Penas de hasta 35 años de cárcel está solicitando la Fiscalía por el fraude al interior de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, esto de acuerdo a la acusación que pide el juicio oral para dos exjefaturas y tres empresarios. Se trata de la segunda arista en el caso DAS, esta vez por contratos por casi $300 millones, sin que las obras se realizarán.

En la segunda arista del Caso DAS de Talcahuano, el Ministerio Público presentó la acusación por el pago de sobornos por parte de empresas particulares.

En concreto, a quien fuera uno de los jefes de la repartición municipal y todo con la supuesta complicidad de quien fuera el director de Salud. Se trata de los delitos de cohecho, soborno, fraude al fisco y lavado de activos.

Así, la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, acusó al exdirector de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano (DAS), Eduardo Domínguez; al exjefe de Abastecimiento, Juan Eduardo Garcés; y a los empresarios Fabián Gerli, Claudia Orrego y Paola Cifuentes, además de la distribuidora Luster.

De acuerdo a lo explicado por la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, la concertación entre los funcionarios públicos y los empresarios permitió defraudar a la Municipalidad de Talcahuano en casi 300 millones de pesos.

Lo anterior, por concepto de obras contratadas sin que los trabajos se realizaran y además se acusa que Juan Eduardo Garcés recibió una suma de casi $70 millones en coimas.

Las penas que se pide para los empresarios van desde los 3 a los 13 años de cárcel, mientras que el exdirector de la DAS enfrenta 6 años y la más alta es para el exjefe de Abastecimiento, respecto de quien la fiscal Aguayo busca tres sanciones que suman 35 años de prisión.

Defensa de exjefe de Abastecimiento de la DAS de Talcahuano irá al Tribunal Constitucional

La acusación no es compartida por la defensa de Garcés, el abogado Claudio Sandoval, quien adelantó que irá al Tribunal Constitucional para denunciar que se está imputando a su cliente delitos que hasta el año 2018 eran sancionados de forma menos severa.

La preparación del juicio oral fue programada por el Juzgado de Garantía para el próximo 4 de marzo, pero esa fecha podría quedan en stand-by si el Tribunal Constitucional admite a trámite el requerimiento anunciado.