Un juez de Ecuador dictó este miércoles prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los principales opositores del Gobierno del presidente Daniel Noboa, tras ser detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y defraudación tributaria.
La medida fue adoptada por el magistrado Jairo García, quien además ordenó la misma cautelar para los hermanos del jefe comunal, Xavier y Antonio Álvarez —este último presidente del club Barcelona de Guayaquil— y para otros dos imputados. En total, once personas están vinculadas al caso.
Los detenidos fueron arrestados durante la madrugada del martes en la ciudad de Guayaquil, la más poblada y principal motor económico del país, en el contexto del denominado caso “Goleada”. Según la Fiscalía, la investigación apunta a la supuesta existencia de un “entramado societario complejo” que habría corrompido a funcionarios y eludido controles estatales en la comercialización de combustibles.
Además de las prisiones preventivas, el juez dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de los procesados. Otras cinco personas deberán presentarse periódicamente ante la justicia y tienen prohibición de salir del país, mientras que un último imputado quedó con arresto domiciliario.
El alcalde de Guayaquil, electo en 2023 con el respaldo del movimiento Revolución Ciudadana —liderado por el expresidente Rafael Correa—, se ha consolidado como una de las principales figuras opositoras a la administración de Noboa. Desde ese sector han denunciado que la causa responde a una supuesta persecución política.
El abogado del alcalde, Ramiro García, criticó la decisión judicial y anunció que apelará la medida, asegurando que se dictó “sin un análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con la investigación” y que se está utilizando la prisión preventiva como una “pena anticipada”.
La defensa sostiene además que la investigación se basa en los mismos antecedentes del caso denominado “Triple A”, en el que Álvarez ya está procesado por una presunta comercialización irregular de hidrocarburos vinculada a su negocio familiar de estaciones de servicio. En esa causa, que aún está pendiente de juicio, el alcalde utiliza un grillete electrónico y debe firmar dos veces por semana ante la autoridad.
Antes de conocer la resolución, el abogado cuestionó que la acusación se sustente en una pericia de conversaciones de WhatsApp y en una denuncia anónima, asegurando que no existe documentación que pruebe delitos de lavado de activos o delincuencia organizada.
Hasta el exterior del juzgado llegaron simpatizantes del alcalde y dirigentes del correísmo, entre ellos el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien calificó como “una barbaridad” solicitar prisión preventiva contra una autoridad electa que, según dijo, ha cumplido sus medidas cautelares.
La Municipalidad de Guayaquil también rechazó la decisión judicial y convocó a una marcha pacífica para este jueves en respaldo a Álvarez. La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, afirmó que la ciudad “no tolera más atropellos ni renuncia a la legalidad como principio”.
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