El abogado querellante Raimundo Palamara solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de las indagatorias por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende y por la contratación del defensor del presidente Gabriel Boric.
Palamara —litigante en ambas causas como representante de la Fundación Fuerza Ciudadana— presentó un escrito pidiendo a Valencia que asuma directamente ambas investigaciones.
La solicitud de 24 páginas —a la que tuvo acceso Bío Bío Investiga— se funda en “la gravedad institucional de los hechos, la investidura del imputado [Gabriel Boric], la existencia de antecedentes plausibles de delitos y las decisiones adoptadas por el fiscal regional de Coquimbo”.
“Las decisiones adoptadas por el fiscal regional de Coquimbo resultan (…) lisa y llanamente impresentables”, sostiene el escrito.
La petición a Contraloría
El documento asegura que las determinaciones de Cooper llevaron a la “clausura anticipada de las investigaciones, generando un riesgo de impunidad”. En ese sentido, cuestiona la decisión de no perseverar respecto de la causa de la Casa de Allende y de solicitar el sobreseimiento definitivo en la arista por la contratación con fondos públicos del defensor del presidente, Jonatan Valenzuela.
“Las determinaciones comparten un mismo denominador común: impedir que este querellante pueda forzar una acusación y, con ello, asegurar la continuidad del procedimiento penal”, sostiene la presentación.
Más allá de la decisión de cerrar ambos casos, el querellante criticó la manera en que se condujeron las indagatorias. Por ejemplo, la fiscalía pidió un dictamen a Contraloría sobre la contratación de Valenzuela, en circunstancias que el tema ya estaba judicializado.
Se trata de un punto sobre el que también se refirió la Corte de Apelaciones de Santiago en la resolución del pasado jueves, en que revisó el sobreseimiento de Gabriel Boric en aquella arista.
En esa oportunidad, el tribunal de alzada arguyó que el examen administrativo no otorga la “capacidad de sustituir o condicionar el juicio penal acerca de si la conducta puede configurar un delito”.
La Corte determinó revocar el sobreseimiento de Boric, con lo que el Ministerio Público deberá reabrir la causa. En la causa principal, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Palamara.
Prueba más que plausible
El querellante igualmente reprochó que Cooper no agrupara las investigaciones, pese a que ambas presentaban una “vinculación directa y evidente”. Asimismo, cuestionó que no elevara la decisión de no perseverar al fiscal nacional, tal como él había pedido.
Contrario a lo que ha planteado la fiscalía, Palamara expuso que en la causa principal existe “prueba más que plausible” para configurar los ilícitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, prevaricación administrativa y otros delitos contra la probidad.
En ese sentido, apuntó tanto a declaraciones contenidas en la carpeta investigativa, sobre presiones indebidas para concretar la fallida compraventa, como a “traspasos presupuestarios entre partidas con el objeto de facilitar el comodato gratuito del inmueble a la misma fundación de la familia vendedora”.
“Se utilizó el equipo de Presidencia, de al menos tres ministerios, con el objetivo de llevar a cabo la operación y beneficiar a una fundación controlada por la familia Allende, misma que a la vez vendía el inmueble”, arguye la petición.
Para más, formula que la casa era “propiedad de una entonces senadora [Isabel Allende] y una ministra de Estado [Maya Fernández] que (…) era de la exclusiva confianza del Presidente y colaboradora directa e inmediata”.
Entre otras críticas a la labor de Cooper, menciona que todavía quedaban diligencias pendientes, como determinar el valor de los “recursos humanos malgastados” por la fallida compraventa.
“Las decisiones de Cooper son impresentables”
Para el querellante, las actuaciones del Ministerio Público en esta causa no están acordes con tratados internacionales suscritos por Chile, como la Convención Interamericana contra Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Hacia el final del documento, reitera su solicitud a Valencia de asumir las investigaciones. También, pide reabrir ambas indagatorias, dar curso a las diligencias pendientes y “garantizar la objetividad, independencia y transparencia de la persecución penal”.
“Las decisiones adoptadas por el fiscal regional de Coquimbo resultan, en el contexto descrito, lisa y llanamente impresentables desde el punto de vista jurídico e institucional, desde un prisma constitucional y desde los tratados que versan sobre derechos humanos”, concluye.
El fiscal nacional está facultado por el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para asumir una indagatoria. Valencia ya sacó a Cooper del Caso Procultura el año pasado.
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