No podemos olvidar nuestra historia reciente. Después de la revolución pingüina, de las protestas estudiantiles de 2011, del fin del sistema binominal en 2015, del estallido social de 2019 y del descontento general de la ciudadanía, ¿vamos a resumir todo en un cerrojo a la diversidad? ¿Vamos a cerrar la democracia para repartirse los recursos y los grupos parlamentarios entre unos pocos partidos grandes?
Hace unos días, varios medios informaron que el Gobierno estaría alistando un acuerdo con el Partido Republicano para impulsar la reforma al sistema político. Esa noticia nos provocó profunda preocupación porque lo que se presenta como un avance hacia la gobernabilidad, en realidad es un retroceso que amenaza con poner cerrojos a nuestra democracia.
El proyecto contempla aumentar los requisitos legales para constituir un partido político, elevando las firmas necesarias del 0,25% al 0,5% del padrón completo. Esto significa que, para conformar un partido, se necesitarían casi 26.000 firmas solo en la Región Metropolitana y más de 60.000 en todo el país.
En la práctica, se vuelve inviable que nuevas expresiones políticas puedan legalizarse. Lo que se está proponiendo es cerrar por dentro al Congreso, binominalizar nuevamente la política y reflotar uno de los nefastos legados de la dictadura.
Lo más preocupante es que este cerrojo no solo cuenta con el apoyo de la derecha y otros partidos del oficialismo, sino también de sectores del Frente Amplio, que paradójicamente surgieron de movimientos sociales, estudiantiles y ciudadanos que exigían abrir la política, democratizarla y terminar con los privilegios de unos pocos.
Hoy, esos mismos sectores parecen olvidar su origen y buscan cambiar las reglas para dificultar la entrada de nuevas fuerzas políticas. Es una contradicción dolorosa: quienes nacieron de la diversidad ahora quieren limitarla.
Incluso el propio presidente Gabriel Boric, cuando era dirigente estudiantil empujó con fuerza la agenda de fin al sistema binominal y de la exclusión, denunciando que ese mecanismo cerraba la política y dejaba fuera a nuevas voces.
Fue parte de una generación que levantó la bandera de abrir la democracia y ampliar la representación. Hoy, sin embargo, el gobierno que encabeza aparece dispuesto a retroceder en esa conquista, reinstalando barreras que contradicen su propio legado.
Si miramos a los países más democráticos del mundo como lo son Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Islandia, Suiza y Finlandia, el panorama es muy distinto: Para conformar un partido político en Noruega y Finlandia se requieren 5.000 firmas, en Nueva Zelanda apenas 500 miembros, en Islandia solo 300 firmas, y en Suecia basta registrar estatutos y nombre.
Además, todos estos países financian a sus partidos con fondos públicos proporcionales a votos y escaños, complementados con cuotas de afiliados y donaciones privadas reguladas. La fragmentación se maneja mediante coaliciones estables y reglas claras de proporcionalidad, lo que evita exclusiones como las que generaba el binominal en Chile.
En otras palabras, las democracias más avanzadas facilitan la diversidad política y garantizan que nuevas voces puedan entrar al debate. En Chile, en cambio, se pretende exigir más de 60.000 firmas para inscribir un partido, una barrera desproporcionada que nos aleja de los estándares internacionales.
No podemos olvidar nuestra historia reciente. Después de la revolución pingüina, de las protestas estudiantiles de 2011, del fin del sistema binominal en 2015, del estallido social de 2019 y del descontento general de la ciudadanía, ¿vamos a resumir todo en un cerrojo a la diversidad? ¿Vamos a cerrar la democracia para repartirse los recursos y los grupos parlamentarios entre unos pocos partidos grandes?
Eso sería un retroceso histórico porque la democracia no se fortalece excluyendo. La democracia se fortalece ampliando la participación, reconociendo la diversidad y permitiendo que nuevas voces tengan cabida en el debate político. Elevar las barreras de entrada a la política es un error histórico que solo profundizará la distancia entre ciudadanía e instituciones.
Por eso esperamos que en la Cámara de Diputados y Diputadas se modifique el proyecto. Que se escuche a quienes advertimos que esta reforma, tal como está planteada, no es un avance sino un retroceso. Chile necesita un sistema político que garantice gobernabilidad, sí, pero también pluralismo y representación.
Gobernabilidad sin democracia es autoritarismo disfrazado. La política no puede volver a ser un club cerrado. La democracia no puede ser un espacio reservado para unos pocos. Si queremos construir un país más justo y participativo, debemos abrir las puertas, no cerrarlas.
Diputada Ana María Gazmuri
Diputado Tomás Hirsch
Bancada Acción Humanista
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