Contratos por trato directo tensionan eventual llegada de May Chomali al Ministerio de Salud

El nombre de la médico May Chomali suena fuerte para asumir como la próxima ministra de Salud. Pero aparece de forma consistente en resoluciones exentas, convenios y contratos públicos suscritos entre el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS) y distintos órganos del sistema público de salud.

¿Cuál es su rol? En todos ellos, comparece como representante legal del proveedor, firmando contratos por consultorías, asesorías técnicas e implementación de sistemas informáticos críticos para la red asistencial.

Entre esos vínculos destaca el contrato autorizado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales para la implementación del proyecto “Tiempo de Espera Interoperable”, iniciativa de alcance nacional destinada a mejorar la trazabilidad y gestión de las listas de espera en 15 Servicios de Salud. El convenio, por más de $200 millones, fue adjudicado mediante trato directo, bajo el argumento de proveedor único y especialización técnica.

A esto se suman otras contrataciones de menor monto, también vía trato directo, celebradas por Servicios de Salud como el Metropolitano Oriente, donde CENS actuó como consultor experto en concursos de innovación y proyectos internos.

CENS y su importancia

CENS es una corporación especializada en sistemas de información en salud, interoperabilidad clínica y estándares tecnológicos, que en los últimos años se ha consolidado como un actor estructural en la estrategia de salud digital del Estado.

Su posición le ha permitido participar en proyectos sensibles, con acceso a información estratégica y definición de modelos tecnológicos que impactan directamente la gestión pública.

Ese rol ha sido utilizado reiteradamente por la autoridad para justificar la ausencia de licitaciones abiertas, optando por tratos directos basados en “confianza técnica” y experiencia acumulada.

El conflicto

Desde el punto de vista legal, no existe hoy una infracción, ya que Chomali no ejerce un cargo público. Sin embargo, el escenario cambiaría radicalmente si asumiera como ministra de Salud.

En ese caso, se configuraría un conflicto de interés directo, al tratarse de una autoridad política que hasta antes de asumir encabezó, como representante legal, una entidad privada contratista del propio ministerio que pasaría a dirigir.

La legislación chilena en materia de probidad obliga a las autoridades a abstenerse de intervenir en decisiones donde existan intereses previos relevantes, lo que abriría interrogantes sobre la continuidad, revisión o eventual término de esos contratos.

Por ahora, los antecedentes están siendo analizados en la denominada Moneda Chica.