Cuando los valores se centran en “tener más” para aparentar “ser más”, lucir las marcas en el exterior de la ropa, cuando todo es competir “contra” el otro, se agudizan las tensiones en todos los niveles y se deteriora la convivencia, porque el objetivo es estar por sobre el otro. Valores como la justicia, el respeto, el afecto, la colaboración, la verdad, la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, aparecen como cuestiones excepcionales en ciertas situaciones límites o marcados por una tendencia ideológica o una manipulación política.

Un tremendo olvido

Las ideas se amontonan, porque el mundo no cesa de entregarnos noticias, informaciones e incluso silencios que debemos comentar. En lo nuestro, tan criollo, y en el resto del mundo.

Y en ese mundo se nos olvida África, donde anidan la pobreza, las dictaduras, la violencia y muchas de las más atroces formas de corrupción.

Países con recursos naturales y grandes inversiones de potencias europeas, que mantienen focos de miseria, sectores sin mínimas atenciones de salud (peor que las listas de espera, porque no hay nada que esperar), zonas sin electricidad y con una infraestructura caminera deplorable, mientras se gastan millones en armamentos y los gobernantes viven “a cuerpo de rey”, con autos de lujo y las riquezas sobrantes.

La guerra de Sudán, las dictaduras de Egipto y otros países, la miseria del centro del continente, son noticias que no llegan a nuestros medios de comunicación. A riesgo de parecer exagerado, en la televisión hay más programas sobre los animales de África que sobre las personas de ese continente.

El mundial de fútbol que se hará en Marruecos en unos años más, quizás ponga la mira al menos en el sector arabizado del continente y deseo que eso abra puertas para una mayor preocupación por esos millones de personas.

¿Cómo andamos por casa?

Pero tampoco hay que olvidar lo que sucede entre nosotros en América, donde la riqueza está tan mal repartida que unas minorías tienen un nivel de vida de país desarrollado y las mayorías padecen una pobreza dramática -sin vivienda digna, sin salud, con pocos ingresos, mala educación, precaria asistencia social, escasez cultural, malos tratos y abusos– muchas veces matizada por una tecnología que hace que muchos quieran –y logren– tener teléfonos celulares, televisores “inteligentes”, viajar aunque sea endeudados, adquirir automóvil o moto, acceder a la comida chatarra.

Mientras, las clases medias de profesionales, pequeños empresarios de la producción y del comercio, se ven tironeados por la aguda “necesidad” de ascender en la escala social teniendo más cosas que lucir, al mismo tiempo que son castigadas severamente con una carga tributaria superior a lo razonable e ingresos que se ven constantemente menguados, todo eso en medio de las presiones sociales para comprar desmedidamente todo lo que la publicidad incita.

Los valores

En medio de eso está el tema de los narcotraficantes, los delitos de “cuello y corbata” para llamar elegantemente a los fraudes, estafas, usurpaciones, distintas formas de corrupción de los aparatos públicos con fondos y objetivos privados.

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Sobre el tráfico de drogas debo ser muy claro: hay tráfico porque hay consumidores; y hay tráfico a gran escala, porque hay muchos consumidores y eso se da en sectores medios y altos, económicamente hablando, en la sociedad.

Cuando los valores se centran en “tener más” para aparentar “ser más”, lucir las marcas en el exterior de la ropa o hasta usar bolsas con publicidad para llevar las compras (para molestar un poco, más de una vez voy a un supermercado con una bolsa que publicita a su competencia), justamente cuando todo es competir “contra” el otro, se agudizan las tensiones en todos los niveles y se deteriora la convivencia, porque el objetivo es estar por sobre el otro.

Valores como la justicia, el respeto, el afecto, la colaboración, la verdad, la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, sólo aparecen como cuestiones excepcionales en ciertas situaciones límites o marcados por una tendencia ideológica o una manipulación política.

Un candidato presidencial proponía eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos por considerarlo “izquierdista” y como tal no puede tener apoyo estatal.

Los Derechos Humanos no son patrimonio de la izquierda, no sólo porque los promotores de la declaración de 1948 –y redactores de la mayor parte de su texto– fueron el chileno Hernán Santa Cruz, de izquierdista nada, y la estadounidense Eleanor Roosevelt, esposa del que fuera presidente de ese país, lo que bastaría para entender su dimensión amplia, sino porque quienes hemos luchado por su vigencia universal hemos criticado con igual dureza a dictadores como Stalin, Hitler, Pinochet, Idi Amín, Somoza, la dinastía de Arabia, el gobierno de Israel y todas las otras dictaduras, incluyendo las que han afectado a los países del antiguamente llamado “Tercer Mundo” (América Latina, África y parte de Asia).

A propósito de una sentencia

El caso de Gustavo Gatica –tan sonado en los últimos días– vuelve a poner de relieve el tema de la seguridad, de la justicia, de la interpretación de la ley (función eminentemente judicial).

Efectivamente en el mundo hay inseguridad, porque los delincuentes hoy tienen acceso a un armamento que antes les era muy lejano. En Chile, la cosa se torna peor cuando muchas de las armas que están en poder de los delincuentes han sido sacadas de los depósitos de las Fuerzas Armadas o de Carabineros mediante procedimientos diversos teniendo, además, la capacidad de fabricarlas, modificarlas o internarlas por distintos procedimientos.

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Más grave es, cuando esos delincuentes cuentan con el apoyo de funcionarios ligados al Poder Judicial, a los encargados de las cárceles, a las policías, a políticos como pueden ser algunos alcaldes, diputados o simplemente dirigentes con cuotas de poder.

Claro, en el caso de Gatica, ahora elegido diputado, la pregunta es si él, protestando a gritos frente al que le disparó –a 30 metros de distancia– constituía o no un peligro letal para el alto oficial al mano de sus tropas.

Porque llevar las cosas al “contexto”, sitúa la legítima defensa de los policías o militares en una situación inmanejable para un juez, porque se podría aplicar a cualquier contexto en el cual el que tiene las armas por encargo del Estado puede “sentir” suficientemente en riesgo su vida cuando hay gente protestando o desarrollando alguna conducta que el agente estime de peligro.

Recuerdo el caso de aquel hombre que estaba agachado (tal vez para atar su zapato) al lado de un bus de Carabineros y que los policías supusieron que estaba ejecutando un atentado (bomba, dijeron) y lo golpearon provocando lesiones que en pocas horas lo llevaron a la muerte.

Pasaría a ser lícito entrar a sangre y fuego a una población en donde se tiene información de que vive gente con armamento capaz de combatir a los policías, situación en la cual los heridos y muertos que no sean agresores de policías serán siempre un “lamentable daño colateral”.

Hemos visto suficientes abogados serios –incluso profesores universitarios no izquierdistas– protestar por este fallo de la justicia, que aún puede ser objeto de recursos. (No es que confíe en la Corte Suprema, pero siempre ese tribunal nos puede sorprender).

La delincuencia

He sido víctima de delitos de robo, hurto, agresiones de variado tipo, tanto en Chile como en Uruguay y en México. Todo país será considerado inseguro por la víctima, pero cuando miramos la situación general, Chile y Uruguay, aún hoy, son países en los que vemos a jóvenes y ancianos paseando sus perros en la noche o al atardecer.

Por supuesto Eugenio Berríos no pudo experimentar la paz y la seguridad de Uruguay, como tampoco los carabineros asesinados en Los Álamos u otras víctimas de delincuentes en las ciudades chilenas. Alguien agregaba, a propósito de la violencia intrafamiliar, que ni siquiera se está seguro en casa. El parricidio de Julia Chuñil es una muestra de ello.

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El tema de la seguridad –eje del discurso del presidente electo señor Kast– estará sometido a escrutinio. ¿Bastaría con definir que el contexto es violento y atacar con fuerza bélica, militar o policía, que no hacen diferencia, los lugares en que pueden instalarse delincuentes? ¿O decir, como dijo la candidata de la UDI, “al cementerio con ellos”, dando muerte a todo aquel del que se sospecha su carácter de delincuente? ¿Una especie de pena de muerte extrajudicial?

La urgencia y la emergencia

¿Cómo se combatirá el crimen organizado, especialmente estafadores de “alta gama” y narcotraficantes, desde la nueva autoridad de gobierno? Son preguntas que van quedando sobre la mesa.

Porque el gobierno de emergencia que se ha propuesto no tendrá que bajar la inflación, como en Argentina; no deberá impedir los accesos masivos al país como en Estados Unidos, porque eso ya ha bajado; no hará reformas previsionales ni bajará los impuestos a los sectores populares; no pondrá coto a los abusos de las grandes empresas, particularmente en materia de salud (Isapres, clínicas, laboratorios farmacéuticos); no necesitará aumentar el gasto en armamento.

¿Entonces podrá ocuparse de otras “urgencias permanentes”?

Tal vez la urgencia de hoy sea cambiar el eje valórico de la sociedad y buscar aquello que nos puede llevar a ser mejores personas, desarrollarnos cultural y cívicamente, fortalecer la democracia, mejorar la colaboración, poner freno a las ganancias desmedidas y terminar con los abusos.