La industrialización del Holocausto y la banalización del genocidio palestino

Hace unos días, el profesor de historia Rodrigo Ojeda publicó en este medio la columna “Operación Corazón Valiente”.

El texto es una pieza ideológica cuidadosamente construida que reproduce una de las operaciones más persistentes del sionismo político: la inversión moral sistemática, mediante la cual un Estado que ejerce violencia estructural logra presentarse como víctima histórica única y permanente, blanqueando así algunos de los crímenes más atroces de nuestro tiempo.

No se trata solo de lo que el texto dice, sino de lo que calla.

La figura del policía israelí Ran Gvili es elevada a símbolo ético —joven hijo y padre— mientras se borra deliberadamente el marco institucional en el que esa vida se inscribe.

Gvili no fue únicamente un individuo con vínculos familiares: fue también miembro de una policía que forma parte del aparato de ocupación y control israelí, una institución acusada reiteradamente de cometer violaciones contra los derechos humanos de los palestinos. El recuerdo del último cuerpo israelí recuperado de Gaza se enmarca en una narrativa que individualiza el dolor israelí y despolitiza por completo la violencia estatal.

La mayor gravedad del texto es su intento de enlazar a Gvili con el Holocausto. La Shoá aparece no como un acontecimiento histórico que exige una ética universal del “nunca más”, sino como recurso político activo, movilizado para justificar, relativizar o invisibilizar los crímenes cometidos por el Estado de Israel contra el pueblo palestino desde hace más de siete décadas.

El Holocausto fue una empresa industrial de exterminio: planificada, burocratizada y ejecutada por un Estado moderno. La industrialización de su memoria, lejos de honrar a las víctimas, ha servido para otorgar a Israel la categoría de víctima eterna e incuestionable, utilizada para justificar violencias que comete, paradójicamente, en nombre del pueblo judío.

Toda agresión contra judíos es rápidamente absorbida por esa memoria. En cambio, cuando matan a decenas de miles de palestinos y a la población sobreviviente se las mantiene en condiciones paupérrimas de vida, la palabra genocidio se vuelve “discutible”, o se enmarca como “ofensiva” y “antisemita” por acusar de dicho crimen a los perpetradores que alguna vez sufrieron lo mismo por parte del régimen Nazi.

El texto insiste, además, en que Israel “cumplió su promesa” al recuperar a sus rehenes, presentándolo como un logro histórico y moral.

Ese relato omite un dato fundamental: fue el propio Estado de Israel quien rechazó en numerosas ocasiones acuerdos que habrían permitido la liberación de un número significativamente mayor de rehenes con vida. También omite que varios rehenes murieron como consecuencia directa de los bombardeos israelíes sobre Gaza.

Para el gobierno de Netanyahu, la protección de los prisioneros israelíes jamás fue prioridad. La evidencia disponible indica que los secuestrados fueron utilizados principalmente como justificación discursiva para una ofensiva devastadora contra la población civil palestina, aun cuando ello implicara poner en riesgo sus vidas.

Como ha advertido el historiador judío-israelí, Ilan Pappé, la narrativa sionista ha construido durante décadas una lógica en la que Israel aparece como víctima permanente incluso cuando actúa como poder colonial. Y como ha señalado Norman Finkelstein, cientista político judío, cuyos padres sobrevivieron a los campos de concentración Nazi, la memoria del Holocausto ha sido transformada en una industria política destinada a blindar al Estado de Israel frente a cualquier forma de rendición de cuentas.

El resultado de esta inversión es devastador: un genocidio en curso se vuelve innombrable, mientras la memoria de otro es utilizada para justificarlo.