Según el ministro Ávila, el juicio político en su contra no cumple requisitos mínimos. En tanto, desde Junaeb detallaron que "todos los servicios se han entregado en base a licitación y contratos vigentes".
Este miércoles se vivió una nueva jornada de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro Marco Antonio Ávila, en la que la defensa del secretario de Estado presentó los descargos para que se desestime el juicio político impulsado por los diputados de opisición.
Según el texto ingresado para descartar la AC, esta no cumple con ser un mecanismo ultima ratio (última herramienta) y excepcional, sino que, por el contrario, “se utiliza como una herramienta para realizar una fiscalización de la administración de este Ministro de Estado”.
Además, según la defensa de Ávila, el texto acusatorio “comprende de manera errónea la causal de infracción a la Constitución o las leyes, ampliando u otorgándole un contenido que resulta conveniente para sus fines y que desnaturaliza la concurrencia de la acusación constitucional en nuestro ordenamiento jurídico”.
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En otro punto, según Ávila, no se le imputa hechos propios. “A lo largo del libelo acusatorio, se me imputan hechos que corresponden a actos o conductas atribuibles a terceros e incluso, hechos que escapan de la esfera de mis competencias”.
Por otro lado, la directora de la Junta Nacional de Escolaridad y Becas (Junaeb) Camila Rubio, negó que existan irregularidades y sobregastos en las licitaciones de programas de alimentación del servicio, uno de los argumentos que se utilizan para sustentar la acusación contra Marco Antonio Ávila.
“Tenemos la certeza de que no tenemos ningún servicio que esté fuera de los marcos de la licitación y que este fuera de los marcos de la normativa de ChileCompra y de la Ley de Compras. Todos los servicios se han entregado en base a licitación y contratos vigentes. Yo creo que lo que existe es una mala interpretación de los contratos. Es más, que nosotros le solicitamos a la Contraloría que nos pudiese hacer una auditoría para poder despejar la duda”, aseguró Camila Rubio.
Al respecto, el diputado Héctor Ulloa, integrante de la comisión revisora de la AC contra el ministro Ávila, destacó la respuesta entregada por la directora de Junaeb, asegurando que “de alguna manera también ha demostrado (Camila Rubio) que efectivamente no existen irregularidades. Es más, ni siquiera Contraloría, ni siquiera Tribunales de Justicia han emitido dictamen o informe alguno respecto a la materia. Por tanto, me parece que es un antecedente que sin lugar a duda tendrá peso dentro de la Comisión”.
En tanto que el diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, no quedó conforme con lo dicho por la responsable de la Junaeb, y aseguró que quedó “con más dudas después de la explicación”.
“Aquí hay recursos que se han entregado en forma directa sin haber sido licitados como corresponde, al menos un tremendo error por parte de Junaeb. Y yo entiendo que probablemente la persona que está ahí hoy día no tiene claro la forma como se licitan”.
