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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El abogado Ariel Wolfenson Rivas, autodenominado "el mejor abogado de Chile", sufrió un revés judicial luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara su recurso contra Canal 13 y otros por un reportaje que lo afectó, según él. El tribunal desestimó sus reclamos de daño emocional, linchamiento mediático y afectación a su prestigio.

El abogado Ariel Wolfenson Rivas, conocido por presentarse públicamente como “el mejor abogado de Chile” y por su fuerte presencia en redes sociales, sufrió un duro revés judicial.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó su recurso de protección contra Canal 13, el Colegio de Abogados y otros involucrados, a raíz de un reportaje que —según alegó— lo afectó gravemente.

Tras la emisión de la pieza periodística, Wolfenson acudió al tribunal acusando daño emocional, afectación a su honra y un supuesto linchamiento mediático. La Corte, sin embargo, tuvo una lectura bastante menos dramática del conflicto y desestimó íntegramente sus reclamos.

“Se rechaza, con costas, la acción de protección”, concluye el fallo.

El recurso de Ariel Wolfenson y lo que respondió la Corte

Autos de lujo, viajes por el mundo y una frase repetida hasta el cansancio: “el mejor abogado de Chile”. Esa es la imagen que Ariel Wolfenson Rivas proyecta en redes sociales y plataformas digitales.

La que no aparece con el mismo brillo es otra: abogados que figuran en su sitio web pero no existen en el sistema judicial, reclamos éticos acumulados y una querella presentada por un cliente insatisfecho. De eso trató el reportaje de Teletrece que motivó la acción judicial del famoso abogado, en la que acusó principalmente daño emocional y psicológico, vulneración de su honra y prestigio profesional, y la existencia de un “linchamiento mediático”.

Pero al mirar los hechos, la justicia respondió con bastante menos épica.

Sobre el impacto emocional alegado, la Corte recordó que el reportaje se limitó a exponer hechos objetivos y situaciones habituales en el ejercicio profesional:

“Aunque puedan causar disgusto al recurrente abogado, por un lado, son ciertos y, por otra parte, son de frecuente ocurrencia entre letrados que litigan en tribunales”.

Wolfenson sostuvo en su recurso de protección que el reportaje lo presentó como un delincuente. El fallo descartó derechamente esa afirmación, precisando que “el medio de comunicación no ha decidido la responsabilidad penal y/o civil del recurrente, simplemente se ha limitado a señalar que en contra del abogado existe una querella y cuatro denuncias en el Colegio de Abogados”.

Respecto de la presunción de inocencia —otro de los ejes del reclamo—, la Corte fue explícita en señalar que esta no había sido vulnerada. “La presunción de inocencia como regla de trato respecto del recurrente abogado sigue incólume y solo decaerá (…) si es que en el futuro aquel resultara condenado mediante sentencia firme”, dice el documento.

El abogado sostuvo además que el reportaje dañó su prestigio profesional y afectó su clientela. El tribunal respondió que ese perjuicio no se presume ni se acredita con meras afirmaciones, y que no puede inferirse de antemano cuántas personas vieron la noticia ni “cuántas de ellas (…) declinaron o no de visitar las oficinas del letrado”.

En cuanto a la honra, la Corte recordó un principio básico: el solo hecho de ser querellado no equivale a una condena ni implica una afectación automática al honor.

Recurso rechazado con condena en costas

El fallo también subrayó que el reportaje abordó hechos de interés público, vinculados al ejercicio de una profesión regulada y a una figura con alta exposición mediática, que además se proyecta activamente en redes sociales con miles de seguidores.

Con esos argumentos, la Corte concluyó que la pieza emitida no fue ilegal ni arbitraria, que se basó en antecedentes verificables y que el recurso de protección no puede utilizarse como una vía para censurar investigaciones periodísticas.

El desenlace fue categórico: el recurso fue rechazado con condena en costas, obligando al abogado a asumir los gastos del proceso judicial.