La ineficiencia y respuesta tardía del Gobierno ante una emergencia previsible

Nuevamente los chilenos estamos siendo testigos impotentes de como zonas importantes del sur de nuestro país, zonas agrícolas, ciudades y pueblos han sido arrasados por las llamas incontrolables; mientras que miles de familias han debido abandonar sus casas, que en minutos han sido devoradas por el fuego.

¿Era algo que se podía prever?…sin duda que sí. Cualquier chileno que viera desde hace varios días en los medios de comunicación, la información de las altas temperaturas y las condiciones climáticas que se esperaban para la zona, sabía que el panorama se veía difícil. Con mayor razón si esto mismo ya había sucedido en otros lugares del planeta y se sabía que nos iba a tocar lo mismo y que era necesario aprender de esas experiencias.

Cabe preguntarse entonces ¿dónde estaban nuestras autoridades nacionales que no tomaron en ese momento todas las medidas preventivas necesarias?…hacer reuniones con todas las instancias de esas comunidades, para coordinar en ese momento las acciones para responder a las primeras señales de fuego; tener listos los decretos necesarios para disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas; tener a disposición los aviones y helicópteros cisternas, imprescindibles para un rápido control desde el inicio. Y así, suma y sigue.

Lo que ha sucedido, las vidas dolorosamente perdidas, las ciudades arrasadas y que habrá que reconstruir, son la lamentable secuela de la ineficiencia de un Gobierno, que nuevamente ha respondido tardíamente a una situación que era previsible y cuyo impacto podría haber sido controlado.

Las autoridades han señalado que antes del inicio de la temporada de mayor riesgo, se presentaron planes y estrategias para fortalecer la respuesta institucional. Las autoridades encargadas del Ministerio de Agricultura, Vivienda y Urbanismo, junto a Conaf y Senapred, llevaron a cabo anuncios de medidas como monitoreo de zonas de alto riesgo con sistemas de alerta y el despliegue de recursos tecnológicos para la detección temprana de fuegos.

Es evidente que en la teoría todo lo que se dispuso pudo haber parecido suficiente, pero la práctica nos muestra que no fue así. Ver en los medios de comunicación a un alcalde implorando al Gobierno central medidas urgentes de apoyo, mientras a sus espaldas se veían imágenes de su ciudad siendo devorada por las llamas, no ha dejado a nadie indiferente.

Todo lo anterior se complica más todavía, cuando los chilenos tenemos claro el impacto de la destrucción ocurrida en Valparaíso hace un año y la tremenda lentitud con la que el Gobierno ha enfrentado esa tragedia, con cientos de familias que aún no logran recuperar un lugar digno para vivir.

Hoy, el centro y sur de Chile están enfrentado una de las crisis más graves de incendios forestales en años recientes. Las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía han sido las más afectadas por cientos de focos que se han propagado con inusitada rapidez, impulsados por el clima extremo, con altas temperaturas y vientos intensos, que ha convertido a amplias zonas en un terreno ideal para las llamas.

La magnitud de la emergencia ha sido dramática: las pérdidas de vidas; las decenas de miles de personas que han tenido que abandonar sus hogares y ser evacuadas y miles de hectáreas de bosque, vegetación y territorio rural que han sido arrasadas. Las cifras, que siguen en actualización, reflejan la persistencia de múltiples focos activos que aún desafían el combate directo.

Las principales críticas, surgidas desde diversos sectores, son que las medidas preventivas han sido insuficientes y retrasadas. Organizaciones civiles, expertos y gremios, señalan que Chile carece de una política efectiva y sostenida de prevención de incendios forestales, con acciones concretas que enfrenten las causas profundas de estos fenómenos.

Existe una crítica potente que señala que la legislación vigente, no incorpora suficientes mecanismos de prevención ni sanciones claras para quienes provocan incendios de manera intencional, un factor que en temporadas anteriores ha sido identificado como una causa significativa de siniestros, sin que exista una fiscalización eficaz.

Expertos también han insistido en que las medidas preventivas deben ir más allá de la temporada crítica, incorporando acciones durante todo el año para mitigar la recurrencia de fuegos devastadores. Por otro lado, no puede dejarse de lado el impacto del cambio climático, que ha intensificado las condiciones de sequedad y calor en amplias zonas de Chile, haciendo más probables y severos los incendios forestales.

Esta realidad exige no solo una respuesta reactiva ante emergencias, sino un enfoque adaptable que considere escenarios futuros más extremos. La crisis actual pone en evidencia que pese a hacer esfuerzos aislados y protocolos de emergencia, el país aún debe avanzar hacia una estrategia integrada de prevención, respuesta y resiliencia, que combine la acción gubernamental, la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional, para proteger tanto a las personas como al medio ambiente rural y forestal.