Este martes la oposición presentó 58 firmas de diputados para proceder a la interpelación del ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Esto último, en virtud del retiro del aporte reparatorio de $3 millones de pesos a víctimas de prisión política y tortura que son certificadas por las comisiones Valech 1 y 2.
Serían 26.000 personas las que fueron reconocidas por dichas comisiones y que hubieran podido acceder al beneficio.
Además, señalaron que buscarán consultar al ministro sobre las actuales políticas del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.
La interpeladora designada por la oposición será la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carmen Hertz.
El diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, dijo que el Gobierno pretende usar el proyecto como “moneda de cambio” para “chantajear” al Congreso proponiendo la reposición del Bono Valech a cambio de entregar libertad a los condenados por vulneraciones a los Derechos Humanos en Punta Peuco.
La decisión del Gobierno de retirar el proyecto generó polémica ya que la Comisión de Derechos Humanos lo aprobara en general y en particular durante una acalorada sesión en que los diputados de la Unión Democrática Independiente, Nino Baltolú y Gustavo Sanhueza, pidieron la censura de la presidenta de la instancia, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz.
En la oportunidad la acusaron de no dar garantías en el debate del proyecto y tener apuro en el trámite del bono reparatorio.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló en ese tiempo que, más allá de las intenciones, no hay presupuesto para la entrega de este bono reparatorio -que estipula serían unos $91 mil millones de pesos- y aseguró que, en caso de ser aprobado, no hay claridad de dónde podrían salir dichos recursos.
Dos semanas después, la administración Piñera sepultó el proyecto.
El ministro de Justicia, Hernan Larraín, afirmó entonces que no se cierran a la opción de reparaciones, pero recalcó que este proyecto en particular no tenía una correcta evaluación de los fondos requeridos, ya que éstos -según dijo- no están disponibles ni están considerados en la ley de presupuestos.
En ese contexto, el ministro Segpres Gonzalo Blumel aseguró que el costo de la iniciativa equivale a 10 veces el aumento de subvenciones a las instituciones del Sename; o bien, cuatro veces el aumento de la gratuidad a los estudiantes del sector técnico profesional.
