Cuando Julia del Carmen Chuñil Catricura desapareció el 8 de noviembre de 2024, vivía junto a su hija, Jeannette Troncoso Chuñil, y a su yerno, B.F.B.B. Esa mañana enfiló temprano en dirección a su antigua casa, una construcción de madera que erigió en las inmediaciones de un territorio ancestral mapuche que había devenido en una toma. Allí, según reza la investigación de la Fiscalía Regional de Los Ríos, habría encontrado su muerte.
¿Los responsables? Sus tres hijos, de acuerdo con lo postulado por el Ministerio Público: Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette. A ellos se suma el ya citado B.
Si bien hasta ahora el organismo persecutor y las policías han guardado extremo sigilo, fuentes consultadas por este medio que han seguido de cerca la investigación, sostienen que el parricidio ocurrió esa misma tarde primaveral, luego de que los hijos fueran increpados por la madre.
Y aunque trascendidos apuntaban a que todo se habría originado por la herencia de unos terrenos que sólo podrían ser ocupados por Pablo al momento de la muerte su mamá, lo cierto es que el origen sería muy distinto. En realidad, dicen los mismos inquiridos, se habría debido al robo que habrían protagonizado uno de sus hijos, Javier, en contra de un anciano de 90 años de edad. Él vivía en una mediagua colindante a la de Julia y era cuidado por la víctima.
El ataque
Según expuso la fiscalía en la audiencia de este jueves, el imputado le exigió la entrega del dinero en efectivo que éste mantenía en su poder, producto del cobro de su pensión. Unos $212 mil que todos los meses cobraba por caja, lo que era de conocimiento de los Chuñil.
En simple, aseguran conocedores de la materia, el mismo día de su desaparición, ella —al enterarse de lo que sucedía— fustigó a sus hijos. Todo esto se sabe por la declaración del exyerno, B., quien atestiguó recientemente en la causa. De acuerdo con la investigación, Javier se abalanzó sobre el anciano —de iniciales N.G.P.— con golpes de puño en el rostro, para luego amenazarlo con un cuchillo en el cuello.
Ella, al intervenir, fue atacada. El altercado —cuentan fuentes familiarizadas con lo sucedido— se intensificó y terminó en la muerte de Julia, quien habría sido asfixiada por Javier. Este último y Pablo habrían trasladado el cuerpo hasta un lugar hasta ahora desconocido, donde habría sido enterrada. Se presume que fue inhumada en las cercanías de su hogar. De ahí que este miércoles retomaran nuevamente las excavaciones en el sitio del suceso.
“Mi representado sí ha prestado colaboración”, aseguró este mediodía la defensora penal pública de B. para evitar que su representado cayera en prisión preventiva. Quedó en libertad, con arresto domiciliario nocturno.
Los herederos
Según el Ministerio Público, los hermanos optaron deliberadamente por ocultar el cadáver, quemar sus vestimentas y guardar silencio respecto de lo ocurrido o incluso mentir a las autoridades. Para ello, asevera el organismo persecutor, acordaron que Jeanette formulara una denuncia falsa por presunta desgracia ante Carabineros de Chile. La misma fue presentada dos días después, es decir, recién el domingo 10 de noviembre de 2024 para desviar la atención sobre otras personas.
En las semanas posteriores a la denuncia de extravío, agrega la fiscalía, los hijos de Julia comenzaron a comportarse como herederos: se apropiaron del patrimonio de ella, vendieron bienes de su propiedad, incluido su ganado y su carretón de bueyes y se repartieron el dinero entre ellos. Javier, el 8 de diciembre de 2024, incluso cotizó una sepultura familiar en el parque Los Laureles de Valdivia.
La conspiración activista
A contar del día que interpusieron la denuncia, y con la poca información que se contaba a esa fecha, distintas teorías florecieron. La principal versaba respecto de que a Julia Chuñil la habían asesinado por su rol como activista medioambiental. Pero, tras más de un año de diligencias, no existen antecedentes que sostengan esa hipótesis. Uno, porque las sospechas evidentemente se volcaron sobre sus hijos. Y dos, porque no existe registro de que la víctima fuera una luchadora por los derechos ambientales.
La propia fiscal regional Tatiana Esquivel así lo refrendó en una entrevista de octubre de 2025 a La Segunda: “No existen antecedentes que permitan afirmar que ejercía una labor política o de activista organizada. Más bien se trata de una mujer dedicada a su familia y sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural”, dijo.
Sea como sea, según información recopilada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la primera vez que se deslizó en tribunales esa conspiración activista fue al poco andar de la investigación. Ocurrió cuando Pablo San Martín Chuñil, uno de los hijos hoy detenidos, presentó una querella criminal. Lo hizo representado por la Fundación Escazú Ahora. Se trata de una ONG que nació en 2020 para promover la firma en Chile del Acuerdo Escazú y que fue fundada por Sebastián Benfeld, periodista titulado de la Pontificia Universidad Católica, quien en 2022 fue reconocido por la ONU como uno de los seis líderes juveniles más destacados a nivel mundial.
El libelo original
A través de la querella patrocinada por la fundación, Pablo expuso sus sospechas de que Julia había sido víctima de un secuestro. O que, incluso, alguien atentó contra su vida. Fundamentó sus suspicacias en que su progenitora era una comunera mapuche, quien se dedicó “por completo a su conservación y a la preservación de la biodiversidad local propia de sus tierras, junto a la cría de ganado a pequeña escala”.
A renglón seguido, Pablo y los abogados de la ONG apuntaron sus dardos a Juan Carlos Morstadt Anwandter, el dueño original de los terrenos. “Las amenazas y ataques se hicieron tan comunes que mi madre, Julia Chuñil, comenzó a avisarnos, a sus familiares y cercanos, acerca del sujeto en cuestión”. Según ellos, la mujer afirmó “explícitamente” que cualquier cosa que le pasara sería “por culpa de él”.
A partir de ahí, el relato de Pablo se confunde y entremezcla con términos propios de la ONG: hablaron de “violencia interseccional” y de “violencia de género contra mujer rural”. También aprovecharon la oportunidad para destacar la importancia del Acuerdo de Escazú:
“En relación a la labor que realizaba mi madre, cabe enfatizar que esta se encuentra reconocida en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú (…) el cual mandata a garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
La querella dio pasó a una “conspiración activista” que se extendió no sólo en la región de Los Ríos, sino en todo Chile. El propio Gobierno del Presidente Gabriel Boric vinculó la desaparición a una posible persecución por el rol de “defensora” de Chuñil.
La presión llegó a tal punto que obligó al Ministerio Público a investigar la causa precisamente con los estándares del protocolo del Acuerdo de Escazú: debieron asignar la investigación a un persecutor especial, de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, e —incluso— los investigadores debieron comparecer en reuniones ante representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
—Dejó de ser una causa común y comenzó a tener ribetes políticos —dicen quienes conocen de cerca la causa.
Así, el rol de “activista” reemplazó a la Julia Chuñil que conocieron sus cercanos: una mujer preocupada, cooperadora, de fe y participante activa de su iglesia. Una pequeña congregación cristiana que el mismo año de su desaparición fue interrumpida por una petición de oración: “Manifestó que estaba siendo amenazada por uno de sus hijos”, declaró una persona que participaba de los cultos. “Era la vida de ella o de su hijo”, comentó otro feligrés.
El reportaje
De este modo, los policías a cargo de las diligencias poco a poco comenzaron a cerrar el círculo sobre los hijos de Chuñil. Testimonios de testigos reservados y contradicciones en sus declaraciones volcaron todo el foco sobre la propia familia. Así, cuando comenzaron a aparecer las primeras publicaciones en medios de comunicación que apuntaban a esa hipótesis, la fundación volvió a intentar influir en la agenda pública.
Según conoció esta Unidad de Investigación, la ONG intentó vender un reportaje preparado por ellos mismos con piezas extraídas de la carpeta investigativa —a la que ellos accedieron en su calidad de intervinientes, pero secreta para quienes no fueran intervinientes en la causa— que reforzaban su postura.
De acuerdo con información recopilada por Bío Bío Investiga, la fundación —a través de Benfeld— ofreció el documento a medios de circulación nacional durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, tras recibir sendas negativas, el artículo nunca llegó a publicarse.
Meses después, la representación fue revocada y el patrocinio de los hermanos fue asumido por Karina Riquelme. “Yo he tenido acceso a la carpeta de investigación que el Ministerio Público -que los está investigando- me ha entregado (…) Dentro de esos antecedentes no hay ningún antecedente que los pueda inculpar a ellos”, dijo este miércoles la letrada.
La ONG no registra aportes del Estado de Chile. Sí cuenta con financiamiento de la ONU desde 2022. Bío Bío Investiga intentó obtener una versión de la ONG sin resultados hasta el cierre de esta edición.
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