Temuco: estudiantes y funcionarios acusan que están "desamparados" tras posible cierre de IP Los Lagos

Estudiantes y funcionarios de la sede Temuco del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica (IP y CFT) Los Lagos, se manifestaron solicitando respuestas a la continuidad de sus actividades, en medio de la crisis que afecta a la casa de estudios.

En concreto, los alumnos y trabajadores que conforman la institución aseguran estar desamparados y abandonados por parte de los organismos estatales, ya que la continuidad de la casa de estudios no está garantizada.

Y es que, en el marco de la investigación que mantiene el Ministerio Público contra Jaime Huincahue por el Caso Convenios, quien ocupaba el cargo de rector del IP y CFT Los Lagos, así como en contra el excandidato presidencial, Diego Ancalao (también exrector), desde el pasado 14 de agosto que la institución no ha podido retomar sus actividades.

Asimismo, desde julio que no se han efectuado los pagos de remuneraciones a funcionarios ni proveedores. Además, hace 5 meses no se realiza el pago de impuestos, desencadenando un escenario crítico.

Al respecto, Felipe Acuña, estudiante de Ingeniería en Construcción Civil, manifestó su preocupación, ya que, a pesar de los compromisos realizados hace más de un mes, la Superintendencia de Educación Superior no ha dado respuesta.

“Desamparados porque prometieron hace más de un mes que la Superintendencia de Educación se iba a hacer cargo de esta problemática estudiantil. Dieron un plazo de dos semanas, y ya vamos en un mes”, expuso.

Por su parte, Leonardo Guzmán, director de la sede del IP y CFT Los Lagos en Temuco, enfatizó que la simple llegada de un administrador provisional, no será suficiente para resolver esta crisis institucional.

“Aquí hay un problema serio de recursos. Por lo tanto, hoy la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior se van a encontrar con un problema de que están todos los trabajadores movilizados y en paro”, aseveró.

Además, Guzmán señaló que las deudas superan los $60 millones en arriendos y gastos básicos. A raíz de esto, el suministro de agua potable ha sido suspendido.

Por lo anterior, se ha requerido la intervención de la Dirección del Trabajo (DT) para evitar que los empleados se vean obligados a laborar en estas condiciones higiénicas precarias.