La arremetida de Boric contra querellante en Casa de Allende tras maniobra para "saltarse" a fiscalía

Jonatan Valenzuela Saldías, representante de Boric, ingresó el pasado sábado su escrito, en respuesta al requerimiento presentado a inicios de mes por la Fundación Fuerza Ciudadana —representada por los abogados Raimundo Palamara y Nubia Vivanco—. La organización busca que el TC declare inaplicables dos artículos del Código Procesal Penal, para poder presentar una acusación en el caso por su cuenta, saltándose al Ministerio Público.

Frente a ello, Valenzuela argumentó que el requerimiento carecía de “fundamento constitucional y legal”, por lo que pidió que fuera declarado inadmisible.

“El requerimiento no persigue sino reconducir una decisión administrativa del órgano constitucionalmente autónomo encargado de la persecución penal hacia un debate de carácter político”, lanzó Valenzuela.

Acusar a Boric

La indagatoria por fraude al fisco se inició luego de que el Ejecutivo firmara la compraventa de la casa del expresidente Allende y se conocieran las inhabilidades constitucionales para firmar contratos con el Estado que pesaban sobre dos de las herederas, la entonces ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende.

Sin embargo, tras 10 meses de investigación y una veintena de declaraciones, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, informó el pasado 20 de octubre que el Ministerio Público no perseveraría en la causa.

El requerimiento de inaplicabilidad pide que el TC declare inconstitucional la aplicación de dos artículos del Código Procesal Penal.

El primero de ellos (248 letra C) otorga al Ministerio Público la facultad de no perseverar en la investigación. El segundo (259 inciso final) impide que se proceda a acusar a imputados por hechos no formalizados.

Según declaró Raimundo Palamara a Bío Bío Investiga, si el TC falla a su favor podrán “interponer directamente una acusación contra Gabriel Boric”, sin necesidad de formalización.

“Conduciría a un sistema lleno de juicios desconectados”

En su respuesta, Valenzuela argumentó en primer lugar que los artículos citados no tienen una influencia decisiva en el asunto. “No existe un cierre definitivo del procedimiento penal, ni una afectación actual o inminente de garantía constitucional alguna”, recalcó.

Además aseguró que el querellante tampoco solicitó el forzamiento de la acusación ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En consecuencia, “no se configura la hipótesis procesal en la que las normas impugnadas podrían desplegar el efecto que se les atribuye”.

Por otro lado, aseguró que tras el requerimiento había simplemente un mecanismo para intentar “revertir decisiones desfavorables”.

“Aceptar una pretensión de esta naturaleza equivaldría a desnaturalizar por completo la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, transformándola en un instrumento para cuestionar cualquier resolución o norma que, según la sola conveniencia del requirente, pueda incidir negativamente en su posición procesal”, arguyó.

En el mismo sentido, esgrimió también que si los querellantes pudieran forzar las acusaciones, sin una formalización previa, “conduciría a un sistema procesal lleno de juicios desconectados de la actuación del Ministerio Público, vulnerando abiertamente el marco constitucional y legal”.

Más imputados se oponen a admisibilidad

Al igual que Valenzuela, los abogados del jefe de Políticas Públicas de Presidencia, Leonardo Moreno, y los representantes de Genaro Cuadros y Marcia Tambutti, tesorero y presidenta de la Fundación Allende, presentaron sendos escritos ante el TC, pidiendo que se declare inadmisible el recurso de inaplicabilidad.

Por otro lado, se hicieron parte los representantes de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval; del abogado Felipe Vio; y de Isabel Allende y Maya Fernández.

Sin embargo, estos últimos simplemente se limitaron a expresar al TC que fallara sobre la admisibilidad en derecho, tal como había hecho en su oportunidad el fiscal nacional.