2026 no admite improvisaciones en política internacional

Este 2026 no admite improvisaciones en la política internacional. Y no lo digo como una frase de efecto, sino porque el propio Informe de Riesgo Político América Latina 2026 del Centro de Estudios Internacionales UC describe el año como un verdadero “punto de inflexión”, en un entorno internacional “más fragmentado, competitivo y menos previsible”, donde las dinámicas de poder se vuelven “más crudas y menos reguladas”, cercanas a una auténtica “ley de la jungla”.

En ese mundo, Chile ya no puede seguir actuando como si bastara con comunicados redactados con poesía o con diplomacia ideológica turquesa de la que fuimos espectadores con Boric. La región está entrando a una etapa donde mandan los hechos, la capacidad de ejecución y las alianzas que entregan resultados.

Y en ese marco, el rol internacional del presidente José Antonio Kast durante 2026 debe leerse como lo que realmente es: la oportunidad de reposicionar a Chile como un actor confiable, firme y relevante, en un continente que enfrenta amenazas simultáneas y que, además, está siendo empujado por la presión creciente de las grandes potencias.

El informe es explícito: el devenir de América Latina este año estará “fuertemente condicionado por la evolución política de Estados Unidos” y por su postura frente a Venezuela, así como frente a China y Rusia.

Nos encontramos en un momento de reconfiguración del orden mundial. Y si Washington se mueve, el hemisferio completo se reordena, y allí Chile debe decidir su posicionamiento.

Bajo la administración del presidente Kast, nuestro país tiene la opción de fortalecer su liderazgo regional con claridad estratégica. Y esa claridad parte de una verdad que muchos han querido eludir por años: el principal riesgo político regional no es teórico ni ideológico, sino la expansión del crimen organizado y su capacidad de capturar instituciones del Estado.

Según InSight Crime, en 2024 se registraron 121.695 homicidios en América Latina, con una tasa promedio regional de 20,2 por cada 100.000 habitantes, casi tres veces y media el promedio mundial. Y subraya lo esencial: esta violencia “no es episódica ni marginal”, sino un fenómeno sistémico que afecta gobernabilidad, seguridad ciudadana y calidad democrática.

Por eso, cuando hablamos de la alianza estratégica con Estados Unidos, no hablamos de un romanticismo diplomático ni de una subordinación automática, como caricaturizan algunos. Hablamos de algo infinitamente más serio: cooperación real, operativa, eficaz, que apunte a las estructuras criminales que cruzan fronteras, lavan dinero, trafican armas, controlan rutas y corrompen instituciones.

La región ya no enfrenta “delincuencia”, enfrenta economías criminales que compiten con el Estado. Y si el Estado no se coordina con sus aliados, esas redes se fortalecen.

Chile tiene la capacidad de empujar -y liderar- un estándar distinto: inteligencia compartida, coordinación judicial, persecución transnacional y presión efectiva contra los eslabones superiores del negocio criminal. Esta cooperación regional es, al mismo tiempo, defensa nacional en clave del siglo XXI.

En esta lógica aparece Venezuela, no como una noticia más, sino como el eje que reconfigura el mapa político de 2026. La caída del chavismo es el comienzo del desafío verdadero: transición con gobernabilidad.

Lo complejo es que cuando un régimen autoritario colapsa sin una salida ordenada, lo que se expande no es la democracia, sino el vacío. Y el vacío lo llenan los actores que mejor se adaptan al caos: facciones armadas, mafias, redes de contrabando y aparatos de coerción reciclados.

Chile, como país serio, no puede celebrar el fin de una dictadura para luego desentenderse del día después. Por lo mismo debemos trabajar en miras de sostener un apoyo firme a la estabilización venezolana, exigencia de institucionalidad, itinerario político verificable y cooperación regional para impedir que la transición derive en una nueva fábrica de violencia, migración descontrolada y crimen transnacional.

Porque si alguien aún cree que Venezuela “queda lejos”, basta mirar el diagnóstico que entrega el mismo informe sobre la migración en la región. Allí se describe la llamada “válvula de escape autoritaria”: regímenes como Venezuela, Nicaragua y Cuba utilizan la expulsión masiva de ciudadanos como estrategia de supervivencia política, transfiriendo costos políticos, sociales y fiscales a países receptores, entre ellos Chile.

En otras palabras, lo que ocurre en Caracas puede transformar la estabilidad social y política de Chile, Colombia o Perú en cuestión de meses.

Y ese impacto no se queda en lo humanitario: se cruza directamente con la seguridad. El informe advierte que en el Cono Sur, la gestión migratoria ha sido crecientemente capturada por narrativas de seguridad nacional y que el avance de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua ha instalado una asociación mecánica entre migración y delincuencia, con el riesgo de normalizar estados de excepción fronterizos y militarización permanente.

Ese es, precisamente, el lugar donde el presidente Kast puede marcar diferencia y recuperar la estatura internacional de Chile: construyendo un eje de seguridad regional que proteja a los países receptores de migración, que fortalezca la cooperación policial e inteligencia, y que respalde a las democracias amenazadas por economías criminales.

Chile tiene que pasar de ser receptor pasivo de consecuencias a ser actor que ordena, propone, presiona y coordina. Y aquí la alianza con Estados Unidos es clave porque, guste o no a los izquierdistas de siempre, es Washington el que está moviendo buena parte de las piezas estratégicas del hemisferio en 2026.