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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó como una solución "no óptima" la propuesta del Ejecutivo de establecer exigencias para el despido de funcionarios de carrera, considerándola una medida miscelánea dentro de la ley de reajuste al sector público. El proyecto sostiene que la no renovación de contratas deberá ser fundamentada en criterios objetivos, lo que ha generado críticas en la oposición por considerarla un "amarre" durante el próximo gobierno de José Antonio Kast. El economista advierte que tener empleados públicos que puedan ser despedidos sin causa podría llevar a un clientelismo político mayor, mientras que las intenciones de un ajuste estatal por parte del próximo Gobierno habría llevado a implementar este tipo de soluciones.

Como un tipo de solución “no óptima” y presuntamente motivada por la posible reducción del empleo público en la próxima administración, fue catalogada por el exministro de Hacienda, Mario Marcel, la medida propuesta por el Ejecutivo que establece exigencias para el despido de funcionarios de carrera.

Se trata de un proyecto misceláneo a incluir en la ley de reajuste al sector público

En este sentido, se apunta a que la no renovación de contratas deberá realizarse “únicamente mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables”.

Y en el caso de aquellos con al menos dos años de servicios continuos, “podrán reclamar por vicios de legalidad (errores-incumplimientos) por no renovación o renovación en condiciones distintas”.

Exministro Mario Marcel por norma de “amarre”

El proyecto ha despertado críticas en la actual oposición, desde donde acusan una especie de “amarre” con miras al próximo gobierno de José Antonio Kast, mientras que desde el Ejecutivo han reiterado que no se trata de ello.

Bajo este contexto, el economista dijo en entrevista en Tele13 Radio que “los funcionarios buscan mayor estabilidad”, apuntando el dato de que “cerca del medio millón de empleados públicos, tenemos más o menos 120 mil que son de planta y todos los demás son a contrata”.

“La contrata es un régimen laboral bien especial (…) es un contrato a plazo fijo que termina el 31 de diciembre y, en teoría, si no se renueva, la persona queda sin empleo, sin compensación”, dijo Marcel.

“Si tuviéramos una situación en la cual los empleados públicos pudieran ser despedidos en cualquier momento, sin ninguna expresión de causa, tendríamos un clientelismo político bastante superior al que hoy discutimos”, añadió el expresidente del Banco Central.

Ahora bien, Marcel resaltó que si bien los cambios de puestos “políticos” ocurren con cada cambio de Gobierno, “la diferencia es que ahora tenemos un futuro Gobierno que se ha planteado como un tema reducir el empleo público”.

“Entonces, eso es lo que creo que en buena medida ha alimentado este temor de los funcionarios y que al final, ha llevado a este tipo de soluciones que no son óptimas”, concluyó al respecto en Tele13 Radio.