“¿Se creen revolucionarios todavía?”.
Así se expresaba Daniel Jadue (PC) respecto a la postura que tomó el gobierno frente a la invasión estadounidense en tierras venezolanas, a través de YouTube el pasado 6 de enero. Tres días después, conoció su futuro judicial: la Fiscalía Centro Norte comunicó el cierre de la investigación en su contra. Con esto, al exalcalde de Recoleta solo le queda esperar que el tribunal dicte la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral.
Según el escrito, Jadue —quien fuera electo alcalde de Recoleta durante tres periodos consecutivos—, a través de una serie de maniobras fraudulentas mientras era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP), ocasionó un perjuicio fiscal de $646 millones.
Aquí se cuenta la venta espuria de una camioneta de la asociación a una familiar del exbrazo derecho de Jadue, Matías Muñoz Becerra; transferencias a la pareja de esta última, el ocultamiento de bienes y el pago de coimas.
La bicicleta financiera llegó a tal punto que ocuparon dineros de un proyecto para financiar otros. Todo terminó con deudas a la Universidad de Concepción y con la liquidación forzosa de la entonces promisoria ACHIFARP.
COMPRAS SIN RESPALDO
La Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares fue creada en mayo de 2016, tras el éxito del modelo de farmacias populares impulsado por Jadue en Recoleta. Llegó a tener aproximadamente 91 municipalidades asociadas.
Su objetivo principal era adquirir medicamentos e insumos médicos de proveedores nacionales e internacionales en grandes cantidades para reducir costos. Su financiamiento provenía principalmente de recursos públicos transferidos por los municipios socios.
El documento judicial al que accedió esta Unidad de Investigación señala que habría sido utilizada para la realización de actividades empresariales no autorizadas. A ello se habría sumado una deficiente gestión financiera. Dicha situación derivó en deudas millonarias y en un proceso de liquidación forzosa decretado el 23 de agosto de 2022. Dejó una deuda inicial reconocida de casi $1.292 millones.
Según el escrito —analizado por Bío Bío Investiga—, entre junio y julio de 2020, Daniel Jadue, en su rol como presidente de la ACHIFARP, habría llegado a un acuerdo con la empresa Best Quality SpA para comprar diferentes tipos de insumos médicos por una cuantiosa suma: un total de $1.384.817.875 millones.
¿El problema? Según el documento judicial —al que accedió este medio—, esta acción violaba completamente los estatutos internos de la ACHIFARP, fundamentalmente en dos puntos: la asociación no disponía de los recursos financieros necesarios para adjudicarse esta compra, por lo que no tenía autorización del directorio, y no existía un requerimiento previo por parte de los municipios asociados. Es decir, se desprende de la acción judicial, compró productos que nadie le había pedido.
La operación se habría llevado a cabo mediante un acuerdo de palabra, sin un contrato de por medio. El trato se habría validado en el camino a través de las órdenes de compra, guías de despacho y facturas.
En concreto, el exalcalde de Recoleta habría utilizado el patrimonio de la ACHIFARP, es decir, recursos públicos, para la adquisición de “1.000 termómetros infrarrojos, 80.000 cajas de mascarillas de 3 pliegues, 290.000 mascarillas KN95, 220 cajas de guantes de nitrilo y 16.000 pecheras desechables con ojal, según dan cuenta 11 facturas emitidas por Best Quality Products SpA entre el 1 de julio y el 10 de noviembre de 2020”, dice el archivo judicial revisado por este medio.
Las especies —según consta en el documento— fueron entregadas entre el 1 de julio y el 16 de octubre de ese mismo año a la asociación. La mayoría habrían sido guardadas en bodegas, sin ningún tipo de uso, según dispone el escrito. Según la fiscalía, la entidad habría alcanzado a pagar $466.355.198 millones a la empresa. Esto le habría ocasionado un perjuicio directo de $931.398.518 millones al patrimonio de la ACHIFARP.
EL BRAZO DERECHO
En noviembre y diciembre del mismo año, bajo la misma lógica, continuaron las maniobras. Esta vez, lideradas por quien actuaba como secretario ejecutivo de la asociación, José Matías Muñoz Becerra. Según el escrito, habría instruido a funcionarios de la entidad la compra de insumos médicos a dos empresas: JEK SpA y V Exponencial SpA.
A la primera entidad se le habrían comprado 2 mil glucómetros con kit de tiras reactivas y 4 mil cajas de tiras reactivas y lancetas, por la suma de $49,1 millones, con el patrimonio de la ACHIFARP.
Con respecto a la segunda, desde la ACHIFARP se habrían adquirido 150 mil mascarillas KN95 y 400 mil mascarillas de tres pliegues de la empresa V Exponencial SpA por una suma total de $242,9 millones, pese a que existía un sobrestock de tal insumo.
Ambas transacciones —según estipula el libelo— se habrían ejecutado bajo las mismas infracciones estatutarias que en las compras realizadas por Jadue: falta de requerimiento y ausencia de aprobación del directorio. Además, tampoco se contaba con el dinero suficiente para adquirir estos materiales.
Según la acusación del Ministerio Público, el excandidato presidencial del Partido Comunista tenía total conocimiento de estas operaciones. Sin embargo, habría optado por no realizar ningún tipo de control y fiscalización en su calidad de presidente, “consintiendo en ese modo en la defraudación”, dice el documento acusatorio.
Las compras habrían generado un perjuicio de $75,4 millones al patrimonio de las farmacias populares.
PRÁCTICAS PARALELAS
Paralelamente a estas compras, se habrían realizado otras operaciones que habrían afectado de manera directa las arcas de la entidad fiscal.
En septiembre de 2020 —según el escrito— se habría vendido una camioneta Mitsubishi de propiedad de la ACHIFARP a Daniel Arredondo Parra, pariente de Muñoz Becerra, en $11,8 millones. Según estipula el documento, la operación habría sido desventajosa para la asociación, ya que el pago se habría pactado en 50 cuotas, sin generar liquidez inmediata y, para colmo, el comprador solo habría llegado a pagar $6 millones. La operación le habría generado un perjuicio de $5,8 millones al patrimonio de la agrupación.
Además, Jadue y Muñoz habrían impulsado la creación de una farmacia comercial bajo el nombre de “Centro Médico y Farmacia Popular” en Providencia. Según el documento, esta acción constituía una actividad empresarial que está explícitamente prohibida por ley para este tipo de asociaciones.
Según la investigación liderada por el Ministerio Público, el proyecto habría generado gastos de $104 millones por concepto de arriendo y remodelación, los que habrían agravado la crisis financiera de la ACHIFARP.
Las malas prácticas no habrían cesado ahí. El archivo judicial da cuenta de una irregularidad cometida en 2021. En dicha fecha, Muñoz Becerra habría dado una orden específica a un grupo de funcionarios de la asociación: liquidar un sinnúmero de mascarillas en un remate. Según la acusación, el material habría sido vendido a precios irrisorios y sin respaldo contable.
Ello habría generado una pérdida de más de 4 millones de mascarillas, avaluadas en casi $1.500 millones. Para encubrir esta actividad, se habría emitido una factura ideológicamente falsa a la empresa MZ Asociados SpA, de un amigo de Muñoz, según consta en la indagatoria.
Mientras la asociación ya arrastraba deudas millonarias y no tenía dinero suficiente para pagar a sus proveedores, en 2021 —según da cuenta la investigación— se habría registrado un aumento injustificado de sueldos al personal de la ACHIFARP.
Según información recabada por Bío Bío Investiga, se habría experimentado un incremento de un 86%: la planilla de sueldos, remuneraciones y honorarios de los trabajadores pasó de $175 millones en 2020 a $32 millones en 2021.
La suma de todas estas operaciones habría llevado a un colapso total de la estructura financiera de la ACHIFARP. Una deuda de $1.291 millones que habría llevado a la entidad a la quiebra, lo que finalmente se tradujo en una liquidación forzosa.
EL INTERFERÓN
Hay más. El 12 de junio de 2020 —según da cuenta la acusación—, la ACHIFARP firmó un convenio con la Universidad de Concepción. ¿El objetivo? El desarrollo de un medicamento que pudiese servir como alternativa terapéutica en el tratamiento del Covid-19: el interferón alfa 2b, destinado al tratamiento de infecciones respiratorias.
Según la indagatoria, la asociación —a través de Daniel Jadue, su presidente— se comprometió con la institución universitaria a financiar el proyecto con un monto total de $229,7 millones. El plan se dividía en tres hitos: obtener los permisos sanitarios del ISP (hito 1), demostrar que el fármaco era seguro (hito 2) y la fase de fabricación (hito 3).
El proyecto —según esgrime el organismo persecutor— se habría estancado en el primer paso. Si bien el ISP había aprobado los planos y la instalación del laboratorio, no habría permitido producir ni vender el fármaco.
Además de la negativa por parte del organismo, la ACHIFARP no habría entregado el financiamiento necesario a la casa de estudios. Según el libelo, la Universidad de Concepción habría recibido solo $25 millones, monto insuficiente incluso para instalar el laboratorio.
EL ENGAÑO AL CONCEJO MUNICIPAL
En la ACHIFARP necesitaban pagar deudas. Para ello, Jadue, junto a Muñoz Becerra y la directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta, María Eugenia Chadwick Sendra, habrían enhebrado un plan para hacerse de recursos municipales y así salir de la morosidad.
Según el documento judicial, Chadwick elaboró la “Minuta de Concejo Municipal abril 2021”, donde habría asegurado falsamente que el Instituto de Salud Pública había dado el visto bueno para la fabricación masiva de las dosis de interferón.
Con esta minuta, Jadue, en la sesión del 27 de abril de 2021, afirmó ante el concejo municipal que ya se habían concedido todos los permisos y solicitó $204.976.800. Estos serían destinados al financiamiento del proyecto.
Finalmente —según el archivo judicial—, bajo este engaño y tras firmarse un convenio entre la ACHIFARP y la municipalidad, el concejo habría aprobado el aporte. Jadue —quien formaba parte de este en su condición de alcalde— habría liderado esta maniobra a pesar de estar consciente de que no se cumplía con los requisitos.
Luego de tener el monto a su disposición, Jadue y Muñoz Becerra no lo habrían transferido a la Universidad de Concepción para desarrollar el fármaco. Según estipula el libelo, se habrían apropiado del dinero para pagar deudas acumuladas de la ACHIFARP con otros proveedores, como, por ejemplo, Best Quality.
Finalmente, el proyecto fracasó y la UdeC se retiró del convenio en abril de 2022. Unas 5 mil dosis experimentales que se habían alcanzado a fabricar tuvieron que ser incineradas y destruidas: el ISP determinó que no eran aptas para uso humano.
COMPRAS SIMULADAS
La investigación llevada a cabo por la fiscalía también acusa la utilización de compras directas simuladas para transferir fondos desde el municipio a la asociación.
Según da cuenta el documento judicial, desde la Municipalidad de Recoleta se habría aprobado, sin un previo proceso de licitación, la compra de prótesis auditivas por $99 millones. El jefe de Salud de ese momento, Eduardo Sendra Arratia, habría emitido un informe técnico falso que argumentaba “dependencia tecnológica inexistente”. Es decir, que solo los audífonos que vendía la ACHIFARP eran compatibles con los del municipio.
Al no licitar, se habría pagado un sobreprecio de $34 millones en comparación al precio de mercado. Además, se habría realizado otra compra por $58 millones para adquirir kits de glucómetros. Según la fiscalía, Sendra habría justificado esta compra tras sostener que se trataba de una urgencia, a pesar de que la municipalidad contaba con stock suficiente.
Como prueba de la falsedad, la acusación dice que los insumos fueron encontrados vencidos y sin usar en las bodegas municipales.
SOBORNOS Y LAVADO
La acusación describe dos episodios puntuales de cohecho. En 2020, José Matías Muñoz Becerra habría aceptado pagos por $33 millones de la empresa Best Quality Products SpA. ¿A cambio? La adjudicación del contrato fraudulento. Los sobornos se habrían entregado en efectivo y a la cuenta bancaria de su pareja.
Con respecto a Jadue, se le acusa de aceptar un beneficio económico a cambio de concretar el negocio con Best Quality. El beneficio habría consistido en una bonificación de productos (alcohol gel, mascarillas y guantes), avaluados en aproximadamente $19 millones. Habría sido entregado directamente en la sede del Partido Comunista de Recoleta.
Por otra parte, los delitos imputados abarcan el engaño a terceros y la apropiación directa de fondos.
Se acusa a Jadue de engañar a la empresa Best Quality al mostrar una apariencia de solvencia y capacidad económica desde la ACHIFARP, cuando la situación real distaba mucho de aquello. El engaño habría inducido a la empresa a entregar la mercadería, generándole un perjuicio de más de $931 millones.
Según el documento judicial, Jadue y Muñoz Becerra habrían ocultado bienes de la ACHIFARP durante el proceso de quiebra. En concreto, habrían escondido maquinaria para fabricar prótesis auditivas, entregándola a otra fundación para evitar que fuera incautada por el liquidador y destinada al pago de los acreedores.
También se acusa a Muñoz Becerra de malversación de caudales públicos. En concreto, de sustraer $31,9 millones de los fondos públicos de la ACHIFARP. El desvío se habría realizado mediante dos mecanismos: transferencias por $13,4 millones a la empresa de un socio (MZ Asociados) y la apropiación de $18,4 millones para sí mismo, disfrazando los retiros como préstamos personales que nunca fueron devueltos.
Según la acusación, Muñoz habría realizado diferentes maniobras ilícitas que configurarían el delito de lavado de activos. Concretamente, habría utilizado las cuentas de su pareja y socios como testaferros para recibir fondos ilícitos. Estos luego eran integrados al sistema financiero bajo dos modalidades: pago de tarjetas de crédito y depósitos en efectivo, con el objetivo de mezclar el dinero sucio con fondos lícitos y, de esta manera, despistar.
En la misma línea —según detalla el documento— Muñoz Becerra se compró un Peugeot con dinero en efectivo de origen ilícito.
A LA ESPERA DEL JUICIO
Aún resta esperar que el tribunal fije la audiencia de preparación de juicio oral contra los imputados Óscar Daniel Jadue Jadue, José Matías Muñoz Becerra, María Eugenia Chadwick Sendra y Eduardo Carmelo Sendra Arratia.
Por lo pronto, el próximo 30 de enero, en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, se llevará a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar que pesa sobre el exalcalde de Recoleta, es decir, arresto domiciliario.
Al expresidente del directorio de la ACHIFARP se le imputan los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. La Fiscalía Centro Norte solicita un total de 18 años y 10 días de presidio contra Jadue.
Desde la Unidad de Investigación de Bío Bío se tomó contacto con la Defensoría Penal Pública, específicamente con Jessica Aguilera Arteaga, la defensora local jefe de Estación Central. Sin embargo, desde el organismo evitaron entregar mayores detalles sobre el caso y sostuvieron que presentarán todos los argumentos en la audiencia de preparación pertinente.
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