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La diputada Natalia Romero instó al Gobierno a actuar con contundencia ante las tomas ilegales que afectan diversas ciudades como Rancagua, San Antonio, Viña del Mar y Santiago, destacando la necesidad de desalojos para evitar la proliferación de ocupaciones sin consecuencias. Alertó sobre los graves problemas habitacionales y de seguridad que generan estos asentamientos, denunciando la presencia de delincuencia organizada en dichos lugares, incluyendo operaciones delictivas como el Tren de Aragua y tráfico de drogas. Asimismo, subrayó la vulnerabilidad de las familias expuestas a situaciones de riesgo en estos contextos y llamó a la aplicación de la ley y la búsqueda de soluciones habitacionales a través de mecanismos institucionales para evitar una mayor crisis de seguridad en el país.

La diputada Natalia Romero reiteró su llamado a que el Gobierno actúe con firmeza en las tomas que afectan a diversas ciudades del país, como Rancagua, San Antonio, Viña del Mar, Santiago y tantos otros lugares donde el problema se ha descontrolado.

“Espero que estos desalojos se concreten, porque representan una señal clara de que el Estado no puede permitir que la ocupación ilegal de terrenos siga proliferando sin consecuencias. En Rancagua somos testigos de los graves problemas que generan en todo su entorno”, señaló la parlamentaria.

La legisladora advirtió que la ocupación ilegal de terrenos no solo genera un problema habitacional, sino que también se ha convertido en un foco de delincuencia y crimen organizado.

“En distintas tomas del país se han encontrado operaciones del Tren de Aragua, casas utilizadas como centros de tortura y redes de tráfico de drogas”, denunció.

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La parlamentaria también subrayó que estos asentamientos, al no estar regulados ni contar con servicios básicos, terminan siendo espacios propicios para la comisión de delitos y la instalación de bandas criminales que operan con total impunidad.

“Muchas veces, las personas que habitan en estas tomas son utilizadas como escudos humanos por estas organizaciones criminales, dificultando aún más la acción de las fuerzas de seguridad y exponiendo a familias vulnerables a situaciones de alto riesgo”, agregó.

En esa línea, hizo un llamado a que el Gobierno haga cumplir la ley en todas las tomas del país y que, al mismo tiempo, se busquen soluciones habitacionales para las familias que realmente lo necesiten.

“Esto debe hacerse a través de mecanismos institucionales y no mediante la tolerancia a la toma de terrenos, que solo contribuye a la crisis de seguridad que enfrentamos”, enfatizó.