Y por eso incomoda. Porque recuerda que la defensa de la mujer no es patrimonio de una ideología ni se mide por la adhesión a una agenda partisana, sino por el respeto efectivo a la dignidad humana.

Las críticas de algunas diputadas a la designación de Judith Marín como futura ministra de la Mujer revelan, una vez más, una ansiedad ideológica que choca frontalmente con aquello que dicen defender: la llamada —y mal entendida— “sororidad”.

La molestia de fondo no parece estar en la idoneidad personal ni profesional de Marín, sino en algo mucho más profundo, ella no lleva bajo el brazo la agenda feminista hegemónica. No condena a los hombres por el solo hecho de ser hombres ni atribuye todos los males sociales a esa entelequia llamada “patriarcado”. Y eso, para ciertos sectores, resulta imperdonable.

Judith Marín no llega a su cargo para reproducir consignas ni administrar símbolos vacíos. Llega para defender los derechos de las mujeres desde un prisma valórico, donde la dignidad femenina no depende del espectáculo ni de la provocación.

Porque ser mujer —y defender a las mujeres— no se reduce a actos de exhibicionismo público ni a manifestaciones que degradan el debate y trivializan una causa que merece respeto. La dignidad no se construye mediante performance groseras frente a La Moneda o ante las cámaras de televisión, menos aun cuando estas se realizan frente a niños -como hacer sus necesidades en la vía pública- y se presentan como supuestos actos de liberación.

El respeto a los derechos de las mujeres se construye de otra forma: con políticas públicas serias, con protección efectiva frente a la violencia, con apoyo real a la maternidad y, especialmente, con respaldo a aquellas mujeres que deben asumir solas los roles de madre y padre para el bienestar de sus hijos. En definitiva, reconociendo a la mujer como persona, por lo que es y vale, y no como un mero instrumento de una agenda ideológica.

En este contexto, resulta inevitable cuestionar la tan invocada “sororidad”, en atención al vacío contenido práctico en los grupos de feminismo radical. No vimos a estos colectivos movilizarse cuando estalló el caso Monsalve, tampoco escuchamos cánticos denunciando abusos como “el violador eres tú” durante este Gobierno.

Ese silencio evidenció que la supuesta solidaridad femenina tiene límites muy claros: se ejerce mientras el culpable no sea un “compañero”. Aquí su “sororidad” simplemente se convierte en muda y la agenda se desploma.

Tampoco hay sororidad en promover el aborto libre como un eslogan desprovisto de toda reflexión ética. El debate puede y debe darse, pero negar que el aborto implica, en cualquier caso, la pérdida de una vida en gestación, y que suele estar acompañado de dolor y sufrimiento, es una simplificación ideológica que no honra a las mujeres ni reconoce su complejidad emocional y moral.

Si me apuran, dudo que una mujer celebre después de practicarse un aborto, sea en el contexto de las tres causales o cualquier otro motivo. Porque el peor acto de violencia es hacer creer a una mujer embarazada que un aborto es la mejor o única salida.

Judith Marín representa, precisamente, una alternativa a ese reduccionismo. Que no existen mujeres de primera y segunda categoría como pretende la extrema izquierda. Una mirada que entiende que los derechos de las mujeres pueden y deben defenderse siempre, sin banalizar la vida ni degradar el espacio público. Una ministra que no busca apropiarse de un discurso separatista, sino avanzar hacia un respeto integral por toda mujer, devolviéndole contenido, seriedad y profundidad a la política pública en esta materia.

Y por eso incomoda. Porque recuerda que la defensa de la mujer no es patrimonio de una ideología ni se mide por la adhesión a una agenda partisana, sino por el respeto efectivo a la dignidad humana.

En tiempos de consignas fáciles y coherencias selectivas, no solo resulta incómodo, sino profundamente necesario, y si incomoda a sectores de la extrema izquierda, es un indicio más que la elección de José Antonio Kast es la correcta.

Raimundo Palamara Stewart
Abogado
Presidente Fundación Fuerza Ciudadana

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