El fallo del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictado el 24 de octubre de 2023 contra la secretaria judicial Lilian Lizana, parecía destinado a quedar archivado. No hubo conferencia de prensa ni una difusión institucional que diera cuenta de la gravedad de los hechos.
Pero dos años después regresó a la discusión pública, luego de que Francisco Leturia lo utilizara como ejemplo de resoluciones relevantes que permanecen ocultas en un sistema judicial tensionado por la falta de confianza, lo que se profundizó tras el escándalo del caso Muñeca Bielorrusa.
Leturia no solo lo mencionó: lo presentó como un síntoma de fallas sistémicas, vínculos personales no declarados y criterios opacos que erosionan la credibilidad institucional. Su intervención reabrió una historia que el propio Poder Judicial mantuvo en silencio, pero cuyas aristas —disciplinarias y penales— siguen sin resolverse.
Este reportaje revisa el fallo donde se sancionó una secretaria judicial, sus fundamentos y sus implicancias.
Olor a corrupción
La investigación disciplinaria contra Lilian Lizana se abrió tras un reportaje de Canal 13 que detectó un patrón irregular: casi todas las causas de inscripción de camiones armados con partes usadas ingresadas en 2022 terminaban en el 28° Juzgado Civil de Santiago.
Ese hallazgo activó una indagatoria interna que se desarrolló sin exposición pública y que, hasta hoy, mantiene un sumario administrativo que no solo no terminó con la remoción de la funcionaria, sino que le permitió seguir impartiendo justicia dentro del mismo tribunal.
Para Leturia, este caso es la muestra más clara de por qué la ciudadanía desconfía del sistema.
Lo que acreditó la Corte
La Corte estableció que, entre 2020 y 2021, ingresaron ocho solicitudes de inscripción vehicular previamente rechazadas por el Registro Civil. El solicitante administrativo en todas ellas era Cristián Mandujano Moreno, pareja de la secretaria investigada.
En sede judicial, esas causas recayeron misteriosamente en la propia Lilian Lizana, quien actuaba como juez por el artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales. Todas obtuvieron fallos favorables, obligando al Registro Civil a inscribir los camiones “armados”.
La fiscal instructora calificó el hecho como grave: Lizana “no advirtió, o no quiso advertir”, la intervención de su pareja, lo que obligaba a inhabilitarse.
El Pleno fue tajante: hubo una “grave deficiencia en el deber de revisión exhaustiva”.
El factor informático
La investigación detectó un segundo fenómeno: en 2022, el 98% de las causas presentadas por el abogado Luis Eduardo Muñoz Chacc, actuando por Víctor Kulm, quedaron radicadas en el mismo tribunal.
No hubo intervención humana. El algoritmo de la Oficina Judicial Virtual asigna las causas voluntarias según materia y RUT del solicitante. Fuentes internas explican que si se utiliza el mismo RUT de referencia, el sistema tiende a enviar las causas al tribunal donde ya existe un procedimiento similar.
El problema es evidente: la radicación no puede quedar entregada al diseño informático, porque abre la puerta a distorsiones o derechamente a esquemas de corrupción si existe intervención funcional de apoyo interno.
El fallo advirtió que esta debilidad estructural no ha sido corregida hasta hoy.
El exfuncionario que nunca dejó el tribunal
Uno de los puntos más sensibles —y menos conocidos— apunta a un exoficial del Tribunal, quien renunció en 2018, pero siguió entrando al tribunal con total normalidad.
Funcionarios aseguraron que lo veían “al menos una vez por semana”, conversando con Lizana y revisando asuntos internos. Varios borradores de resolución contenían la anotación: “conversarlo con Juan”.
La fiscal instructora no acreditó participación directa del exoficial en las sentencias, pero sí que Lizana le consultaba criterios jurídicos, conducta que el Pleno consideró abiertamente impropia.
Se intentó mantener lejos de titulares
El fallo fue categórico: “La fiscal instructora decidió formular cargos en contra de la señora Lilian Lizana Tapia, por haber incurrido en conductas que configuran un incumplimiento de sus deberes funcionarios, de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de la República, el Código Iberoamericano de Ética Judicial y el artículo 196 N°15 del Código Orgánico de Tribunales”.
La defensa de Lizana alegó sobrecarga laboral, fallas del algoritmo, prescripción y ausencia de vínculo jurídico entre solicitante administrativo y procedimiento. Ninguno de los argumentos prosperó.
La Corte concluyó que el problema “no era el sistema”, sino la omisión del deber de inhabilitarse.
Arista penal dormida
El caso no quedó solo en el ámbito disciplinario. En 2023, la jueza titular Claudia Veloso envió los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte. La fiscal Ximena Chong abrió una investigación penal (RUC 2300410323-8) por eventuales delitos asociados a estas inscripciones.
Pero el proceso penal está prácticamente paralizado.
El último movimiento de la causa corresponde al 24 de septiembre de 2024, fecha en que se revisó una audiencia de sobreseimiento pedida por la defensa de la secretaria del tribunal. Desde entonces, no existe registro de nuevas diligencias.
A la fecha, el estado real de la investigación es incierto. El expediente no refleja ni cierres formales ni actividad reciente. Al interior del Ministerio Público, miradas críticas apuntan directamente a la fiscal Chong, responsable de la causa, por la prolongada inactividad en un caso donde el propio Poder Judicial acreditó irregularidades graves.
Por qué este fallo importa hoy
La resolución vuelve a la palestra no solo por su contenido, sino por lo que revela del funcionamiento del sistema judicial. Entre esto está las debilidades en la revisión de antecedentes, los vínculos personales no declarados, las falta de control sobre la radicación de causas voluntarias, el ingreso informal de exfuncionarios y los fallos dictados en un contexto de evidente conflicto de interés.
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