En medio de una catástrofe, los recursos y esfuerzos deben concentrarse en la evacuación oportuna, el resguardo de todas las formas de vida en las zonas afectadas, el combate del fuego y la asistencia inmediata a las familias damnificadas. Pero una vez extinguido el incendio, llega el momento de hacer balances y, sobre todo, de asumir responsabilidades.
En lo que va de la temporada 2025-2026 de incendios forestales —que se extiende entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente— ya se han registrado 3.467 siniestros, una cifra levemente inferior a la de la temporada anterior, cuando se contabilizaron 3.969. Sin embargo, el daño provocado ha sido muy superior: más de 66.400 hectáreas arrasadas por el fuego, frente a las 26.600 afectadas en el periodo previo.
Las cifras, muchas veces, tienden a diluir la verdadera magnitud de las tragedias y a ocultar la escala real de la devastación.
Basta considerar que los incendios ocurridos en la Región del Biobío concentran cerca de la mitad de las hectáreas siniestradas esta temporada, con más de 33 mil hectáreas afectadas, y que sólo Trinitarias, el megaincendio que en enero pasado golpeó a las comunas de Penco, Tomé y Concepción, consumió más de 15 mil hectáreas, causando la muerte de 24 personas y dejando miles de hogares destruidos.
Un experto español, integrante del Equipo de Evaluación y Apoyo Forestal de la Unión Europea, que viajó al sur del país para colaborar en el combate de este incendio, señaló que el fuego “avanzaba a unos tres kilómetros por hora en sus primeras etapas”.
Esto implica una propagación diez veces más rápida que la capacidad de contención de los dispositivos desplegados, un comportamiento extremo que estuvo determinado por diversos factores, entre ellos las condiciones climáticas adversas —altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad— y la abundante disponibilidad de material vegetal combustible, como matorrales, hojarasca, arbustos y plantaciones forestales.
En este contexto, resulta imposible no recordar que el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales —y que establece normas clave para ordenar y controlar el territorio con el fin de reducir el riesgo de siniestros— permaneció sin avances en el Senado desde el 17 de marzo de 2025.
Tras ser derivado desde la Comisión de Agricultura a la de Hacienda de la Cámara Alta, el proyecto quedó prácticamente paralizado durante más de diez meses, hasta que el pasado miércoles 21 de enero, y solo gracias a la fuerte presión ciudadana tras los incendios en Ñuble y Biobío, la comisión presidida por la senadora Rincón finalmente lo aprobó, permitiendo su posterior votación y aprobación en la Sala.
La Comisión de Hacienda mantuvo esta iniciativa estancada pese a los reiterados llamados de la sociedad civil y la academia a avanzar con urgencia en una normativa que permitiera enfrentar la temporada estival con mayores herramientas de prevención.
En este escenario, es legítimo preguntarse si, de haber contado oportunamente con esta ley, habría sido posible evitar esta tragedia y los más de tres mil incendios registrados en lo que va de la temporada, o al menos haber controlado su enorme destructividad.
Considerando lo anterior, cabe esperar que, al retomar el trabajo legislativo el próximo 2 de marzo, este proyecto sea finalmente despachado en su tercer trámite legislativo y se pueda convertir en ley.
Pero, por sobre todo, esperamos que esta vez el Congreso haya aprendido la lección y comience a actuar con verdadero sentido de urgencia, que ponga la vida y el bienestar de las personas en el centro de sus decisiones, que comprenda la importancia de priorizar adecuadamente los temas que se discuten en sus comisiones y sea capaz de responder con rapidez, especialmente en aquellos ámbitos donde el país se encuentra más expuesto a desastres.
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