No basta con cerrar las fronteras

La migración ha sido un asunto controversial en nuestro país y en gran parte del mundo desde hace algunos años. Según estimaciones de Acnur, a finales de 2024 en el mundo había 123,2 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de persecuciones, conflictos, violaciones a los derechos humanos y otras formas de violencia. Esto implica que una de cada 67 personas en el planeta se ha visto obligada a migrar a otros países.

Pero no son sólo los conflictos armados, políticos o económicos los que están provocando esta enorme cantidad de desplazamientos: cada vez más, vemos cómo las catástrofes climáticas empujan a millones de personas a abandonar sus hogares en búsqueda de más oportunidades y seguridad, ya sea al interior de sus propios países como en otras latitudes.

Al igual que las migraciones de otra naturaleza, los desplazamientos climáticos están desafiando a los Estados, no sólo por la llegada de ciudadanos de otros países, sino también por la cada vez más frecuente migración interna, la que provoca colapsos demográficos y en los sistemas de seguridad social en las ciudades y regiones que están absorbiendo estos movimientos.

Lo más grave, es que este fenómeno ha aumentado con los años, en buena medida producto de la crisis climática y una mayor ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, generando que muchas personas se vean forzadas a migrar hacia zonas con condiciones ambientales más favorables.

Sin ir más lejos, en el año 2019 se registraron 1.900 eventos climáticos extremos que provocaron el desplazamiento interno de 24 millones de personas en 140 países, de los cuales 10 millones se debieron a inundaciones, mientras que alrededor de 13 millones se desplazaron por huracanes y ciclones.

Y el futuro no se ve mejor: en 2021, el Banco Mundial estimó que 216 millones de personas de 6 regiones a nivel global podrían desplazarse ante eventos climáticos extremos para el año 2050.

Mientras, un informe de 2022 elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que para 2050 se estima que entre 44 y 113 millones de personas podrían migrar internamente debido a impactos climáticos lentos, como la escasez de agua, fallos en los cultivos y aumento del nivel del mar, y se espera que más de mil millones de personas en todo el mundo enfrentarán peligros climáticos, especialmente en áreas costeras y urbanas.

Según un reporte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), América Latina y el Caribe será una de las regiones del mundo más afectadas por las migraciones provocadas por la crisis climática, debido a fenómenos tan diversos como los huracanes, inundaciones y las megasequías.

Desafíos para Chile

En ese escenario, Chile se enfrenta a dos desafíos: por una parte, la enorme posibilidad de transformarse en uno de los países receptores de esa migración, por contar con una mayor diversidad de climas y geografías. Y, por otra, el desplazamiento interno de la población, producto del aumento de una mayor ocurrencia de eventos meteorológicos extremos como las sequías, los incendios forestales o las inundaciones en varias de nuestras regiones.

De hecho, cabe resaltar que Monte Patria, comuna de la provincia de Limarí en la Región de Coquimbo, fue la primera comunidad en ser reconocida como desplazada climáticamente -documentada por Naciones Unidas en 2017- cuando al menos un 15% de sus habitantes debió migrar producto de la escasez de agua para el uso humano y la agricultura. Y algo similar viven los vecinos de Petorca, quienes han tenido que desplazarse debido a la escasez hídrica presente desde el año 2010.

Es clave reconocer que esta no es una realidad ajena o lejana, sino que, muy por el contrario, nuestro país enfrenta actualmente un escenario de migración climática -principalmente interna- sin reconocimiento legal ni políticas específicas que la ordenen o faciliten la integración de estos ciudadanos a nuevas comunidades, y que este escenario se puede exacerbar en los próximos años si no se generan e implementan medidas ad hoc.

Si consideramos que las principales causas de esta migración en nuestro país son sequías y escasez hídrica, degradación ambiental y desastres socio-naturales, urgen, por una parte, iniciativas que se hagan cargo de la mitigación y control de estos impactos en aquellas zonas que aún están a tiempo de revertir estas tendencias, así como de la recuperación y restauración en los territorios más gravemente afectados.

Pero también es imprescindible reconocer la ocurrencia de estos desplazamientos internos, así como entender los impactos psicológicos, de pérdida de redes y las tensiones sociales, especialmente en zonas rurales, que las migraciones climáticas están provocando en nuestras regiones, para poder integrar esta realidad en los planes de adaptación al cambio climático, con enfoque de salud mental y justicia territorial.

Entendiendo el estrés que implica para los territorios la llegada de una migración desregulada (tanto interna como externa), no basta con hacer un llamado a cerrar las fronteras o, efectivamente, cerrarlas.

Es urgente generar una planificación territorial justa, resiliente y basada en ciencia, que prepare a nuestro país y a toda la región para mitigar los efectos de la crisis climática en los territorios, proteger las vidas humanas y sus sistemas de subsistencia y permita una mayor adaptación a los eventos climáticos extremos, a la vez que se proteja a quienes migran y prevenga el surgimiento de nuevas zonas de sacrificio socioambiental.