Un grupo de dirigentes de Renovación Nacional solicitó la expulsión de la diputada Francesca Muñoz y su esposo, el seremi de Salud, Héctor Muñoz. Se denuncia a ambas autoridades de estar detrás, indirectamente, de una nueva colectividad política, utilizando un financiamiento que podría involucrar platas fiscales.
Una nueva pugna interna se desató a nivel regional en Renovación Nacional, con la presentación de 28 dirigentes, alcaldes, consejeros regionales y militantes, quienes pidieron al Tribunal Supremo de la colectividad analizar los cargos formulados contra Francesca y Héctor Muñoz, como también del timonel local y concejal de Hualpén, Felipe Rodríguez.
Si bien al edil se le acusa por un maltrato verbal a una consejera, la denuncia más grave es contra la diputada y el seremi, quienes según el secretario regional del partido, Daniel Gutiérrez, están respaldando la formación de un partido distinto a RN, lo que podría estar siendo financiado con platas fiscales.
Al respecto, el dirigente comparó el caso a la denuncia contra la colectividad de Giorgio Jackson, Revolución Democrática.
Y es que efectivamente Antaris Varela, profesional asesora de la diputada Francesca Muñoz, recibe asignaciones del Congreso y aparece en el Servel como presidenta del Partido Conservador Cristiano, con domicilio en la misma dirección de la agrupación evangélica de la parlamentaria y el seremi Héctor Muñoz, Águilas de Jesús.
El consejero regional Patricio Lynch, justificó la denuncia en la que estampó su firma, asegurando que no puede aceptarse que el matrimonio militante de Renovación Nacional niegue la acusación.
A través de un audio, tras rechazar las preguntas que Radio Bío Bío tenía, la diputada calificó como artificial la polémica, mientras que el presidente regional de Renovación Nacional aseguró desconocer todos los detalles sobre el nuevo partido. De todas maneras, este último aseguró que consultaría a la diputada Muñoz y al seremi de Salud puntualmente sobre la sede.
De esta forma, el futuro de los tres militantes denunciados quedó en manos del Tribunal Supremo de RN, a quienes se acusa de conductas que van contra los principios y el reglamento de la colectividad.
