El abogado especialista en temas medioambientales e incendios, Arturo Correa Cuevas, cuyo nombre se hizo conocido tras ser acusado de ser parte de un pacto con la CGE a espaldas de sus clientes que le permitió embolsarse un millonario monto (lo que motivará que en los próximos días sea formalizado), presentó una querella en contra de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) a los que acusa de haber maquinado en su contra.
En una presentación ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, actualmente en tramitación, el jurista apunta específicamente a los empleados públicos que estuvieron a cargo de la realización de un informe tributario que, posteriormente, desencadenó la presentación de una querella en su contra.
Todo esto en el marco de los cuestionamientos de exclientes suyos y la investigación por un “pacto secreto” con la CGE que terminó beneficiando directamente a Correa Cueva. ¿En total? El profesional terminó recibiendo más de $2.870 millones a cambio de presentar los desistimientos en la causa penal que se había iniciado a partir de un incendio forestal que arrasó con más de 100 mil hectáreas en la región de O’Higgins.
SII a la caza
De acuerdo con antecedentes dados a conocer por BBCL Investiga, consecuencia de una revisión de sus antecedentes tributarios, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en contra del abogado por dos hechos que, a juicio del organismo, se configuraban como delitos tributarios.
En la oportunidad el servicio acusó que abogado hizo una presentación del Formulario 22 “maliciosamente incompleta” durante la Operación Renta 2020. En concreto, dejó fuera de su declaración los $2.500 millones que recibió como parte de sus honorarios por los servicios prestados a privados afectados por los incendios ocurridos en la temporada 2016-2017.
“Ocultó parte de los ingresos que obtuvo durante el ejercicio comercial 2019, puesto que se evidenció que en ese año, durante el mes de julio específicamente, percibió indemnizaciones pagadas por la CGE, que fueron pagadas a través de cheques a nombre de Arturo Cristian Correa Cuevas, sin nominar ni cruzar, y fueron depositados en la cuenta corriente del Banco Bice del hermano del contribuyente auditado, don Cristian Correa Cuevas”, reza el escrito.
En consecuencia, el jurista consiguió disminuir “maliciosamente” la base imponible que sirvió para calcular el Impuesto Global Complementario que debía pagar durante el año tributario 2020, provocando un perjuicio fiscal que, a marzo de 2025, se calculó en poco más de $1.204 millones.
Asimismo, en la Operación Renta de 2021 tampoco incluyó los $370 millones que le pagó la CGE por concepto de sus honorarios por los servicios prestados a los municipios.
El contraataque
Así las cosas, ahora el jurista apuntado tanto por sus exclientes como por el Servicio de Impuestos Internos contraatacó. Para eso, interpuso una querella por el delito de falsificación ideológica de instrumento público.
En su criterio, tres funcionarios del SII (Rubén Figueroa, Patricio Lagos y José Cáceres) se confabularon con tres exclientes suyos para perjudicarlo con la elaboración de un informe “con contenidos y narraciones falsas” que dio paso a la querella por delitos tributarios que calificó como “temeraria y espuria”.
“La querella detalla que el informe 281 del SII del 24 de abril de 2025 tiene contenidos y narraciones falsas, además de omitir y ocultar antecedentes relevantes a favor del contribuyente que tiene el mismo SII. Todo para aparentar y falsear un perjuicio fiscal inexistente, en una acción temeraria y espuria por parte de la autoridad tributaria en un esquema de persecución arbitraria e ilegitima en contra de un contribuyente”, sostiene el abogado.
El abogado Correa agregó que, “en este caso, la sociedad San Agustín prestó servicios profesionales a 14 personas que demandaron a la CGE por los incendios forestales de 2017, alcanzando indemnizaciones millonarias. Todos los clientes aprobaron y quedaron contentos: aceptaron, firmaron, cobraron y contabilizaron sus facturas. Curiosamente, solo 3 de los 14 reclamaron tiempo después y fuera de plazo, desconociendo incluso el contrato firmado, que establecía claramente que San Agustín se haría cargo de los gastos del juicio y solo se pagaría en caso de éxito. Esas declaraciones falsas de 3 de los 14 clientes son la base del informe falso del SII, que desconoce todas las pruebas reales que existen, al extremo que el Servicio dice que la sociedad San Agustín tiene un giro distinto del que realmente tiene y que aparece en el registro oficial del mismo SII… Aquí hay una cadena dolosa perfectamente coordinada entre esos 3 clientes y los 3 funcionarios del SII”.
A su juicio, con el objetivo de cobrar “ilegalmente” unos $1.400 en impuestos, los funcionarios mintieron en relación con que la sociedad San Agustín, propiedad de Correa Cuevas, no tiene giro de asesoría legal.
“(…) Sí lo tiene desde hace 28 años (1998). Hay contratos y facturas aprobadas por el Servicio y por los receptores, que confirman que la asesoría legal sí se prestó, situación curiosamente omitida por el SII. El 281 es un informe ideológicamente falso que además pretende beneficiar a los tres funcionarios, quienes tienen incentivos económicos y bonos por recaudación adicional”, añade el hoy querellante.
Con todo, además de solicitar que los antecedentes contenidos en el escrito fueran derivados al Ministerio Público para la correspondiente investigación, Correa Cuevas solicitó una serie de diligencias tendientes a que el SII ponga a disposición de la justicia documentación que resultará clave para determinar responsabilidades.
Como sea, en la tramitación de la causa es posible notar que el subdirector jurídico del organismo, Marcelo Freyhoffer Moya, asumió la representación legal de los tres funcionarios querellados.
Consultados por este medio, desde el órgano fiscalizador defendieron el trabajo realizado por sus funcionarios remarcando que se siguieron todas las reglas y fundamentos correspondientes.
Respecto de la querella presentada en contra de 3 funcionarios del Servicio, por un abogado que se encuentra querellado por el SII por delitos tributarios, podemos señalar que:
Se trata de un proceso judicial en curso, y por lo mismo, solo podemos reafirmar que, como Servicio, en cada una de nuestras acciones judiciales realizamos un acucioso trabajo de recopilación de antecedentes previo, apegado a la normativa vigente, siguiendo todas las reglas y fundamentos correspondientes.
Mediante este proceso, el SII pudo verificar el delito de subdeclaración de ingresos y de omisión maliciosa de la presentación de declaraciones impositivas por parte del mencionado abogado, por lo que presentamos una querella durante el primer semestre de 2025, con el objeto de perseguir la responsabilidad penal por los hechos descritos y además se iniciaron las acciones de cobro correspondientes, todas las cuales se encuentran vigentes.
Sin perjuicio del deber de este Servicio de observar y cumplir las decisiones judiciales, es del caso señalar como constatación de hechos que gran parte de los argumentos que plantea en su querella no se condicen con otros antecedentes incluidos tanto en la querella presentada por el SII en su contra, así como en la querella por los delitos de prevaricación y administración desleal presentada por sus exclientes en contra del referido abogado.
Lo que corresponde ahora es esperar el transcurso de la investigación y del proceso penal.
Formalización en la mira
En paralelo al contraataque del abogado, en los próximos días debería concretarse su formalización por los delitos de prevaricación judicial y administrativa, administración fraudulenta y delitos tributarios.
Esto, luego que la fiscal Alicia Ascencio de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitara al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia para materializar la acusación.
En efecto, el tribunal fijó la cita para este lunes 9 de febrero, según informó esta Unidad de Investigación hace un mes.
Posterior a la publicación de este artículo, el abogado Arturo Correa Cuevas hizo llegar lo siguiente:
Señor Director,
Respecto del reportaje publicado y que me alude directamente, quisiera aclarar:
1. El acuerdo con CGE y las municipalidades fueron por escritura pública (que es pública, no secreta) y los acuerdos fueron aprobados previamente por los 14 clientes.
2. 13 de los 14 clientes acordaron que todos los gastos del juicio, peritajes incluidos, serían de cargo de la defensa legal, contra pago del 50% de lo que se obtuviera en el proceso. En ese contexto, es ofensivo decir que la defensa legal “se embolsó” una cantidad, cuando es el monto pactado por un trabajo realizado.
3. En el título se habla de $ 2.870 millones, monto que es incorrecto, ya que lo objetado por los 3 clientes solo corresponde a un 15% de ese total. Los 11 clientes restantes no tienen objeciones y quedaron satisfechos del trabajo legal realizado.
4. El informe del SII es falso y se basa en las declaraciones falsas de esos 3 clientes, y hay pruebas en el proceso que así lo confirman, incluyendo facturas, contratos, WhatsApp, inicio de actividades y otros antecedentes. Por lo anterior, he presentado acciones legales que han sido admitidas a trámite contra los 3 funcionarios del SII y contra los 3 clientes.
Atentamente,
Arturo Correa C.
Abogados
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