar credibilidad al Gobierno. De lejos, su gestión de 12 años como alcaldesa de Peñalolén se veía como un buen precedente para ese salto a la administración central.
Pero a poco más de un año de haber dejado el municipio del sector oriente, los antecedentes sobre la gestión financiera de la ex demócrata cristiana se han transformado en un dolor de cabeza y una fuente de disputas internas para el Ejecutivo.
El déficit de $16.318 millones es el núcleo de las acusaciones levantadas por su sucesor, Miguel Concha —del Frente Amplio—, que han generado roces en la coalición de Gobierno. Sin embargo, los antecedentes no se reducen a un único número.
La auditoría externa que revisó el descalabro financiero concluyó que miles de millones de pesos habían sido entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para llevar a cabo programas de mejoramiento urbano (PMU), sin que se rindiera luego cómo fueron gastados.
En simple, se presume que $2.393 millones fueron desviados, usados con otros fines como parte de una multimillonaria bicicleta financiera.
32 proyectos
La Unidad de Investigación de Bío Bío tuvo acceso al listado de 32 programas de mejoramiento urbano (PMU) con recursos no rendidos entre 2021 y 2024.
Según comentaron fuentes del municipio a Bío Bío Investiga, la auditoría externa —encargada a Fortunato y Asociados Consultores— había cifrado en $2.144 millones este ítem bajo el subtítulo “Presupuestado y no pagado”. No obstante, luego de un cruce de datos realizado con la Subdere, se llegó a la conclusión de que, en realidad, eran casi $250 millones más.
Los PMU son iniciativas de infraestructura pública de menor envergadura, ejecutadas con dinero asignado desde el Ejecutivo. En el caso de Peñalolén, los proyectos iban desde los $14 millones por el equipamiento de una multicancha en el sector Lo Hermida hasta más de $154 millones para el mejoramiento de la plaza Sánchez Fontecilla.
De los 32 PMU mencionados, 23 quedaron con la totalidad de su saldo sin rendir. Es decir, la Municipalidad de Peñalolén recibió el dinero y luego no explicó en qué había gastado un solo peso.
En ejecución
Eso no significa que todos los proyectos no se hayan ejecutado. De acuerdo al municipio, algunos se llevaron a cabo con cargo al presupuesto municipal. O sea, hubo que usar otros recursos, no los asignados por la Subdere.
Así, por ejemplo, se remodelará la multicancha de calle Perú con Esmeralda, que había contado con una asignación de $152 millones de la Subdere en 2023. El proyecto fue adjudicado recién en abril del año pasado y la obra se costeará con cargo al presupuesto municipal actual.
También con recursos municipales del año en curso se llevará a cabo la reposición de veredas de las calles Matriceros y Jorge Prieto Letelier, cuya adjudicación se concretó hace dos meses. El municipio había recibido otros $152 millones de Subdere en 2024.
Otro de los proyectos en los que el municipio ha insistido es el de mejoramiento y equipamiento de calle Egaña, entre Grecia y José Arrieta. Hasta el momento van tres llamados a licitación que han sido declarados desiertos, el último de agosto del año pasado.
Por otro lado, entre los proyectos que quedaron definitivamente sin ejecutar, está el más caro, de mejoramiento y equipamiento de la plaza Sánchez Fontecilla por $154 millones. En ese caso se realizó una licitación en abril de 2024, la que quedó desierta. El municipio no volvió a realizar llamados y la administración pretende devolver el dinero asignado a la Subdere.
El primer cuestionamiento y la arista penal
A pesar de su buena imagen pública, la administración de Carolina Leitao había sido puesta en jaque en 2020 por Contraloría. El organismo entonces liderado por Jorge Bermúdez determinó mediante un sumario que el municipio no había cobrado deudas por patentes y permisos por más de $6.400 millones.
Si bien el órgano de control había sugerido al Concejo Municipal que denunciara a Leitao ante el Tribunal Electoral, esta opción fue desestimada por la instancia, cargada políticamente a favor de la alcaldesa. Ahora, con ella fuera del municipio, los vientos parecen correr en su contra.
Los antecedentes recopilados por la administración de Miguel Concha sobre el déficit están en poder de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que abrió una causa al respecto.
La Municipalidad de Peñalolén se acreditó como víctima hace tres semanas en el caso y el actual jefe comunal ya declaró por cerca de dos horas ante la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones.
La arista más concreta
De acuerdo a fuentes cercanas a la materia, el desvío de fondos de los PMU es hasta el momento la arista más concreta desde el punto de vista penal, ya que correspondería al delito de malversación.
En cambio, sería más complicado atribuir delitos a otras irregularidades detectadas en la auditoría externa. El análisis de Fortunato y Asociados concluyó también que el municipio de Peñalolén había sobreestimado ingresos, ocultado deudas e incrementado los gastos de personal de forma desproporcionada.
Este último punto podría explicar en qué se desembolsó el dinero de los PMU. La auditoría determinó que el gasto en personal aumentó desde cerca de $16.300 millones en 2021 a $24.500 millones en 2024. Un incremento de más del 50%.
Por otro lado, el desvío de recursos no es nuevo en la administración municipal. Sin ir más lejos, el Ministerio Público presentó el mes pasado su acusación contra Cathy Barriga, a quien se le atribuye haber desviado recursos comprometidos a entidades de servicios básicos en Maipú, como parte de los delitos por los que arriesga 23 años de cárcel.
La Unidad de Investigación de Bío Bío intentó conversar con Carolina Leitao para este artículo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
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