Por "vulnerar su acuerdo de cooperación": imputado en trama bielorrusa arremete otra vez contra fiscal

El abogado Carlos Eduardo Lagos Herrera —figura clave e imputado por lavado de activos y soborno reiterado en la trama Bielorrusa— se querelló nuevamente contra uno de los fiscales de la causa, Marco Muñoz Becker. Esta vez, por infracción al deber secreto del acuerdo de cooperación que tenían entre ambos.

Se trata de una querella —tenida a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío— que fue interpuesta ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. En simple, en el escrito acusan al fiscal de divulgar información que era secreta.

Particularmente, Lagos señala que la declaración que prestó ante el Ministerio Público y el OS7 de Carabineros, fue compartida con distintos medios de comunicación. Dicha información surgió a raíz de un acuerdo de cooperación entre ambas partes. A juicio de Lagos, fue una completa vulneración a lo que, por ley, debía ser secreto.

Las diez horas

La declaración de Carlos Eduardo Lagos se extendió por diez horas aproximadamente. Ocurrió entre el 6 y 7 de enero en las dependencias del OS7 de Carabineros, donde fue trasladado desde el Centro Penitenciario Capitán Yáber.

Dicho testimonio era parte de un Acuerdo de Cooperación Eficaz entre ambos. Y en ese acuerdo, Lagos —abogado el Consorcio Belaz Movitec— confirmó ante la Fiscalía el pago de coimas a la pareja de la exministra Ángela Vivanco a cambio de fallos. También aseguró que contrataron al yerno del presidente de Codelco para forzar una negociación. En simple, movimientos políticos para obtener ventajas.

Según el mismo imputado cuenta en su denuncia, en la declaración de diez horas estaba presente otro fiscal adjunto y personal de Carabineros.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, el 15 de enero, una semana después de dicha declaración, Ciper publicó un reportaje que incluía parte de lo que él había contado frente al fiscal.

—Se divulgaron antecedentes específicos y detallados atribuidos a mi declaración ante el Ministerio Público en el marco de mi acuerdo suscrito ya mencionado, dando cuenta de información que se encontraba amparada por el deber legal de secreto —apunta Lagos en su querella.

Divulgación en medios

Pese al acuerdo de cooperación, Lagos se negó a firmar la declaración de diez horas. Según él, el contenido escrito no daba cuenta de lo que había atestiguado. La fiscalía, por su parte, asegura que el documento es una copia fiel de todo lo que dijo.

Sea como sea, dicho escrito se divulgó en distintos medios de comunicación. Al menos así lo estipula en la querella:

—Dicha filtración se materializó a través de publicaciones de prensa escrita y reportajes televisivos que revelaron antecedentes sensibles y reservados de mi colaboración, incluyendo información que solo podía provenir de las actas, registros o antecedentes generados en la diligencia dirigida por el Fiscal Muñoz Becker, a los cuales únicamente tuvieron acceso las personas directamente intervinientes en ella.

Puesto “en riesgo”

Esta divulgación “constituye una grave y flagrante infracción al deber de secreto”, según Lagos.

“El fiscal, Marco Antonio Muñoz Becker, en su calidad de director de la diligencia y custodio de la información sensible obtenida con ocasión del Acuerdo de Cooperación Eficaz, tenía la obligación legal de garantizar la reserva y confidencialidad de dichos antecedentes”, denuncia.

Con esto, Lagos asegura que “se ha puesto en riesgo” su seguridad e integridad personal.

Grilletes y esposas

Un artículo previo de Bío Bío Investiga expuso que el imputado ya se había querellado contra el fiscal Marco Antonio Muñoz Becker por apremios ilegítimos y presión psicológica.

Acusó que el mismo día que declaró, jamás le retiraron las esposas y grilletes, pese a que lo pidió en reiteradas ocasiones.

“Me generó un dolor intenso y lesiones visibles, lo que hice saber de manera expresa a todos los intervinientes presentes, solicitud que fue rechazada sin fundamento alguno pese a que me encontraba bajo custodia permanente, en un recinto policial, sin posibilidad real de evasión ni riesgo concreto que justificara la mantención de tales medidas de coerción”, expuso.