La pobreza se puede reducir, está demostrado. Pero mientras no enfrentemos con decisión la desigualdad social, económica y territorial, el desarrollo seguirá siendo injusto e incompleto.

La desigualdad territorial sigue siendo una de las expresiones más brutales de la injusticia social en Chile. No es lo mismo vivir en una gran ciudad que en comunas rurales y apartadas como Tirúa, Contulmo, Quilleco, Mulchén, Antuco, Alto Biobío o Santa Bárbara.

Allí todo cuesta más: el transporte, los servicios, la inversión pública. Esa desigualdad no siempre se incorpora adecuadamente en la evaluación de proyectos y termina castigando a las familias que viven más lejos de los centros urbanos.

En ese contexto, los resultados de la encuesta Casen son una buena noticia, pero también una alerta. La nueva medición muestra una disminución de la pobreza: cerca de 700 mil personas salieron de esa condición.

Esto no es casualidad. Es el resultado de políticas públicas concretas que han mejorado los ingresos y las condiciones de vida de millones de familias.

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El aumento significativo del salario mínimo, la reforma previsional que mejora las pensiones de 2 millones 200 mil personas, la gratuidad en los cuatro tramos de Fonasa —que genera un alivio promedio de 193 mil pesos anuales para casi 2 millones de personas— y el bolsillo electrónico, orientado al primer quintil, han permitido enfrentar los magros ingresos que históricamente han afectado a los sectores más vulnerables y avanzar hacia una alimentación más saludable, conforme a las recomendaciones internacionales.

A ello se suma una política habitacional decidida, con la entrega de 260 mil viviendas a nivel nacional y más de 25 mil en la Región del Biobío, contribuyendo directamente a reducir la pobreza y la inseguridad habitacional.

Sin embargo, la misma Casen revela una verdad incómoda: la desigualdad de ingresos se profundizó. La brecha entre el 10% más pobre y el 10% más rico pasó de 37 a 78 veces. Esa concentración extrema explica por qué la pandemia golpeó con tanta fuerza y por qué la vulnerabilidad sigue presente.

La pobreza se puede reducir, está demostrado. Pero mientras no enfrentemos con decisión la desigualdad social, económica y territorial, mientras existan territorios completos que siguen quedando atrás y una brecha de ingresos que separa al 10% más rico del 10% más pobre en 78 veces, el desarrollo seguirá siendo injusto e incompleto.

La pobreza no se reduce sola: se enfrenta con decisiones políticas claras y con un Estado que no mire para el lado.