La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Instituto Psiquiátrico José Horwitz y al Servicio de Salud Metropolitano Norte por su responsabilidad en la violación que sufrió una paciente al interior del recinto médico. Sin embargo, rebajó la indemnización por daño moral otorgada en primera instancia.
Se trata de un caso que se remonta a inicios del año 2019, cuando una mujer que estaba internada por consumo problemático de drogas fue atacada sexualmente en el mencionado recinto asistencial.
El autor fue Ángel Falen Morales, paramédico condenado a 8 años de cárcel por dicho delito.
Disminuyen indemnización
La familia de la víctima no se quedó ahí y buscó responsabilidades institucionales en la justicia civil, lo que consiguió.
Por ese motivo, se condenó al Instituto Psiquiátrico José Horwitz y al Servicio de Salud Metropolitano Norte a pagar una indemnización de $50 millones para la víctima y $5 millones para cada uno de los padres. Esto por el daño moral sufrido por la mujer y su nucleo familiar.
Tras la apelación, la Corte de Apelaciones de Santiago revisó el caso y decidió bajar a $30 millones la indemnización a la víctima.
Según fallo dividido, para el tribunal de alzada no todos los daños que reclamaba la demandante se debían a la falta de servicio imputada, sino que también respondían a los problemas de salud previos vinculados a su adicción a sustancias prohibidas.
“A juicio de esta Corte, los daños que reclama la actora víctima principal no son todos atribuibles a una relación causal con el acto que configura la falta de servicio imputada, por cuanto muchos de ellos, obedecen más bien -o no se probó una cosa diferente-, a la situación de salud previa que mantenía, que corresponde a dolencias derivadas, entre otras causas, a su adicción a sustancias prohibidas”, se dijo en el fallo.
Por ello, se determinó una indemnización solo acotada “al resentimiento en su salud mental y sufrimiento sicológico, que, a juicio de esta Corte, es posible valorizar en $30 millones”.
Junto con esto, se revocó la decisión de primera instancia en que los demandados debían pagar las costas del juicio.
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