La salmonicultura mantiene su eterno bucle de impunidad

En un Estado de Derecho, como el nuestro, los derechos y los deberes están intrínsecamente vinculados, lo que implica que para que los derechos estén garantizados, también se deben cumplir con ciertas obligaciones constitucionales, legales y/o sociales.

Es por ello que nuestra sociedad siempre ha celebrado aquellas regulaciones que le remueven derechos o privilegios a quienes incumplen con sus obligaciones o infringen deliberadamente la normativa vigente.

La ley Emilia, por ejemplo, estableció la prohibición de volver a conducir de por vida a conductores infractores en ciertos escenarios. Mientras que, más recientemente, una modificación a la Ley N° 14.908 impedirá que deudores de pensión de alimentos puedan postular o acceder a fondos públicos para hacer investigación. Sin duda, en ambos casos estas iniciativas no solo resultan bienvenidas, sino que también necesarias.

Parecen medidas de perogrullo: infractores recurrentes o quienes cometen delitos graves deben restringir algunos de sus derechos, no solo para que se responsabilicen por sus acciones, sino que también para incentivar el cumplimiento general de las normas y disuadir la posible comisión de delitos. Pero llama la atención que el mismo criterio no se extrapole a otras áreas, especialmente, en el sector privado.

El caso de la salmonicultura y las relocalizaciones

El lamento eterno de la salmonicultura por sus demandadas relocalizaciones es una prueba de ello. Aunque el sector mucho comunica sobre la cantidad de solicitudes de relocalización a la espera de una definición de las autoridades, poco dicen respecto de los deberes que han incumplido y que podrían afectar la celeridad de estas determinaciones.

Concretamente, de 798 centros que buscan trasladarse a otras zonas, 180 -casi uno de cada cuatro- presentan al menos alguna de las condiciones establecidas para que su concesión y permisos ambientales sean revisadas, ya sea por registrar sobreproducciones u otros graves incumplimientos ambientales.

Del mismo modo, al menos el 36% de los centros que ha solicitado relocalizaciones ha presentado anaerobia, lo que significa que esas aguas se encuentran en condiciones de falta de oxígeno para sostener tanto la vida de las especies cultivadas, como la de especies nativas, dando cuenta de una lógica de expansión que pareciera asfixiar (literalmente) los territorios donde funciona, lo que genera un fundado temor sobre la expansión de la degradación causada, sobre todo cuando las relocalizaciones se solicitan al interior de áreas protegidas.

Vacíos de gobernanza ambiental

Esto último no es un asunto baladí: si consideramos que, conforme a lo ordenado por Contraloría en 2024, para que las solicitudes de relocalización de concesiones sean viables, estas deben ajustarse a la normativa creada por la Ley SBAP, lo que implica que el área protegida donde se pretenda reubicar la concesión cuente con un plan de manejo, ya que este es el único instrumento que define qué actividades son compatibles con los objetivos de conservación del ecosistema.

Sin embargo, el 23% de las áreas protegidas existentes en nuestro país aún no cuenta con este tipo de herramienta de conservación, lo que genera un vacío de gobernanza ambiental en territorios críticos.

Adicionalmente, el 50% de los planes vigentes fueron elaborados antes de 2010, bajo el criterio de Conaf y no en un marco ambiental integral, lo que pone en duda su pertinencia y actualidad; de hecho, sólo el 27% de los planes existentes ha sido elaborado con lineamientos ambientales posteriores a 2010, reflejando un rezago institucional grave.

Salmonicultura: un sector con historial de incumplimientos

Aun con toda esta información sobre la mesa, convenientemente las empresas salmoneras no consideran que sean sus propias malas prácticas las responsables de la demora de estas decisiones; parece más cómodo culpar a las comunidades o a las ONGs ambientalistas de estos problemas.

Incluso, es mejor iniciar una campaña de desprestigio y desinformación contra la Ley Lafkenche -un instrumento fundamental para la defensa y resguardo de los derechos de los pueblos indígenas- que reconocer los evidentes problemas del sector y empujar a sus compañías hacia el cumplimiento absoluto de la ley.

Lo cierto es que existe un historial sostenido de infracciones y una débil fiscalización del Estado en la materia, lo que le ha permitido a este sector productivo mantener este eterno bucle que no solo le ha reportado importantes ganancias (como lo han mostrado casos como los de Nova Austral o Australis, recientemente), sino que también ha implicado la merma de la confianza de las comunidades y las autoridades en toda la industria y sus operaciones.

Y, peor aún, cuando las escasas fiscalizaciones surten algún efecto y las infracciones de estas empresas son descubiertas, la mayoría de las sanciones aplicadas resultan tan insignificantes frente a las ganancias (muchas veces ilícitas) de la industria, que no logran disuadir la futura comisión de infracciones o delitos similares.

Sin duda es necesario que evaluemos los problemas que nuestra institucionalidad enfrenta y trabajemos en solucionarlos, para entregar respuestas oportunas a los muchos desafíos que enfrenta el país. Pero esto lo debemos hacer con todas las cartas sobre la mesa: la desinformación instalada en esta materia muchas veces nos lleva a buscar culpables donde no los hay, desviando la atención de lo verdaderamente relevante y efectivo en esta materia.

Defender la ley y la ciencia es garantizar futuro

En el marco de un clima electoral que tomará la pauta noticiosa todo lo que queda de este año, es fundamental evaluar este tipo de situaciones bajo su propio mérito, y que los candidatos no cometan el error de ofrecer soluciones que no serán de utilidad para nadie.

Tal como están las cosas, prometer relocalizaciones por doquier o una menor regulación para el sector sería contraproducente para las comunidades, nuestros ecosistemas y el propio negocio salmonero, sobre todo si consideramos que las industrias noruega y canadiense -sus principales competencias internacionales- cumplen con más normativas que la nuestra.

En estos tiempos, resulta un verdadero imperativo entender que defender la ley y la ciencia no significa bloquear el desarrollo, sino asumir una responsabilidad pública esencial y, en este caso en particular, evitar que se repita la larga historia de incumplimientos y contaminación que la salmonicultura ha generado durante décadas en nuestro país.