Las universidades podrían cobrar el arancel nominal completo a los alumnos que se adjudicaron la gratuidad entre 2016 y 2018 y que se atrasaron más de un año en sus carreras, por lo que perdieron el beneficio.

“El 5 de noviembre de 2018, la División de Educación Superior del Ministerio de Educación informó a los rectores que reciben financiamiento institucional para la gratuidad que si un estudiante fue beneficiado anteriormente con esa ayuda y durante el año 2019 permanece en una carrera o programa de estudios que, de acuerdo a su duración formal, debió haber concluido en la anualidad anterior, la entidad educacional podrá cobrarle como máximo el 50% del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula durante el primer año de exceso”, indicó la Contraloría General de la República en un dictamen.

“Y si se extiende en más de ese periodo deberá requerirle el pago del total de los mismos”, añadió el ente contralor en su resolución.

La respuesta se emitió tras las dudas acerca de los límites de la gratuidad que presentaron las mismas casas de estudio y la aplicación del decreto 108 al respecto, que establece el cobro de hasta el 50% del arancel por retraso de un año, consulta que elevó el subsecretario del ramo, Raúl Figueroa.

El segundo caso también aplica para aquellos estudiantes que se hayan atrasado este 2019, ya que la discusión de la actual Ley de Presupuestos excluyó el artículo 108, por lo que la Ley 21.091, de la reforma a la educación superior, no resulta aplicable para ellos “durante el presente ejercicio presupuestario”.

Críticas

La respuesta de la Contraloría generó una serie de críticas desde las universidades, declaraciones que fueron recogidas por El Mercurio.

Según el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, será difícil “pedirle a los alumnos a los que ya se les comunicó formalmente que se les iba a cobrar la mitad que se les va a cobrar el total”.

“Tengo la impresión de que ese fue otro error más del frenesí legislativo que se vivió en torno a la reforma y que las instituciones probablemente van a tener que asumir con costos significativos”, añadió.

Por su parte, el rector de la Universidad Austral, Óscar Galindo, aseguró al matutino que “siempre hemos dicho que a estos estudiantes no se les debería aplicar la misma norma”.

“Lo razonable sería que el Mineduc convenga con el Cruch la aplicación de la Ley solo para aquellas cohortes que ingresaron con posterioridad a su publicación” dijo en marzo, durante la primera sesión del la instancia, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Tras conocer la resolución del ente contralor, Figueroa anunció que solicitará una “reconsideración” puesto que cuando la Dirección de Presupuestos (Dipres) omitió el artículo 108 en la glosa “nunca se pretendió restringir ese beneficio”.

A 2019, casi 380 mil personas son beneficiarias de la gratuidad, medida que partió en 2016.