Las recientes declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien instó a la actual administración a regularizar a migrantes empadronados, generó debate. De hecho, desde La Moneda se refirieron.
Fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien descartó que exista un plan para regularizar de aquí al 11 de marzo, que es cuando dejan la Presidencia. Igualmente, planteó que se trata de una conversación que tiene que trascender al menos dos administraciones.
“Creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente, porque si no va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”, dijo Tohá en un podcast del senador Felipe Kast.
Gobierno y decisión de regularizar migrantes empadronados
Consultada al respecto, la ministra Vallejo destacó que el empadronamiento “fue un ejercicio de transparencia muy importante que se hizo desde el Estado porque, hasta la fecha, esas 180 mil personas, antes de que nosotros llegáramos, no sabíamos quiénes eran (…) eso fue un paso muy importante”.
Por el contrario, planteó, los procesos de regularización “son más largos, que incluso abarcan meses y que requieren un esfuerzo de Estado de gran embergadura y una conversación política, y un consenso político mayor. Sobre todo, pensando en que nuestra administración llega hasta el 11 de marzo y luego viene otro gobierno”.
“Entonces, cuando hablamos de proceso de regularización que abarca meses, esto es una conversación que no puede ser solo resuelta por un gobierno, tiene que trascender o al menos abarcar a dos administraciones. Tiene que ser articuladas siempre. Lo importante si es que ya tenemos a la vista la realidad de esas personas migrantes (…) es una información que va a recibir la próxima administración para que tomen decisiones en esa materia”, complementó.
Sobre si está la idea —o no— de avanzar en ese proceso, la secretaria de Estado señaló que “cualquier decisión tiene que ser siempre conversada, no hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo porque son procesos que no pueden resolverse en 3 o 4 semanas, son procesos largos y por eso tiene que ser articulado en este caso con la próxima administración”.
“Pero hay que mirar en detalle esto, lo mencionaba anteriormente, tenemos hoy la posibilidad de saber cuántas de esas personas tiene hijos, trabajo, qué tipo de aporte están haciendo al país, cuántas personas no… esa información al menos ya la va a poder a dispsición la próxima administración, para que tomen decisión si avanzar completamente o parcialmente en una regularización, con ciertas prioridades o no, ya es un paso significativo desde el punto de vista de una política de Estado seria para ordenar la casa”, cerró la autoridad.
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