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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El CDE presentó una querella criminal contra 42 gendarmes y 35 civiles por cohecho, soborno, asociación criminal, lavado de activos y falsificación documental en la red de corrupción desmantelada en la Operación Apocalipsis. La corrupción se habría dado en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Varias personas pasaron a formalización, sumando un total de 70 imputados.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal ante el 12° Juzgado de Garantía contra los gendarmes involucrados en la red de corrupción desbaratada en la Operación Apocalipsis.

La acción judicial, presentada el jueves 18 de diciembre, se dirige contra 42 funcionarios de Gendarmería y 35 civiles, por los delitos de cohecho y soborno, además de otros ilícitos, como asociación criminal, lavado de activos y falsificación documental.

Cabe señalar que la serie de ilícitos vinculados a hechos de corrupción y crimen organizado habría sido cometida al interior de recintos penitenciarios de la capital, específicamente en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, de la comuna de Santiago.

Otro aspecto relevante es que las cifras de involucrados han variado con el correr de los días desde la ejecución de la Operación Apocalipsis, en la madrugada del martes, debido al avance de la investigación.

Este viernes pasaron a audiencia de formalización 47 gendarmes y 23 civiles, es decir, un total de 70 imputados, ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

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La querella del CDE contra gendarmes y civiles por red de corrupción

Según lo indicado en la querella, en los penales capitalinos “se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería de Chile”, señalan.

Además, el escrito del CDE detalla que los funcionarios, en diversas calidades y destinaciones y en razón de sus cargos, “habrían solicitado, aceptado y/o recibido prestaciones económicas (en dinero efectivo y transferencias bancarias) y beneficios de diversa naturaleza“.

De esta forma, se habría permitido el ingreso de personas no autorizadas en calidad de visita y “la introducción y circulación de especies ilícitas en el interior de los recintos penitenciarios, tales como celulares y drogas, entre otras, ingresándolas directamente u omitiendo los controles reglamentarios“.

Según la querella del CDE, todo lo anterior se realizó “mediante actuaciones coordinadas entre particulares —tanto internos privados de libertad como personas en libertad— y los funcionarios públicos de Gendarmería”.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)