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Entre los problemas identificados se encuentran la falta de claridad en los procesos de aprobación, la discrecionalidad y las demoras significativas.
En los últimos años, la “Permisología” ha sido percibida como un obstáculo para el desarrollo de Chile. Se argumenta que los trámites, costos y plazos asociados a este sistema dificultan la ejecución de proyectos de inversión que podrían impulsar el crecimiento económico mediante la generación de empleo y encadenamientos productivos.
Este aspecto es especialmente relevante, considerando que la materialización de dichos proyectos contribuye significativamente a la recaudación fiscal, esencial para financiar inversiones sociales en áreas críticas como salud, educación y vivienda.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en uno de sus informes de 2023, destacó que la complejidad regulatoria en Chile representa un desafío importante, especialmente para grandes proyectos en sectores estratégicos.
Entre los problemas identificados se encuentran la falta de claridad en los procesos de aprobación, la discrecionalidad y las demoras significativas.
Un caso demostrativo de la relevancia de los permisos en el desarrollo de inversiones para los sectores más importantes de la economía nacional corresponde al caso de la minería. Según el reporte de EY sobre los 10 principales riesgos y oportunidades empresariales en la minería, los permisos o licencias se han mantenido en el listado en lo últimos 6 años. Esto es importante, de cara a que, si no realizamos un marco eficiente para la gestión de permisos, la inversión será afectada negativamente y esta actividad es clave para la economía nacional, con cerca del 11% de aporte al PIB, así como el 50% de las exportaciones nacionales.
A pesar de estas críticas, es fundamental reconocer que el sistema de permisos establecido en la normativa nacional es una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad ambiental del país.
Su correcta implementación asegura el cumplimiento de las normativas aplicables y permite que las iniciativas se desarrollen de manera responsable en el territorio. Por ello, es crucial que este sistema funcione de manera eficiente.
En este contexto, se propone un cambio de enfoque: pasar de la “Permisología” entendida como un trámite burocrático y lineal, a una “Gestión Estratégica de Permisos” de carácter vertical, que involucra un análisis y gestión de todas las capas que se intersectan en el territorio.
Este proceso integral, debe considerar una visión geográfica, es decir a todos los actores de los cuales la normativa requiere un pronunciamiento y a las partes interesadas que integran los territorios donde se desarrollaran los proyectos.
En este enfoque, cada actor debe asumir la responsabilidad de “llevar el proceso a puerto de manera eficiente”, los evaluadores deben desarrollar un proceso expedito y rápido. Por otra parte, los Titulares deben presentar expedientes completos, fidedignos y de calidad. Estos nuevos elementos no son considerados en la visión establecida en la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (N° 21.770).
La correcta consideración del contexto territorial, respecto a roles naturales del territorio, principales actividades económicas y estrategias de desarrollo para las localidades en las cuales se diseñan los proyectos, entregará un enfoque que aportará a la eficiencia en tiempo y recursos económicos involucrados en los procesos de evaluación.
Como ejemplo, podemos ver que no es positivo invertir grandes cantidades de recursos en diseñar proyectos de hidrogeno verde en zonas donde se presentan las mejores ventajas competitivas para la actividad astronómica a nivel global, y peor aún, una zona que en los próximos años tendrá más de la mitad de la capacidad global para observar el espacio.
Este análisis parece de sentido común, pero es uno de los múltiples ejemplos que se dan en Chile. Por todo lo expuesto, mejorar el sistema actual es esencial para articular la sostenibilidad en el modelo de desarrollo del país, equilibrando el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental.
Una de las formas de fortalecer el conocimiento y habilidades para ejecutar los procesos de tramitación, tanto de Titulares como de Evaluadores, es generar modelos de capacitación integrales que enseñen a los actores una nueva forma de entender y gestionar los permisos. La relevancia y necesidad de este cambio se evidencia en casos concretos, como las plantas desalinizadoras que podrían mitigar la escasez hídrica en el norte de Chile, o los proyectos mineros que aportan significativamente a la economía.
Sin embargo, estas iniciativas enfrentan largos procesos de tramitación y altos riesgos de rechazo. Según el informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad de 2023, los tiempos de tramitación son alarmantes: un proyecto de desalación en zona rural puede tardar hasta 11 años y 7 meses (139 meses), mientras que un proyecto de explotación minera en zona rural puede demorar 8 años y 11 meses (107 meses).
Ante esta problemática, surge una oportunidad concreta para el desarrollo sostenible de Chile, ya que, en el marco de las elecciones presidenciales de 2025, el mejor foro de discusión política, las principales candidaturas coincidieron en la necesidad de mejorar la gestión estratégica de permisos como una medida clave para potenciar el crecimiento económico, aumentar la recaudación fiscal, promoviendo la equidad social y la protección del medio ambiente.
David Videla Pérez
Geógrafo, Universidad de Chile.
Magíster Medio Ambiente, Universidad de Santiago.
Doctorando en Medio Ambiente, Universidad de Zaragoza.
Docente Escuela de Gobierno, Universidad de Chile
