El prevenible costo de la Ley de Urgencia: las fallas por las que Fonasa paga millones a privados

Cada año, miles de pacientes Fonasa llegan a clínicas privadas en riesgo vital, atendidos gracias a la Ley de Urgencia que obliga a los prestadores a recibirlos hasta su estabilización. Tras esto, debieran ser trasladados a la red pública, a menos que decidan pagar la atención privada. Sin embargo, este rescate –nombre que se le da al traslado– rara vez ocurre, debido a problemas en la gestión.

Según una auditoría de Contraloría, el proceso depende de un sistema informático que en la práctica no cumple con sus objetivos, registrando las gestiones solo como una bitácora sin dejar evidencia verificable de las decisiones ni del criterio utilizado en cada caso, lo que dificulta seguir el curso de las derivaciones.

En ese contexto, el porcentaje de traslados efectivos ha promediado apenas un 11% en la última década, según cifras de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los cuales son gestionados por la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) dependiente del Ministerio de Salud.

Días después, pacientes que no han tomado activamente la decisión de mantenerse en el sector privado y pagarlo desde su bolsillo, siguen internados en la misma clínica y es el Estado —a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa)— quien termina pagando la cuenta de la hospitalización.

Entre 2015 y 2025, Fonasa desembolsó más de $826 mil millones a prestadores privados por mantener hospitalizados a pacientes ya estabilizados y en espera de traslado a hospitales públicos. Con ese monto, el Estado podría haber financiado al menos 12 hospitales de baja complejidad.

El exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, reconoció que “muchas veces los hospitales no lo hacían. Entonces las clínicas siguen generando una facturación, pero ahora a un precio distinto”.

Desde 2015, una resolución del Minsal estableció que Fonasa debe asumir el costo del rebase, es decir, la hospitalización posterior a la estabilización, ya sea hasta que el traslado se concrete o hasta el alta en el mismo recinto. A diferencia del gasto inicial de urgencia —que el paciente debe reembolsar a Fonasa con un tope mensual del 5% de su sueldo o pensión— el rebase no genera deuda para el usuario, por lo que es el Estado quien termina financiando estas estancias prolongadas en clínicas privadas, que la ley buscaba evitar.

Falta de camas y gestión ineficiente

Aunque la Ley de Urgencia busca que los pacientes estabilizados sean derivados a hospitales públicos, en la práctica el sistema casi nunca logra hacerlo. Expertos y autoridades coinciden en que el problema es estructural y tiene raíces tanto en la capacidad de la red pública como en su gestión interna.

Desde el Hospital del Salvador de Santiago señalaron que “entre los principales factores que dificultan la ejecución de estos rescates se encuentra la alta demanda de hospitalización, la cual supera la oferta disponible de camas destinadas a rescate”. La falta de infraestructura y la ocupación constante de las unidades críticas hacen que los hospitales no puedan recibir a quienes ya fueron estabilizados en una clínica.

El diagnóstico es compartido por César Gattini, doctor en Salud Pública y director ejecutivo del Observatorio Chileno de Salud Pública (OCHISAP), quien advierte que el Estado se ve forzado a financiar una situación que debería evitar: “Estamos condenados a pagar un dineral” a los prestadores privados, afirmó. Según explica, no solo existe una alta demanda de camas en los hospitales, sino también una gestión interna poco eficiente.

“La limitación es la realidad: no hay cómo responder (…) no existen recursos para solucionarlo”, sostuvo. En ese escenario, agregó, el sector privado “cobra su tarifa, que es carísima”, lo que termina desviando recursos públicos que podrían haberse destinado a otros niveles del sistema. “Si eso no lo malgasté, puedo dárselo al consultorio, al psicólogo…”, ejemplificó.

Según información obtenida de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en 2024 se ejecutaron 3.755 rescates sobre un total de 31.557 atenciones de urgencia, lo que representa apenas un 12% del total. A lo largo de los años, este indicador ha oscilado entre un mínimo del 7% durante el peak de la pandemia (2021) y un máximo del 18% en 2019.

Desde la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC), dependiente del Ministerio de Salud, reconocen que además del déficit de camas influyen la congestión en urgencias, la falta de disponibilidad inmediata para procedimientos de alta complejidad y la permanencia prolongada de pacientes que requieren rehabilitación integral.

En tanto, el gasto en rebases de Fonasa ha registrado aumentos importantes. En 2015, el gasto de post estabilización en Ley de Urgencia alcanzó los $27 mil millones. En 2023 la cifra superó los $119 mil millones y en 2024 los $273 mil millones. Desde la entidad explicaron que estos montos se pagan con cargo al presupuesto anual del organismo, por lo que, si dicho presupuesto se ejecuta en su totalidad antes de cubrir todas las deudas, los pagos pendientes quedan arrastrados para los años siguientes.

Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia de Covid-19, cuando la presión sobre el sistema impidió cubrir de inmediato todos los compromisos con prestadores privados. La entidad estatal ha tenido que saldar sus deudas en estos últimos dos años, de acuerdo con un plan de pagos aprobado por el Congreso. Según reconocieron desde el gremio Clínicas de Chile, a través de un comunicado, “Fonasa ha hecho un importante esfuerzo para ponerse al día con estas deudas a nivel global”.

Un sistema informático al debe

La Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC), dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Minsal, es la encargada de coordinar los traslados de pacientes estabilizados hacia la red pública. Desde 2010, esta función se apoya en un software administrado por la empresa Openagora SpA, contratada inicialmente mediante licitación pública.

En 2022, la Contraloría General de la República auditó el funcionamiento de la UGCC y su sistema informático. El informe reveló que, tras más de una década de relación entre el ministerio y la empresa, el contrato había sido renovado de manera continua vía trato directo, lo que infringe la Ley de Compras Públicas, según el ente contralor. Contraloría detectó que entre 2018 y 2021 se realizaron al menos tres renovaciones sucesivas, y la causal de emergencia sanitaria invocada durante la pandemia no justificaba la falta de licitación.

Pero el problema más grave no era administrativo, sino funcional. La auditoría constató que el sistema informático “no cumple con las funciones esperadas” y que el módulo encargado de gestionar las derivaciones “funciona únicamente como bitácora de las gestiones que se efectuaron”, sin dejar evidencia de las decisiones adoptadas ni del grado de saturación hospitalaria. Así, no es posible verificar si los traslados se realizaron o si los criterios médicos se respetaron.

El órgano contralor advirtió que esta falta de trazabilidad implica “el riesgo de que el proceso de derivación no se realice”, y que el sistema incumple normas básicas de control interno. En su respuesta, la Subsecretaría de Redes Asistenciales sostuvo que sí consideraba el nivel de saturación mediante reportes y reuniones periódicas, pero Contraloría precisó que lo objetado no era la toma de decisiones, sino la ausencia de respaldo verificable dentro de la plataforma.

Tras las observaciones de Contraloría, la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) reconoció la dependencia que mantiene con Openagora SpA, empresa que posee la propiedad del servicio y de su modelo de datos, incluyendo el código fuente. Esta situación, señalaron, ha impedido avanzar hacia una nueva licitación pública, pues el sistema no puede ser replicado sin acceso a su arquitectura original.

Además, advirtieron que una interrupción abrupta implicaría “la pérdida de trazabilidad clínica, el riesgo de interrupciones en los pagos a prestadores y la imposibilidad de responder adecuadamente a requerimientos legales o estadísticos del Estado”.

En 2020, el Ministerio de Salud inició gestiones para desarrollar un sistema propio que reemplazara la plataforma vigente, pero el proyecto se detuvo en 2022 “debido a inconvenientes administrativos del equipo de trabajo y técnicos derivados de las características del servicio contratado al mencionado proveedor”, indicó Karina Guzmán, jefa de la UGCC.

Un nuevo sistema

Recién en 2024 comenzó a tramitarse la compra de una nueva plataforma informática mediante el Convenio Marco de “Desarrollo y Mantención de Software, Servicios Profesionales TI e Infraestructura como Servicio”. Según la UGCC, el nuevo sistema tendrá tres etapas: análisis y diseño, desarrollo, y puesta en marcha, con un plazo total estimado de 14 meses. Hasta entonces, Fonasa y el Minsal deberán seguir utilizando la plataforma de Openagora.

“En virtud de lo anterior, se deberá continuar contratando los servicios de Openagora hasta que la nueva plataforma inicie su operación (…). A partir de esa fecha, el sistema pasará a ser propiedad del MINSAL”, explicaron desde la unidad.

En paralelo, la UGCC afirma haber implementado mejoras al sistema actual, como la obligación de dejar constancia de las decisiones de derivación directamente en la plataforma y nuevas medidas de seguridad para fortalecer la trazabilidad de los casos críticos.

Además, desde el ministerio aseguran que se ha impulsado una “Estrategia de Desocupación”, que permite derivar a pacientes estabilizados a centros con convenio Fonasa —como servicios de hospitalización domiciliaria o de rehabilitación básica— cuando los hospitales públicos no pueden recibirlos. Si dentro del periodo de atención el paciente no puede ser dado de alta, el Servicio de Salud correspondiente debe reactivar la gestión de rescate a la red pública.

Desde la UGCC enfatizan que la medición de metas de rescate y la responsabilidad por los costos asociados al rebase recaen exclusivamente en Fonasa y no en la unidad (véase aquí la respuesta completa)

Este reportaje fue realizado por los estudiantes Gabriela Fernández y Tomás Ferrada, en la sección de la profesora Paulina Toro del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.