Canutofobia en el debate político chileno: como si la fe fuera una inhabilidad civil

El nombramiento de Judith Marín como futura ministra de la Mujer y Equidad de Género abrió un debate legítimo y necesario: si una autoridad con agenda conservadora entiende el mandato legal del ministerio, si resguardará su institucionalidad, si pondrá por delante políticas contra la violencia, protección social y equidad, y si gobernará para todas las mujeres chilenas, en especial, las más vulnerables. Esa es la conversación de fondo: gestión pública, prioridades, cumplimiento de la ley, resultados.

El problema es que una parte del comentario público decidió no quedarse allí. Prefirió el atajo identitario: no “ministra”, sino “ministra evangélica”, como si la fe fuera una inhabilidad civil.

En Chile, esa etiqueta no circula como un dato biográfico neutro; se usa como sospecha automática, como alarma cultural, como forma elegante —o derechamente burlona— de decir “esta persona no pertenece”. Y ese desplazamiento es grave porque cambia el eje: ya no se discute qué hará una ministra, sino si su identidad la descalifica antes de empezar.

Aquí aparece el doble estándar más evidente del debate chileno. Casi nunca se presenta a una autoridad como “ministro católico” para insinuar fanatismo, ni se instala el rótulo “ministro judío” para cuestionar compatibilidades democráticas. Pero cuando la autoridad es evangélica, el país activa un código de desprecio heredado: “confesional”, “retroceso”, “burla”, “anti derechos”, ¿cómo entró esta gente al Estado?

En perspectiva histórica, esto tiene nombre y estructura: “canutofobia”. El sociólogo Miguel Ángel Mansilla ha descrito la canutofobia como un rechazo que no solo apunta a una doctrina religiosa, sino al lugar social del evangélico en el imaginario chileno: mundo popular, escasa formación educativa, redes comunitarias en sectores de vulnerabilidad, moral conservadora sin el barniz “correcto” de la élite cultural.

El punto es que los datos concretos, evidencian que no es posible ver lo evangélico como rareza marginal. El Censo 2024 muestra que, entre quienes declaran religión o credo, la identificación evangélica o protestante alcanza 16,3%, mientras la católica llega a 54,0% y un 25,8% declara no tener religión. Dicho en simple: lo evangélico es una porción estable del país real.

Ese peso cultural se refleja en política y con números duros. El informe de FARO UDD sobre presidenciales 2025 de diciembre, observa que en comunas con muy alta presencia evangélica, Kast promedia 70,15%, mientras en comunas con muy baja presencia evangélica promedia 59,77%: una brecha de 10,4 puntos. No significa que los evangélicos voten en bloque, ni que la religión explique por sí sola el voto. Significa algo más simple: ridiculizar al “canuto” no es burlarse de una minoría pintoresca; es despreciar a un segmento social con peso electoral real.

Por eso lo que está en discusión no es solo la canutofobia contra una ministra. Es el estatuto del evangélico en la vida pública chilena. La tribuna tolera al evangélico mientras permanezca en su lugar asignado: templo, barrio, radio local, periferia simbólica o ridiculizado en estereotipos mediáticos que son producto de la canutofobia: desde el pastor Soto al pastor Rocha.

Cuando entra al gabinete, cuando firma decretos, cuando administra presupuesto, se activa el mecanismo de expulsión cultural: “esto no puede ser”. A otros se les presume pluralismo; al evangélico se le presume imposición.

Aquí conviene decirlo sin eufemismos: si el apoyo electoral a Kast es particularmente alto en territorios con fuerte presencia evangélica, y los datos sugieren que lo es, entonces no solo es razonable, sino políticamente coherente que ese mundo tenga participación directa en el Ejecutivo.

Un gobierno que gana con alta adhesión en territorios evangélicos tiene incentivos y legitimidad para incorporar sus cuadros no como gesto cosmético, sino como expresión de gobernabilidad. Esto no es “captura confesional” ni “retroceso democrático”. Es lo más básico en representación política: si un segmento social aporta respaldo electoral y articulación territorial, es natural que tenga presencia en la administración del Estado.

Cuando esa lógica opera con otros mundos sociales, se llama “representatividad” o “coalición de gobierno”. Cuando aplica a evangélicos, se acusa “confesionalismo”. Es el mismo fenómeno descrito con un lenguaje distinto para desacreditarlo. Negar eso bajo el pretexto de “confesionalismo” no es defensa de la república: es veto cultural. Es decir: pueden votar, pueden existir, pero no deben gobernar.

Además, el mito del “evangélico marginal” ya no explica Chile. Durante décadas, el prejuicio asoció automáticamente evangélico con precariedad, baja escolaridad y fanatismo. Hoy esa caricatura queda corta: nuevas generaciones evangélicas han accedido en mayor número a la educación superior y se han diversificado socialmente, erosionando la vieja imagen única del “canuto periférico”, otra cosa es que el astronauta, científico o empresario evangélico no aparezca en los medios bajo el estereotipo canutofóbico.

Y lo más revelador en la polémica por Marín, ya hubo ministras vinculadas al mundo evangélico en gobiernos anteriores, sin que el Estado se “contaminara” por ello. Nivia Palma ministra de Bienes Nacionales, en el gobierno de Bachelet (2016–2018) es descrita públicamente como evangélica e hija de un pastor evangélico. Ena von Baer, ministra vocera (2010–2011), es reportada como evangélica.

La conclusión es incómoda para el prejuicio: el problema nunca fue “la religión” en abstracto; el problema es la religión cuando deja de ser folclor y se vuelve poder institucional.

En el caso de Marín, el mecanismo se ve sin maquillaje: se la tacha de “fanática religiosa” por expresar su oposición al aborto libre en el debate público. Pero aquí el doble estándar se vuelve gratuito.

El espacio público chileno ha sido capaz de aplaudir -o al menos normalizar- a autoridades y figuras que salieron a protestar y a validar la violencia durante el estallido, mientras al mismo tiempo convierte una convicción provida en señal de “peligrosidad”. En un caso, la convicción ideológica se lee como sensibilidad moral; en el otro, como patología. Eso no es consistencia democrática: es jerarquía cultural aplicada a conveniencia.

La llamada “batalla cultural”, por lo demás, no se inventa: se reconoce. Un gobierno que se declara pro familia, provida y conservador inevitablemente tensiona expectativas en una cartera como Mujer. Habrá oposición, movilización, fiscalización dura. Es parte del juego democrático. Pero nada de eso autoriza el atajo indecente de convertir la fe en sospecha civil.

El estándar republicano es simple y exigente: a Judith Marín se la debe medir por su gestión institucional, no por caricaturas sobre “canutos”. A las autoridades se las fiscaliza por su administración del presupuesto, cumplimiento de metas, política pública eficiente y por el propio control parlamentario. Pero si se cree que basta con decir “evangélica” para invalidar a una ministra, entonces el problema ya no es Marín.

En democracia, la regla mínima es esta: la fe no te concede autoridad moral automática, pero tampoco te quita ciudadanía. Y un Estado laico no es un Estado que ridiculiza a los creyentes, es un Estado que los trata como ciudadanos normales. Lo demás es laicidad de cartón o retórica brillante para esconder un viejo prejuicio contra los evangélicos.