“Los hechos descritos fueron preparados con antelación, con ánimo frío y tranquilo, y obedecen a un plan criminal”. Así calificó la Fiscalía de La Araucanía –liderada por Roberto Garrido Bedwell– el asesinato y posterior quema de los cuerpos de tres carabineros en sectores rurales de Cañete, crimen que conmocionó al país en abril de 2024.
Antes incluso de aquella fatídica noche los imputados Felipe Antihuen Santi, Yeferson Antihuen Santi, Tomás Antihuen Santi y Nicolás Rivas Paillao –junto a otros sujetos no identificados– se habrían organizado para ejecutar el ataque armado contra funcionarios de Carabineros en servicio, y luego quemar sus cuerpos. Esa es la tesis que el Ministerio Público, mediante cientos de testigos y miles de pruebas documentales, buscará acreditar durante el juicio oral que comienza hoy y que podría extenderse por varios meses.
La noche del 26 de abril
Según el relato de la Fiscalía el 26 de abril el sargento primero Carlos José Cisternas Navarro, el cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobos y el cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid se encontraban cumpliendo funciones como parte de la dotación de la 4ª Comisaría de Carabineros de Control de Orden Público de Los Álamos, en la Región del Bío Bío. Su labor consistía en realizar patrullajes preventivos en sectores rurales de la comuna de Cañete.
Cerca de las 23:30 horas, mientras se desplazaban para fiscalizar una medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno, los funcionarios ingresaron a un angosto callejón rural. Esa noche, el portón de acceso a la propiedad que debían fiscalizar se encontraba “excepcionalmente cerrado”.
Fue en ese contexto –y aprovechando la apertura de una de las puertas de la camioneta– cuando habría aparecido un número indeterminado de sujetos que permanecían ocultos entre la vegetación. De acuerdo con la acusación, los atacantes emboscaron a los funcionarios, sacándolos del vehículo Nissan blindado en el que se movilizaban.
“(…) mientras las víctimas se encontraban fuera del móvil institucional, reducidos y sin posibilidad de defensa o de oponer resistencia, les dispararon con armas de fuego, dándoles muerte en el mismo lugar”, se lee en el documento de la Fiscalía.
Tras los homicidios, los imputados y otros partícipes habrían cargado los cuerpos de los funcionarios en el pick up del vehículo institucional y los trasladaron hasta otro camino. Allí, finalmente, habrían incendiado la camioneta utilizando aceite y combustible que se encontraba en su interior, provocando la destrucción total del vehículo policial y, según el Ministerio Público, “ocasionando un mal adicional atentatorio en contra de la honra y la dignidad de las víctimas”. Antes de huir, además, habrían efectuado nuevos disparos.
Un plan criminal
Uno de los ejes centrales que la Fiscalía buscará acreditar en el juicio oral es que los hechos no fueron fortuitos, sino parte de un atentado planificado cuyo objetivo era dar muerte a Carabineros en servicio.
En ese sentido, el Ministerio Público sostiene que existió una preparación previa de la emboscada, en la que habrían participado los imputados. Esta habría incluido el corte de árboles y la instalación de obstáculos en caminos rurales, con el fin de dificultar el desplazamiento del vehículo policial.
La elección del lugar tampoco habría sido casual. La Fiscalía argumenta que la falta de iluminación artificial y las dimensiones del camino –que impedían maniobrar o escapar fácilmente a un vehículo blindado– lo convertían en un escenario idóneo para ejecutar el ataque.
Incluso la huida habría sido planificada con antelación. Así lo demostraría, según el ente persecutor, el corte previo de alambradas en predios colindantes, lo que les habría permitido escapar por rutas despejadas, utilizando caminos interiores y evitando una detección inmediata.
La evidencia
Para sustentar su acusación, el Ministerio Público presentará evidencia balística, incluyendo la coincidencia entre armas incautadas a los imputados y los proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas.
A ello se sumarán los registros de tráfico de llamadas y geolocalización de los imputados, elementos que serían clave para situarlos en el lugar y hora de los hechos.
Asimismo, la Fiscalía contará con el testimonio de 134 testigos –entre funcionarios de Carabineros que participaron en las diligencias investigativas y civiles que observaron movimientos previos y posteriores al ataque– además de 83 peritos entre especialistas del Servicio Médico Legal, en balística, incendios y telecomunicaciones.
También se exhibirán más de 1.200 piezas de prueba documental, entre informes policiales, armas y municiones incautadas, elementos incendiarios y registros fotográficos, etc.
Con todo, el Ministerio Público buscará que los imputados sean condenados por los delitos de homicidio calificado de carabineros en razón de su cargo, incendio, porte ilegal de armas de fuego y municiones, y disparos injustificados en la vía pública.
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