La Contraloría General de la República concluyó que los contratos suscritos vía trato directo con el estudio jurídico BACS Abogados por parte de la Municipalidad de Maipú y la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de la comuna (CODEDUC) no contaban con antecedentes suficientes que hicieran indispensable la celebración de dichos acuerdos contractuales.
La fiscalización se realizó a raíz de una solicitud presentada por el abogado Gustavo Baehr y el excandidato —por Renovación Nacional— a consejero regional por la circunscripción Santiago III, Carlos Román.
La petición apuntó a los contratos suscritos con Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann (BACS) entre 2021 y 2024, en relación con la modalidad de contratación y una posible “eventual fragmentación de la prestación de servicio“.
Por su parte, el organismo contralor requirió antecedentes al municipio. Desde Maipú informaron que formalizaron acuerdos con la firma jurídica mediante tratos directos en 2021, 2022, 2023 y 2024. En tanto, en la CODEDUC, estos se celebraron en 2022, 2023 y 2024.
Cabe mencionar que el estudio jurídico aludido es el mismo al que pertenece Miguel Schürmann, abogado que ha intervenido en causas ligadas al presidente Gabriel Boric. Un ejemplo es la investigación contra el mandatario por eventual divulgación de imágenes íntimas, causa en la que fue sobreseído en febrero de 2025.
El mismo Schürmann fue fichado por la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para asumir su defensa en una causa por presunto tráfico de influencias, tras la filtración de chats con la diputada Karol Cariola, y por el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, en el caso del millonario coaching cuestionado por la Contraloría.
En el caso de Maipú, el abogado José Pedro Silva, de BACS Abogados, actúa como querellante en la causa contra la exalcaldesa Cathy Barriga por delitos de corrupción.
Contraloría por contrataciones de estudio jurídico por parte del municipio y corporación de Maipú
Respecto de las contrataciones realizadas por el municipio, por un monto fijo mensual de 120 UF (alrededor de $4,7 millones), la Contraloría sostiene que “no consta que en todos los contratos se hayan elaborado previamente los términos de referencia consignando el presupuesto respectivo, que efectivamente se haya verificado la idoneidad técnica del prestador, ni que se hayan emitido y publicado las invitaciones pertinentes en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas“.
Además, el ente fiscalizador añade que tampoco se especifican “las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la Dirección Jurídica de ese municipio”.
Por lo tanto, “la documentación tenida a la vista no permite determinar si se cumplieron las actuaciones previas“. Asimismo, la Contraloría agrega que “no se verifica que hayan existido las características o circunstancias excepcionales en esa contratación que tornaran indispensable acudir al trato directo“.
Así, según el organismo contralor, el municipio debe adoptar “medidas tendientes a que esa situación no se reitere en el futuro“.
En ese contexto, el ente fiscalizador concluye que “no se advierte” la eventual fragmentación denunciada, ya que los acuerdos celebrados entre noviembre de 2021 y diciembre de 2025 no superaron las 1.000 UTM (alrededor de $70 millones).
En lo referido a la CODEDUC, que contrató al estudio jurídico por un monto mensual de 60 UF (alrededor de $2,3 millones) vía trato directo entre 2022 y 2024, la Contraloría señaló que “no se advierten antecedentes que acrediten la existencia de circunstancias o características de los contratos que hicieran del todo indispensable acudir al trato o contratación directa“.
Comunicado de la Municipalidad de Maipú tras cuestionamiento de Contraloría
Mediante un escrito, desde el municipio encabezado por Tomás Vodanovic aseguraron que “todos los procesos de contratación de servicios o prestaciones por parte de terceros con apego a la normativa vigente“.
Además, enfatizaron que el ente fiscalizador descartó “una supuesta fragmentación” en las contrataciones de BACS Abogados. Asimismo, según el municipio, Contraloría “tampoco cuestionó las modalidades de contratación ni las causales legales de esta“.
Sobre el oficio del organismo contralor, desde Maipú señalaron que solo se indicó que, para “los futuros procesos de contratación, se deben ajustar al procedimiento establecido en el reglamento vigente“.
“Como Municipalidad de Maipú reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, con la norma vigente, así como también con el resguardo y correcto uso de los recursos públicos para seguir trabajando por las vecinas y vecinos de Maipú”, concluyeron desde el municipio.
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