En un mundo donde la estrategia de seguridad nacional estadounidense se define cada vez más por la "competencia entre grandes potencias", Irán ya no es solo un asunto regional, sino parte del tablero de ajedrez global.

La política de Estados Unidos hacia Irán, especialmente durante la era Trump, se ha enmarcado discursivamente en un lenguaje familiar pero peligroso: el del “apoyo al pueblo”, los “derechos humanos” y la “necesidad moral” de la presión.

Este lenguaje, que en la literatura de política exterior estadounidense suele describirse como “intervención humanitaria” o “responsabilidad de proteger”, se ha utilizado durante mucho tiempo para justificar presiones, sanciones, operaciones encubiertas e incluso guerras a gran escala.

Desde los Balcanes en la década de 1990 hasta Afganistán, Irak, Libia y Siria, las sucesivas administraciones estadounidenses han intentado repetidamente presentar las acciones coercitivas no solo como la búsqueda de intereses nacionales, sino como esfuerzos morales para salvar a las naciones de la tiranía, la represión y la catástrofe humanitaria.

Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que este lenguaje moral ha servido con mucha más frecuencia como instrumento discursivo para legitimar proyectos basados en cálculos geopolíticos y geoeconómicos rigurosos que como una auténtica guía para la formulación de políticas.

Irán, China y Rusia

En el caso de Irán, la situación no difiere fundamentalmente de este patrón general. Si bien los funcionarios estadounidenses enfatizan constantemente que «nuestro problema no es con el pueblo iraní, sino con el régimen iraní», y aunque las sanciones y la presión se presentan discursivamente como herramientas para «apoyar al pueblo» y «elevar el costo de la represión», en realidad, la política estadounidense debe entenderse dentro de un marco mucho más amplio: el de la competencia entre grandes potencias, la construcción del orden regional en Asia Occidental, la preservación de la posición estratégica de Israel y, sobre todo, la contención de China y Rusia.

En realidad, en esta constelación, Irán no es un problema de derechos humanos ni un problema nuclear; es un nodo estratégico ubicado en la intersección de varias líneas principales de competencia global.

Desde la perspectiva de Washington, Irán es un actor que desafía el orden diseñado por Estados Unidos en la región: a través de su influencia regional, su oposición estructural a la presencia militar estadounidense, sus alianzas estratégicas con Rusia y China, y su posición geopolítica que afecta tanto a los corredores energéticos como a las rutas de conectividad Este-Oeste.

En un mundo donde la estrategia de seguridad nacional estadounidense se define cada vez más por la “competencia entre grandes potencias”, Irán ya no es solo un asunto regional, sino parte del tablero de ajedrez global.

La creciente relación económica y energética entre Irán y China, en particular, significa que la estabilización y normalización de la posición de Irán podría fortalecer la postura estratégica de China en una de las regiones más sensibles del mundo. Por esta razón, la presión sobre Irán cumple una doble función: debilitar a un actor regional incumplidor y limitar el espacio estratégico disponible para el principal rival global de Estados Unidos.

En este contexto, el lenguaje de “apoyar al pueblo iraní” funciona menos como una declaración de objetivos genuinos y más como una excusa normativa y moral.

Separación discursiva entre pueblo y gobierno

La experiencia con sanciones integrales ha demostrado que, incluso cuando dichas medidas se describen oficialmente como “selectivas” o “inteligentes”, en la práctica tienen efectos profundos y estructurales en la sociedad en su conjunto: desde la devaluación de la moneda y las dificultades para importar medicamentos y bienes esenciales hasta la presión sobre la producción, el empleo y el nivel de vida en general.

La separación discursiva entre “el pueblo” y “el gobierno” es, por lo tanto, más un recurso político que una realidad empírica, ya que la amplia presión económica inevitablemente se extiende a la sociedad en su conjunto y transforma la vida cotidiana de millones de personas.

El objetivo implícito de esta presión no es simplemente cambiar una política específica, sino generar erosión interna y una reconfiguración del equilibrio entre el Estado y la sociedad, algo que podría describirse con mayor precisión como una forma de ingeniería social impulsada externamente en lugar de humanitarismo.

Para comprender los peligros de este enfoque, es inevitable volver a las experiencias de Irak y Afganistán. La guerra de 2003 en Irak se justificó mediante una combinación de argumentos de seguridad (armas de destrucción masiva) y promesas morales (liberar al pueblo iraquí de la dictadura).

Sin embargo, el resultado no fue el establecimiento de una democracia estable, sino el colapso del Estado, la violencia sectaria, el auge del terrorismo y una inestabilidad regional crónica.

La brecha entre la retórica moral y la realidad estratégica se hizo patente: un lenguaje que pretendía legitimar el “rescate” terminó justificando una de las intervenciones más costosas de la historia moderna.

Afganistán cuenta una historia similar. Una intervención que comenzó con un amplio apoyo internacional y objetivos aparentemente claros se convirtió gradualmente en un proyecto de veinte años de construcción del Estado e ingeniería política, para culminar en el rápido colapso del orden construido externamente en 2021 y el regreso de los talibanes. Esta experiencia puso de manifiesto los límites fundamentales del poder externo en la reconstrucción de sociedades complejas.

Estos dos casos sirven como serias advertencias para cualquier política que, implícita o explícitamente, apunte a un “cambio de régimen” o una “transformación estructural desde el exterior” en Irán.

Irán no es un Estado débil ni colapsado, sino un país con estructuras institucionales profundamente arraigadas, una sólida identidad histórica y una compleja red de relaciones regionales. Cualquier desestabilización a gran escala de un país así tendría consecuencias mucho más allá de sus fronteras: desde perturbaciones en los mercados energéticos hasta la propagación de la inseguridad regional e incluso repercusiones en las relaciones entre grandes potencias.

El enfoque de la administración Trump puede describirse como “máxima presión sin la ilusión de construir una nación”. A diferencia de la administración Bush en Irak o de los primeros años de la intervención en Afganistán, aquí se habla mucho menos de reconstrucción o de construir un nuevo orden.

El enfoque principal se centra en la coerción, la disuasión, el aislamiento y en obligar a la otra parte a aceptar términos que, en la práctica, equivaldrían a cambios fundamentales en el comportamiento y el papel regional de Irán.

Sin embargo, esta estrategia en sí misma oscila entre dos polos opuestos: por un lado, el lema de “paz mediante la fuerza” y, por otro, la amenaza, implícita o explícita, del uso de la fuerza. Esta es la paradoja clásica de la diplomacia coercitiva: la presión tiene como objetivo prevenir la guerra, pero también puede allanar el camino a la escalada y a un conflicto no deseado.

Discurso humanitario

En este contexto, el uso instrumental del discurso humanitario desempeña un papel crucial en la gestión de la opinión pública nacional y aliada. Este lenguaje encapsula una política de presión en términos morales y normativos, presentándola no como una simple búsqueda de poder e intereses, sino como una línea de acción responsable y ética.

Sin embargo, una vez que se analiza a fondo, la lógica subyacente es la de la competencia por el poder, la construcción del orden regional y la contención de los rivales. En otras palabras, el «humanitarismo» es más un vocabulario que una estrategia.

El mayor peligro de este enfoque reside en la ilusión de una escalada controlable. La experiencia de las últimas décadas demuestra que las intervenciones y las intensas campañas de presión rara vez se desarrollan según su escenario original.

Las cadenas de acción y reacción, la lógica de la disuasión mutua, el papel de los actores indirectos y las sensibilidades estructurales de la región pueden generar rápidamente una situación que escape al control de sus creadores originales.

En el caso de Irán, este riesgo es aún mayor, ya que posee importantes capacidades asimétricas, una amplia influencia regional y la capacidad de afectar puntos críticos como el estrecho de Ormuz. Por lo tanto, cualquier confrontación grave probablemente tendría repercusiones globales.

En conclusión, a pesar del uso prominente del discurso humanitario, la política estadounidense hacia Irán es, en esencia, un proyecto estratégico arraigado en la lógica de la competencia entre grandes potencias y la construcción del orden regional.

Las experiencias de Irak y Afganistán demuestran que mezclar el lenguaje moral con instrumentos coercitivos no solo no garantiza mejores resultados humanitarios, sino que puede conducir a catástrofes cuyos costos recaen, sobre todo, sobre las sociedades y los civiles.

Si el verdadero objetivo es una paz y estabilidad duraderas, no se logrará mediante la máxima presión ni la instrumentalización de la retórica humanitaria, sino mediante un replanteamiento de la seguridad, la aceptación del pluralismo de poder y la transición hacia acuerdos de seguridad más inclusivos y cooperativos.

De lo contrario, la dicotomía de «paz o guerra» no será una elección moral, sino un mero cálculo estratégico, cuyas consecuencias podrían extenderse mucho más allá de las fronteras de cualquier país o región.