Pese a toda la información que de este mediático proceso ha emanado, la autoridad ambiental ha tenido un criterio laxo al sancionar las infracciones de Australis.
La batalla legal entre antiguos y nuevos controladores de la salmonera Australis -el chileno Isidoro Quiroga junto a sus principales ejecutivos, y la empresa china Joyvio, respectivamente- ha sido tan reveladora como mediática.
Una compra millonaria que abrió una caja de Pandora
Inicialmente, la empresa china acusó a los antiguos controladores de haber ocultado las múltiples sobreproducciones y otras infracciones de Australis y, básicamente, haber “inflado” su valor de venta. En el medio de este proceso, uno de los abogados de la compañía asiática acusó que, bajo el mando de Quiroga, Australis “era una organización delictiva” al dar cuenta de la extensa lista de irregularidades cometidas por la salmonera, la que al momento de su venta “era una compañía que se manejaba totalmente fuera de derecho, engañando de (sic) la CMF, Sernapesca, SMA, a los chilenos e inversionistas extranjeros”.
Quiroga y los antiguos principales ejecutivos de Australis se han defendido en tribunales asegurando, no que estos ilícitos no se cometieron, sino que el comprador los conocía, y recientemente liberaron una serie de correos electrónicos intercambiados entre vendedores y compradores que dan cuenta del profundo conocimiento que ambas partes habrían tenido.
Los correos que exponen la verdadera cara de Australis
Sin ir más lejos, estos correos habrían tenido tablas de excel que evidenciaban la cantidad de toneladas sobreproducidas por año y los “costos” de volver a regla: “Se está convirtiendo en un serio riesgo para el plan de cosecha presente y futuro, así como para la perspectiva de costos de la empresa, sin mencionar las posibles sanciones económicas y la pérdida de permisos de operación”, rezaba un correo enviado en septiembre de 2021 por el gerente de Finanzas de Australis a sus entonces compradores chinos.
Luego, el mismo alto ejecutivo comenzó a dar ideas de cómo evitar la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), a través de su participación en el programa de supervisión voluntaria de la autoridad “con sitios en los que sabemos que no tendremos exceso de producción”, para así “redirigir la atención” (engañando a la autoridad) y quitar presión sobre los sitios que efectivamente tenían excesos en sus producciones.
Estos correos no solo entregaban información clara y precisa respecto de estas infracciones, sino que también proponen la elaboración de una agenda de lobby que influya “en todos los niveles” de cada autoridad. Incluso, se relatan “acuerdos” con el gobierno del presidente Sebastián Piñera para “tomar medidas proactivas” para contener la información de la sobreproducción.
En concreto, en los últimos meses de la administración Piñera, una investigación periodística reveló que el Ejecutivo los habría ayudado con la reasignación de más centros de producción en la Región de Magallanes y los habría apoyado en la tramitación para que la empresa obtuviera aumentos en la cosecha de salmones. Además, el gobierno habría decidido “retener” los cargos que la SMA debía formular contra Australis por sus sobreproducciones.
La débil respuesta de la autoridad ambiental
Un reciente reportaje de Biobío dio cuenta de nuevos antecedentes en esta disputa: los nuevos controladores habrían amenazado y ofrecido pagos a testigos por declarar en contra de la administración de Quiroga y sus principales ejecutivos. De hecho, el ex gerente Legal de Australis, Rubén Henríquez, habría afirmado que Andrés Lyon, actual gerente general de Australis, “se comprometió a pagarme mi bono anual por algún hito del proceso de la SMA que teníamos que definir”, lo que vuelve a dejar un manto de dudas sobre cómo estos ejecutivos manipulan a las autoridades nacionales para evitar la fiscalización que corresponde.
Esta batalla legal entre los compradores y vendedores de una empresa, ha revelado un modus operandi claro y fino en sus propósitos delictivos; un engaño sistemático al Estado, a la institucionalidad nacional y a las comunidades. Nos hace preguntarnos cuántas historias más de esta índole podría esconder la industria salmonera, conocida por sus malas prácticas y con un largo prontuario (en diversas empresas) de infracciones graves a la legislación vigente.
Sin embargo, y pese a toda la información que de este mediático proceso ha emanado, la autoridad ambiental ha tenido un criterio laxo al sancionar las infracciones de Australis. Luego de que la compañía se autodenunciara por la sobreproducción de más de 80 mil toneladas de salmones en 33 de sus centros entre 2018 y 2021, la SMA ha aprobado ya 17 de los Programas de Cumplimiento presentados por la salmonera, aun cuando ya parece evidente que esta autodenuncia responde a una estrategia para perseguir a los antiguos controladores de la compañía, y un adelanto estratégico a las informaciones que se harían públicas al presentar estas querellas, y no a un interés real de la empresa para volver al cumplimiento.
El enfoque correctivo de la superintendenta Plumer nuevamente queda corto y muestra una falta de liderazgo francamente imperdonable con toda la información que se ha revelado.
Es de esperar que la SMA pueda sancionar como corresponde a los infractores y dar una señal clara de que en Chile este tipo de infracciones e, incluso, delitos no se tolerarán más. Es hora de mostrar una autoridad a la altura de las circunstancias.