Morir con dignidad no admite vetos morales

Chile vuelve a discutir la eutanasia. Y eso, en sí mismo, ya es una buena noticia. Porque cuando una sociedad se atreve a hablar sin eufemismos sobre el final de la vida, está hablando (en el fondo) de dignidad, de libertad y de compasión. Lo preocupante no es el debate; lo preocupante es que se intente clausurarlo antes de tiempo.

El proyecto de eutanasia no obliga a nadie a morir. No empuja, no fuerza, no adoctrina. Ofrece una opción regulada, estricta, excepcional, para personas que viven un sufrimiento irreversible y que, con plena conciencia, piden algo tan humano como dejar de sufrir. Defender ese derecho no es promover la muerte: es respetar la vida cuando esta ha sido reducida al dolor.

Por eso resulta inquietante que, en medio de esta discusión, asomen señales de interferencia política desde fuera del Congreso. Chile es una democracia representativa. Las leyes se discuten en el Parlamento, no se vetan desde convicciones personales ni desde anticipos de poder.

Cuando un proyecto que amplía derechos se enfrenta a presiones externas, no estamos ante un desacuerdo legítimo: estamos ante un problema institucional.

La eutanasia no es un atajo. Es, de hecho, una de las decisiones más difíciles que puede enfrentar una persona, una familia y un equipo médico. Por eso, quienes reducen este debate a consignas morales simples hacen un flaco favor al país.

Aquí no se trata de imponer una visión del mundo, sino de reconocer que Chile es diverso, plural, y que el Estado no puede obligar a nadie a vivir (o morir) según la conciencia de otros.

En este punto conviene ser claros: el Estado laico no es un Estado sin valores. Es un Estado que no privilegia una moral particular por sobre las demás. Y cuando hablamos de eutanasia, hablamos precisamente de eso: de permitir que cada persona, en condiciones extremas, pueda decidir conforme a su propia ética, su propia historia, su propia fe (o ausencia de ella). Negar esa posibilidad es ejercer poder sobre el cuerpo ajeno.

Quienes hemos acompañado a familias que enfrentan enfermedades terminales sabemos que el dolor no es una abstracción. Tiene nombre, tiene rostro, tiene noches interminables y despedidas que se alargan sin sentido.

Decidir legislar sobre eutanasia es mirar de frente esa realidad y decir: el Estado no puede seguir escondiéndose.

Tampoco es aceptable instalar la idea de que este es un debate secundario, que “no es el momento”, que hay prioridades más urgentes. Para quien sufre hoy, el momento es ahora. Para quien vive conectado a una máquina sin expectativa de mejora, el tiempo es un lujo que no existe. Postergar indefinidamente este debate es, en los hechos, una forma de negación.

El Congreso tiene la responsabilidad histórica de legislar sin miedo. Sin miedo a los titulares, sin miedo a las presiones, sin miedo a incomodar. Y el Ejecutivo (presente o futuro) tiene el deber democrático de respetar ese proceso. La separación de poderes no es un formalismo: es una garantía para la ciudadanía.

Chile ya ha avanzado antes cuando se ha atrevido a escuchar más que a imponer. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo de nuevo. No desde la soberbia, sino desde la humanidad. No desde la ideología, sino desde la empatía. No desde el control, sino desde la libertad.

Morir con dignidad no es una amenaza para la sociedad. Es un acto de respeto profundo por la vida vivida. Y ese respeto, en democracia, no se veta: se legisla.