Juntas de vecinos del Parque Ecuador, cercanas al proyecto “Ciudad del Parque”, de la empresa Aitué, están pidiendo al Servicio de Evaluación Ambiental que se abra la participación ciudadana de esta iniciativa.
El megaproyecto inmobiliario planea la construcción de 7 edificios en calle Chacabuco, entre Colo Colo y Castellón. Dos de estos inmuebles serían de oficinas y los otros cinco, residenciales, sumando 912 departamentos en el centro de Concepción.
Ciudad del Parque considera una inversión de 86 millones de dólares para la recuperación y edificación de ese terreno, que estuvo desocupado por varios años, tras el abandono del Colegio Alemán y luego del abandono tras el terremoto, mientras fue propiedad del conglomerado Cencosud.
Según Irene Flores, presidenta de la JJVV “Parque Ecuador Sur”, este proyecto es de una magnitud no conocida en la ciudad, que requiere necesariamente contar con la opinión de los vecinos en un proceso formal, más allá de los contactos que ha tenido la empresa con algunos de los residentes.
La dirigente señala que durante los seis años que tomará la construcción, todos los efectos directos los deberá sobrellevar la comunidad aledaña. Esa unidad vecinal, asegura, no ha sido consultada al respecto.
La agrupación vecinal ya pidió al SEA disponer un mecanismo para dar paso a un proceso de participación ciudadana vinculante con los habitantes e instituciones que existen en toda el área, que abarca -al menos- tres juntas de vecinos y dos colegios.
Roberto Henning, presidente de JJVV “Enrique Molina”, confirmó que harán esta semana la presentación formal al SEA de un documento ya entregado en el municipio y que va en línea con lo planteado por la otra organización vecinal.
Dentro de las observaciones que ya se han hecho por parte de los servicios que evalúan la Declaración de Impacto Ambiental, la seremi de Salud pidió al propietario evaluar la construcción de los edificios más cercanos a los colegios, en primera instancia, para que sirva de atenuante de las molestias.
Esto, pues el proyecto tiene una duración estimada de seis años, y los establecimientos educacionales estarían expuestos casi la mitad de su ciclo escolar a niveles elevados de ruido.
