A sólo días de que inicie su funcionamiento la nueva Subsecretaría de Educación Superior y tras la bajada que hizo La Moneda del nombre de Carlos Williamson para asumir la conducción del organismo producto de sus críticas al Museo de la Memoria -donde condicionó las violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura- el Consejo de Rectores (Cruch) volvió emplazar al Gobierno para constituir una mesa técnica sobre la gratuidad.
Esta vez, la problemática se agudizó tras el fallo de la Contraloría que estableció que el beneficio que supone la letra A del artículo 108 de la Ley de Educación Superior, de pagar sólo el 50% del arancel regulado cuando se excede en un año la carrera, no se aplicará para aquellos que accedieron a la gratuidad entre los años 2016 y 2018 y que se atrasaron más de un año, por lo que no concluyeron sus estudios en el tiempo formal.
El vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, indicó que por una errónea interpretación que hicieron las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) se generó otro menoscabo económico para las instituciones, el cual esperan sean reparado por el Gobierno, a quien criticó por cuestionar la gratuidad y no hacer nada por mejorar su diseño.
Este nuevo problema se genera porque la Contraloría dio luz verde a las instituciones para que en esta anualidad puedan cobrar la totalidad del arancel y no el tope del 50% a los 15 mil estudiantes que a 2019 han perdido el beneficio por exceder el tiempo de la carrera.
El vicepresidente del G9 y rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, agregó que más allá de resarcir este error puntual del Mineduc es necesaria una mesa técnica para abordar el problema de aquellos estudiantes afectados por la resolución del ente fiscalizador.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, presentó a fines de junio un proyecto que pretende establecer que un universitario cuyo retraso supere el año y haya sido beneficiario de la gratuidad solo pague el 50% del arancel y no la totalidad del costo de la carrera.
No obstante, desde el Congreso, un grupo transversal de parlamentarios presentó una medida que busca que un estudiante universitario que se retrase en el cumplimiento de su malla curricular sólo pague un monto proporcional a la cantidad de asignaturas que deba volver a cursar y no el arancel total, como ocurre en la actualidad.
Planteles
En conversación con El Mercurio, el mismo Valle catalogó que la actual situación es un error del Ejecutivo “y no de los estudiantes. No vamos a trasladar el problema a ellos”, dijo el rector de la Universidad de Valparaíso.
Desde la Universidad de Chile, el rector Ennio Vivaldi indicó que cumplieron la instrucción de la cartera de Gobierno y que establecieron el cobro del 50% del arancel regulado para aquellos estudiantes con gratuidad entre 2016 y 2018 y que han acumulado más de un año de retraso en sus programas.
Por su parte, desde la Universidad de Talca, el rector Álvaro Rojas aseveró al matutino que “están a la espera de definiciones que se tomen entre el Cruch y el Mineduc. Lo más importante es que nuestros estudiantes puedan continuar sus carreras”, señaló.
