El Segundo Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago declaró culpable este miércoles a un funcionario del Instituto siquiátrico José Horwitz, por el delito de tortura sexual contra una paciente del recinto de salud ocurrido a inicios de 2019. La víctima se encontraba medicada e internada en el servicio de Urgencia, tras un abuso prolongado de pasta base, cuando Ángel Falen Morales, un paramédico, la violó. El padre de la afectada hoy se cuestiona: ¿Quién está más enfermo, mi hija o esta persona que la atacó sexualmente? La historia es de la Unidad de Reportajes de BioBioChile.

Jimmy miró por casualidad lo que estaban grabando las cámaras de seguridad del Instituto José Horwitz y quedó helado. Al otro lado de los aparatos, en una de las piezas del principal hospital siquiátrico de Chile, vio cómo Ángel Falen Morales, uno de los paramédicos, lejos de cumplir sus funciones, se bajaba los pantalones para violar a una de sus pacientes.

M, de 31 años de edad, llegó el 31 de enero de 2019 al nosocomio. Había sido ingresada por J y X, sus padres. Estaba enferma, prácticamente desnutrida e intoxicada por el consumo de pasta base que la había dejado en la calle. Llevaba menos de cuatro días internada en la unidad de Urgencias, cuando ese 3 de febrero fue abordada por quien -en el papel- debía protegerla.

Según quedó plasmado en el video que captaron las cámaras de seguridad, Ángel Falen Morales se acercó a eso de las 14:30 horas a la víctima. Ella estaba tendida sobre la camilla y medicada. Tomó su mano y se la llevó a los genitales.

Probablemente para asegurarse que nadie estuviera cerca, salió de la habitación brevemente. Volvió, movió a M para que se sentara sobre el catre clínico, deslizó sus pantalones y obligó a que le practicara sexo oral. Tras unos minutos se acomodó la ropa y simplemente salió del lugar.

Cuando Jimmy se percató de lo ocurrido, se hizo acompañar por tres miembros del equipo del instituto. En conjunto analizaron lo ocurrido e iniciaron un sumario. Más tarde dieron aviso a los padres de M.

No lo podían creer.

¿Quién está más enfermo?

En efecto, J, el papá, declaró durante el proceso judicial que a los pocos días de internar a su hija lo llamaron del hospital para informarle que estando sedada, un paramédico la había violado. Quedó descompuesto.

Según contó, llevó a su hija porque estaba enferma, intoxicada por el consumo de pasta base, sin embargo, ahora se cuestionaba quién está más enfermo, si su hija o esa otra persona que la atacó sexualmente. Durante el proceso, le preguntaron por el estado en que quedó M. J respondió:

—Está inquieta por el juicio (que comenzó este 13 de mayo), tiene miedo; el fin de semana reciente quebró un ventanal y saltó desde el segundo piso de la casa.

X, la madre, también narró que internaron a su hija porque estaba con problemas por el consumo de drogas. Contó que cuando la llamaron del hospital no entendía lo que había sucedido.

—Fue horrible, llevé a mi hija para que la ayudaran y es violada por una
persona que trabajaba allí.

Explicó que cuando se enteró de lo acontecido tuvo una sensación de rabia, de odio. Le faltaba el aire, no respiraba bien. Tampoco se explicaba cómo Ángel Falen Morales sintió placer con la agresión.

M estaba en muy malas condiciones. El abuso de drogas la había derrumbado física y mentalmente. La mamá testimonió que cuando ocurrieron los hechos su hija pesaba sólo 40 kilos.

—Desde que pasó la agresión (…) ha estado muy mal, empezó con pesadillas, se muestra muy inquieta con la realización del juicio, teme encontrarse con esa persona.

Al igual que el padre, X contó que el día anterior al inicio del juicio su hija se lanzó del segundo piso de su domicilio. M no pudo comparecer en la audiencia.

Tortura sexual

Durante el proceso judicial también colaboraron peritos expertos que aplicaron a la víctima el Protocolo de Estambul, instrumento reconocido internacionalmente para evaluar a las personas que refieren haber sufrido tortura o tratos degradantes, inhumanos o crueles.

Los resultados son desgarradores.

La doctora Ana Toro Cepeda concluyó que se estaba ante un acto de tortura sexual. Su colega, la sicóloga Cynthia Díaz Romero coincidió. La primera refirió que al estar medicada, la paciente no tiene recuerdos del ataque. En efecto, se enteró tiempo después, cuando su médico le informó que fue víctima de una violación por un funcionario de urgencias.

Su primera reacción fue no creer lo que le contaban. Después de esa fase de negación comenzaron las pesadillas. La profesional aseveró que aunque la paciente no tiene un recuerdo del momento de la agresión, es capaz de reconstruir esta vivencia.

La especialista Cynthia Díaz agregó que lo ocurrido dejó un daño sicológico tremendamente importante a M, tanto así que, posterior a este evento traumático, su afectación la llevó a cometer dos intentos de suicidio.

Ambas expertas sostuvieron que la violación fue un acto intencional, realizado dentro de un recinto hospitalario del Estado y el ejecutor de dicha violación, es una agente del Estado, un funcionario público en el ejercicio de su profesión.

Apuntaron que el ofensor tenía conciencia y pleno conocimiento que por la condición en que se encontraba, la víctima era incapaz de oponer resistencia alguna.

Todo ello, resumieron las profesionales, hace que esta agresión se configure como un caso de tortura sexual, que indudablemente le afectó no solo en la esfera de su sexualidad sino también se traduce en un padecimiento psíquico y emocional cuyos efectos y sintomatología se mantiene hasta el presente.

La opinión de ambas expertas y el relato de los testigos sirvieron para que el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal resolviera hoy miércoles declarar culpable a Ángel Robinson Falen Morales por el delito de tortura sexual.

El condenado se encuentra actualmente en prisión preventiva, a la espera de la sentencia definitiva que se comunicará el próximo lunes 24 de mayo a
las 15:00 horas.

—Se trata de un caso histórico para los derechos humanos en Chile, al ser la primera condena por el delito de tortura sexual desde que entró en vigencia la Ley N° 20.968, que tipifica el delito de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es la primera condena por hechos constitutivos de tortura en el contexto sanitario, y es la primera en que se valoran motivos de discriminación por género y por estado de salud —valoraron este miércoles desde el INDH, querellantes en esta causa.