Relegar al pasado la canutofobia: el evangelio de la tolerancia y una nueva cultura política chilena

Durante el inicio del nuevo proceso político chileno, con la llegada de José Antonio Kast a la presidencia del país y, con ello, una renovación de los ideales por parte de los líderes políticos y de la sociedad misma, comenzó (hace apenas una semana) la discusión en torno al nombramiento de la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín.

Dicho nombramiento implicó un verdadero “golpe en la mesa” por parte de la extrema izquierda, que fue calificado como un acto de “canutofobia” por el profesor e historiador Javier Castro.

La extrema izquierda chilena ha asumido, en los últimos años, un carácter de superioridad moral e intelectual que conlleva la constante discriminación y segregación de cualquiera que no se ajuste a su marco ideológico. Es evidente que, desde 2019, ha buscado asumir en Chile un rol central en los procesos de desarrollo nacional. Si bien inicialmente tuvo un impulso significativo, alcanzando su punto más alto con la elección del presidente Gabriel Boric (2021), dicho proyecto comenzó progresivamente a deteriorarse, siendo la gestión gubernamental y los diversos escándalos políticos factores determinantes.

En este contexto, la llegada de José Antonio Kast a la presidencia para el período 2026–2030 puede interpretarse como el fin del denominado “auge izquierdista” iniciado en 2019.

Animadversión entre comunistas y evangélicos

La crítica más audaz ha provenido, precisamente, desde la extrema izquierda: comunistas y frenteamplistas. Limitar a una persona en el ejercicio de un cargo público por razones religiosas implica retroceder al menos cien años en la discusión política y jurídica de Chile.

Es posible sostener que la animadversión entre comunistas y evangélicos en el país se remonta a las décadas de 1950 y 1960, cuando, frente a las problemáticas sociales, económicas y políticas de la nación, ambos grupos propusieron proyectos distintos: los comunistas, uno de carácter material; los evangélicos, uno inicialmente espiritual, que posteriormente incorporó una dimensión social, en una línea similar al proyecto católico, el cual comprendía tanto una dimensión espiritual como material, lo que parecía ser más consistente.

Para entonces, Chile ya había consagrado, desde la Constitución de 1925, la libertad de creencia, específicamente denominada libertad de culto.

Desde ese momento, el escenario nacional, político y religioso, ha estado condicionado por dicha perspectiva de libertad. Si bien en la práctica las convicciones personales de un individuo juegan un rol fundamental en su actuar público, el desafío radica en la manera en que estas se expresan.

Por ello, si se cuestiona a la futura ministra Judith Marín por un eventual condicionamiento evangélico en su gestión, cabe preguntarse si se cuestiona de igual manera a un ministro comunista o socialista por el respectivo condicionamiento dogmático en su ejercicio político.

Una de las críticas más duras y, a la vez, más inconsecuentes ha provenido de la diputada y senadora electa Karol Cariola (PC), quien no solo enmarcó su intervención en la noción de un supuesto “sesgo dogmático”, sino que además incurrió en un ataque personal y menospreciativo hacia la identidad religiosa de Marín.

Lo preocupante es que este no es un caso aislado. Durante la campaña de las elecciones parlamentarias (2021), Daniela Serrano (PC), entonces presidenta de las Juventudes Comunistas, junto a la diputada Camila Vallejo (PC), utilizaron en espacios audiovisuales de campaña un canto que aludía al “demonio marxista” y al “exorcista”, intentando situarse simbólicamente en el contexto del 2019.

Todo ello acompañado de un discurso camuflado bajo consignas como “alegre rebeldía”, “la lucha y el trabajo por una vida digna”, “fuerza feminista” y, por supuesto, la apelación a la “dignidad” -la cual no se materializó ni siquiera durante los cuatro años de su gestión, como lo evidencia el ascenso a la presidencia de José Antonio Kast y el nombramiento de Judith Marín como ministra- han marcado la pauta de la animadversión entre lo político y lo religioso desde la extrema izquierda.

Pese a que estos hechos se sitúan entre los años 2019 y 2021, cabría haber esperado que, para 2026, existiera una autocrítica y un cambio de estrategia. Sin embargo, ocurrió lo contrario.

Cariola volvió a posicionarse desde una perspectiva de superioridad moral, recalcando su calidad de “senadora electa”, destacando implícitamente su legitimidad democrática frente a la designación ministerial realizada por un presidente igualmente electo.

A ello se suma su afirmación de que “si le va bien a un gobierno, le va bien a Chile”, lo que plantea la interrogante de si dicha declaración expresa un verdadero espíritu colaborativo o, por el contrario, anticipa una barrera legislativa, considerando que lo que está en juego son “las expectativas y necesidades del pueblo de Chile”.

Hasta aquí, podría sostenerse que se trata simplemente de la tensión habitual entre perspectivas políticas opuestas. No obstante, la situación adquiere mayor gravedad cuando Cariola se refiere a uno de los nombramientos ministeriales más polémicos.

Al señalar que “llama la atención la denominación de una ministra de la Mujer…”, su análisis resulta, al menos, impreciso. Cabe recordar que la designación responde coherentemente a la agenda política y valórica del presidente electo. En este sentido, el nombramiento de una militante del Partido Social Cristiano (PSC) en dicho ministerio no resulta inesperado, especialmente considerando que, desde su primera candidatura presidencial en 2017, Kast ha mantenido un vínculo político con una facción mayoritaria del mundo evangélico, ya sea directamente a través del Partido Republicano (PRep) o indirectamente mediante alianzas con colectividades como el PSC.

Lo esperable habría sido que la primera forma de calificar a la ministra fuese a partir de su trayectoria política, como suele ocurrir en el discurso público chileno: “de derecha”, “conservadora” o, en última instancia, “provida”.

Sin embargo, la referencia inicial fue a su supuesta condición de “exorcista”, validando implícitamente el calificativo de “ministra exorcista”, lo cual resulta lamentable e inaceptable viniendo de una autoridad política.

¿Acaso el lenguaje religioso de una persona, derivado de su fe, es motivo de burla o menosprecio? Cabe recordar que Marín, además de ser evangélica y haber desempeñado un rol activo en el grupo universitario evangélico “Águilas de Jesús” durante su etapa como estudiante en la USACH, donde se tituló como pedagoga, ha militado tanto en Renovación Nacional (RN) como en el Partido Social Cristiano (PSC).

Su trayectoria incluye cargos como asesora, concejala, secretaria de partido y candidata a diputada, hasta asumir actualmente como ministra. En este contexto, el calificativo de “exorcista” representa una forma burda y descalificadora de argumentación, que evidencia un sesgo dogmático político, por no decir religioso.

Pareciera que la extrema izquierda mantiene su consigna de defensa de los sectores vulnerables solo hasta que estos adhieren a una propuesta política distinta o se identifican como evangélicos (o con otro credo religioso).

Esta situación resulta profundamente preocupante, pues plantea la interrogante sobre hasta qué punto el feminismo de matriz comunista (considerando la diversidad de feminismos existentes) defiende realmente a las mujeres cuando estas profesan una religión determinada, ya sea evangélica, católica, judía, entre otras, o incluso cuando simplemente no adhieren a dicha visión política.

Lo mismo ocurre cuando estas personas cumplen roles específicos en la esfera pública, como funcionarias de un gobierno adversario o integrantes de las fuerzas policiales, particularmente a la luz de los acontecimientos ocurridos desde 2019.

Desafíos

En la tensión entre lo político y lo religioso, el problema central radica en como el ejercicio del poder político establece límites y reconoce que la adhesión a determinados ideales sociales, económicos o valóricos también posee un carácter dogmático.

En este sentido, los ideales evangélicos de Marín no difieren en su forma (difieren en sustancia) dogmática (como conjunto de creencia) de otros sistemas de creencias políticas, como los de Cariola. Ambos expresan una cosmovisión que condiciona su agenda política, lo cual resulta legítimo siempre que se mantenga dentro del marco constitucional y del ordenamiento jurídico vigente.

En este escenario, más allá de los desafortunados dichos de la senadora electa, la futura ministra Judith Marín enfrenta el desafío de desarrollar una gestión política eficaz y de reivindicar, mediante su labor, los prejuicios y caricaturas, en última instancia, la denominada “canutofobia”, que pesan sobre los evangélicos en la esfera pública y política.

Además, como mujer al frente de un ministerio clave, tiene la oportunidad de comprender y abordar las realidades y problemáticas del grupo que representa dicho ministerio. Hasta ahora, es posible sostener que cuenta con los elementos necesarios para llevar adelante una gestión coherente con sus principios políticos.

La política chilena requiere con urgencia una elevación del nivel del debate político e intelectual. Lamentablemente, estos episodios no son aislados. Si bien las tensiones en torno a la creencia religiosa y la aceptación social han estado presentes desde temprano en la historia nacional, en el último tiempo, especialmente desde 2019, se ha instalado un discurso carente del rigor necesario para una discusión política productiva.

Urge, por tanto, una cultura política de mayor seriedad argumentativa y una auténtica voluntad de unidad en favor del bien común. Cariola acertó al afirmar que “si le va bien a un gobierno, le va bien a Chile”; ahora corresponde llevar esa convicción a la práctica, especialmente en el quehacer político cotidiano.

No solo Marín enfrenta el desafío de estar a la altura de un cargo ministerial. Este es también un llamado a quienes, durante la última semana, mediante discursos de odio, han menospreciado no solo la fe evangélica de la futura ministra, sino a la comunidad evangélica chilena en su conjunto, e incluso a cualquier persona que manifieste una creencia religiosa en lo público.

Resulta inaceptable que una opinión o aspiración a la esfera política sea ridiculizada, atacada o invalidada únicamente por profesar una fe determinada.

Que la “canutofobia”, así como cualquier otra forma de discriminación religiosa, quede relegada al pasado. Considerando que el año pasado se cumplieron cien años desde que en la Constitución de la República de Chile de 1925 se garantizó la libertad de culto, asegurando que la profesión de una fe religiosa no constituye un impedimento para el ejercicio público o privado de los derechos ciudadanos, ni una causa legítima de marginación.

Queda abierta, finalmente, la pregunta respecto de hasta qué punto la extrema izquierda y, en particular, algunos de sus representantes han respetado efectivamente la libertad religiosa en la sociedad chilena, tanto en el ámbito público como en el político. Si en ello han errado, aún existe tiempo para “arrepentirse” y “volverse” a una política orientada al bien común, y no exclusivamente al de sus copartidarios.

Diego Castro Nazal
Historiador