El nuevo gabinete entrante: signo de un Estado capturado

La crisis de Chile, que para algunos es política, judicial, económica o criminal varía de acuerdo a los intereses. Lo cierto es que no se trata de una sola crisis, sino de un profundo descalabro de la gestión pública: la captura del Estado por una élite que se reproduce a sí misma bajo el disfraz de la renovación.

Cada cambio de gobierno promete rostros nuevos, pero lo que regresa una y otra vez es el mismo patrón. El de profesionales formados en circuitos elitistas y endogámicos que da a luz a expertos en administrar el poder, pero ajenos al trabajo real que exige la gobernanza.

El sistema de justicia es quizá el espejo más crudo de esta contradicción. Mientras se acumulan informes sobre crisis ética, ineficiencia y desafección ciudadana; la clase política sigue una lógica gatopardística en la que cada cierto hito social -como el que fuera el octubrismo- promete cambiar.

Sin embargo, sigue mirando al horizonte, pero por sobre el hombro de la ciudadanía, ignorando a quienes hacen funcionar diariamente el servicio público, a tribunales, servicios de salud, etc. Paradójicamente es en estos espacios donde abunda la formación técnica, la disciplina, la eficiencia y una probidad que rara vez recibe reconocimiento.

Chile se proclama como un Estado meritocrático, pero opera como en la más rancia de las aristocracias. Donde los títulos nobiliarios o universitarios no solo ordenan salarios, sino dignidades.

La carrera y el MBA abren abren puertas y clausuran ventanas para otros en nombre del mérito. Así, el Estado reproduce esa desigualdad estructural que desprecia el valor social del trabajo técnico y administrativo, aun cuando ese trabajo es indispensable para que los derechos existan más allá del discurso.

Desde el mundo gremial con el que me identifico —un espacio que la política profesional suele mirar con condescendencia— se ha levantado una crítica persistente a este modelo.

No una crítica abstracta, sino una palpable: salarios que no reconocen formación, funciones esenciales invisibilizadas, trabajadores públicos tratados como engranajes reemplazables. Propuestas como una asignación técnica universal o la ampliación del ius postulandi no son privilegios corporativos; son correcciones mínimas a una injusticia estructural.

La izquierda debería reconocer aquí una interpelación directa. No hay transformación social posible si el Estado reproduce, en su interior, las mismas lógicas de exclusión que dice combatir. No hay justicia social si quienes sostienen la institucionalidad pública siguen siendo considerados mano de obra secundaria frente a una élite profesional que monopoliza reconocimiento, poder y relato.

Resulta revelador que estas propuestas hayan recibido saludos, gestos y validaciones simbólicas desde distintos sectores del poder. Revelador, pero también inquietante. Porque en la política chilena el saludo suele reemplazar al compromiso, y el reconocimiento retórico funciona como mecanismo de neutralización. Se valida la idea para no ejecutarla. Se elogia al actor para mantenerlo fuera de la decisión.

En este punto, la discusión deja de ser sectorial y se vuelve política en sentido pleno. ¿Queremos un Estado administrado por los mismos de siempre, con nuevos slogans? ¿O uno que se construya desde el trabajo concreto, desde la experiencia acumulada de quienes conocen sus fallas desde adentro, sin haber sido nunca parte del reparto del poder?

La verdadera renovación no vendrá de los recambios de gabinete ni de los nombres reciclados con biografía corregida. Vendrá —si es que viene— de liderazgos forjados fuera del confort político, en el mundo gremial, en la organización persistente, en la defensa cotidiana de la dignidad del trabajo público.

Tal vez por eso incomodan. Porque no responden al molde. Porque no deben su trayectoria al padrinazgo partidario. Porque ponen en cuestión una verdad incómoda: que el Estado chileno no necesita más expertos en gobernar, sino personas que sepan trabajar con y para quienes nunca han sido escuchados.

Esos técnicos, ¿dónde están?. Probablemente trabajando para que los operadores políticos brillen. En una patria de títulos vaciados de contenido social, la labor de una oposición y un oficialismo en nueva construcción tiene una tarea pendiente: decidir si seguirá administrando el mismo orden con lenguaje distinto, o si se atreverá, por fin, a disputar el sentido del mérito, del trabajo y del poder desde abajo.

A veces, la alternativa no se proclama. Simplemente existe bajo un Estado capturado por los títulos nobiliarios.

Carlos Pontigo Retamal
Presidente Asociación Técnicos Jurídicos