A través de una mesa técnica y el envío de un proyecto de ley, el Ministerio de Educación busca resolver la dificultad generada a partir de un dictamen de la Contraloría General de la República, que deja sin gratuidad a los estudiantes que se retrasen más de un año en sus carreras.
El objetivo del proyecto es que en un texto legal quede claro que en caso de que un estudiante se retrase en su plan anual de estudios, sólo pague el 50% del arancel y no la totalidad del costo de las carreras universitarias.
Así lo anunció la ministra Marcela Cubillos, quien sostuvo que aunque no descarta la solicitud de una reconsideración ante la Contraloría General de la República, tras el dictamen que establece que las universidades podrán exigir el 100% del pago del arancel en caso de retraso de los estudiantes.
También anunció que enviarán un proyecto que establezca con claridad que dicho cobro no podrá exceder el 50% del arancel anual.
En tanto, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, llamó los poderes Ejecutivo y Legislativo a buscar las vías de solución por el perjuicio que genera principalmente a los estudiantes este dictamen de la Contraloría General de la República.
